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Ecuador: entre la cooperación con Estados Unidos y la baja aceptación social

El especialista Edgardo Glavinich analiza la cooperación entre Washington y Quito y el clima social respecto a la agenda de seguridad.

Estados Unidos anunció que intensificará su cooperación con Ecuador para intervenir en la ruta de Esmeraldas, una vía terrestre y marítima clave para el crimen organizado y sus economías ilícitas: narcotráfico, minería ilegal y contrabando. Sin embargo, la compleja agenda de seguridad que lleva a cabo Daniel Noboa parece no tener el respaldo de la sociedad tras dos años marcados por la violencia, estados de excepción y toques de queda.

Para entender la crisis que atraviesa Ecuador y el lugar que tiene Estados Unidos en ella, DEF contactó a Edgardo Glavinich, especialista en seguridad e inteligencia y director ejecutivo de la Fundación Sherman Kent.

Esmeraldas, el nuevo terreno de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador

-¿Por qué Esmeraldas amerita una cooperación tan estrecha entre Estados Unidos y Ecuador?

-Hay que pensarlo en dos pisos. En el piso local están las bandas ecuatorianas, que funcionan como brazos logísticos y de control territorial. La estructura matriz fue Los Choneros, nacida en Manabí; tras el asesinato de su líder histórico, alias Rasquiña, en 2020, esa organización se fragmentó y parió a Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chone Killers y otras. Esa fragmentación es, en buena medida, la que explica la explosión de violencia: cuando se rompe el monopolio, empieza la guerra por las rutas, los puertos y las minas.

En el piso transnacional están los que ponen el mercado y el financiamiento. Los Choneros operan como brazo logístico del Cártel de Sinaloa; Los Lobos crecieron con el respaldo del Cartel Jalisco Nueva Generación. Y por encima aparecen las mafias europeas, como la albanesa sobre todo, pero también la italiana, que actúan como socias financieras y de recepción en el otro extremo de la ruta. A Ecuador se lo describe, con razón, como “el país donde convergen las mafias”: redes mexicanas, balcánicas, italianas, chinas y rusas tejiendo negocios de lavado sobre el mismo territorio.

La disputa interna de Los Choneros se convirtió en una guerra entre facciones armadas que esparcieron la violencia y los homicidios por Ecuador.

¿Por qué eso amerita la cooperación con Washington? Por dos razones concretas. Primero, porque en septiembre de 2025 el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Los Choneros y a Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esa designación no es retórica: habilita herramientas financieras y judiciales para perseguir su dinero y a quienes los apoyan materialmente. Y segundo, porque el eslabón mexicano conecta directamente esta ruta con el mercado y con la agenda de seguridad estadounidense. Cuando Washington mira Esmeraldas, en realidad está mirando el abastecimiento de Sinaloa y del CJNG.

Los daños colaterales de la agenda seguridad de Ecuador

-¿Qué implica en concreto y qué costos trae aparejados?

Es la alianza de seguridad más profunda que Ecuador haya tenido con Estados Unidos en décadas, y se apoya en un marco legal negociado bajo Guillermo Lasso y ratificado por Noboa. Tiene componentes muy visibles. El más simbólico es el retorno militar a Manta: en diciembre de 2025 volvió personal de la Fuerza Aérea estadounidense a esa base, dieciséis años después de que Rafael Correa cerrara la presencia en 2009. Manta es el punto continental más cercano a Galápagos y a las rutas del Pacífico, así que no es un gesto, es geografía operativa.

A eso se suman las patrullas navales conjuntas frente a Esmeraldas, con mando compartido y apoyo aéreo, y la ofensiva del Comando Sur contra “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico oriental, la operación Lanza del Sur. Desde septiembre de 2025 esa campaña reporta más de 200 muertos y al menos 45 embarcaciones atacadas. Es interdicción letal, no interdicción policial clásica.

La ruta de Esmeraldas se enmarca dentro de la campaña marítima que lleva a cabo Estados Unidos en el Caribe contra las organizaciones criminales transnacionales.

Y ahí aparece el costo. El 21 de julio de 2026, Human Rights Watch publicó un informe, Una alianza peligrosa, que documenta torturas, detenciones arbitrarias y ataques armados no esclarecidos contra civiles, incluidos bombardeos en San Martín, en Sucumbíos, entre el 1 y el 6 de marzo, y ataques a tres lanchas artesanales de Manta, Jaramijó y San Mateo cerca de Galápagos. Hay un efecto perverso ya documentado: como la presión encareció el traslado, las mafias elevaron el pago a los pescadores para que muevan la droga. El riesgo se trasladó a las comunidades costeras más pobres, que son las que ponen los muertos.

Hay además una señal política fina que conviene no pasar por alto: la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos, centrada en el fentanilo y la cocaína, ni siquiera menciona a Ecuador. Es decir, en el terreno la cooperación es intensísima, pero en la doctrina escrita Ecuador no figura. Eso habla de un vínculo más operativo que estratégico, y por lo tanto más dependiente de la coyuntura y de las personas que de una política de Estado consolidada.

-Una paradoja política evidente ahí, porque en el referéndum los ecuatorianos rechazaron las bases extranjeras.

-Es una de las tensiones más interesantes de todo el cuadro. En noviembre de 2025, Noboa llevó a consulta popular cuatro preguntas, entre ellas la habilitación de bases militares extranjeras, y el “No” se impuso en las cuatro. El electorado rechazó explícitamente las bases. 

Sin embargo, los militares estadounidenses volvieron a Manta amparados en acuerdos previos, sin necesidad de esa reforma. Se puede sostener que el Gobierno logró el resultado por otra vía legal, pero políticamente queda una incomodidad de fondo: la política de seguridad más audaz del mandato avanza sobre un terreno que la ciudadanía, cuando se le preguntó de manera directa, no convalidó.

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