Lo que hasta hace poco parecía una táctica reservada a los grandes cárteles internacionales o a los escenarios de Ucrania, hoy es un desafío directo para las instituciones locales. Un reciente análisis del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) advierte cómo los drones comerciales se han transformado en un recurso táctico clave para las bandas criminales en Uruguay y América Latina.
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Drones y crimen organizado: El análisis de CERES
La proliferación de Aeronaves No Tripuladas (VANT/drones) de bajo costo y fácil manejo cambió las reglas de juego en materia de seguridad pública, permitiendo al crimen organizado sortear barreras físicas y desafiar el monitoreo del Estado.
El estudio de CERES contextualiza esta problemática como parte de una tendencia global. Tácticas observadas en conflictos armados internacionales, como la guerra en Ucrania, se replicaron rápidamente en el crimen organizado de América Latina.
A nivel regional e internacional, la adopción de esta tecnología pudo observarse en el ingreso de insumos a penitenciarías, para la inteligencia y vigilancia estratégica sobre las fuerzas policiales e incluso sobre bandas rivales.
La institución uruguaya ubica a México y Brasil como casos extremos e identifica la modificación de drones comerciales para portar cargas explosivas rudimentarias en acciones de sabotaje por parte de organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sólo en el estado brasileño de Río Grande do Sul, según la Secretaría de Sistemas Penal e Socioeducativo, las autoridades evitaron el ingreso de 2.893 teléfonos celulares, 426 kilos de estupefacientes y 184 armas blancas.
Esta dinámica fue advertida por el secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien alertó que los cárteles mexicanos ya están incorporando drones a sus operaciones y que podrían amenazar los intereses de Estados Unidos.
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La amenaza silenciosa de los drones en Uruguay
En el ámbito nacional, la amenaza ha dejado de ser hipotética. Según detalla el Monitor de Seguridad de CERES, los episodios detectados en el país confirman un salto cualitativo en la logística de las bandas locales.
En los últimos años se registraron sobrevuelos no autorizados sobre recintos penitenciarios clave de Uruguay, como la Unidad 25 y Punta de Rieles, con el fin de introducir celulares y otros elementos ilegales a los reclusos.
Además del tráfico de objetos hacia las cárceles, las fuerzas de seguridad incautaron dispositivos utilizados por grupos delictivos para monitorear operativos policiales antidrogas.
El informe sugiere que la sofisticación operativa de estas bandas representa una seria alerta para las labores de la fiscalía y los organismos de inteligencia.
En Uruguay, la aviación no tripulada se encuentra regulada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA). Sin embargo, la brecha entre los precios accesibles de los equipos comerciales, desde 1000 dólares, y la falta de tecnologías de inhibición representa un vacío operativo significativo para la vigilancia estatal.
En diálogo con Radio Carve, el autor del informe Héctor Rodríguez, recordó el atentado contra Mónica Ferreiro, fiscal general de Uruguay, y sembró dudas sobre si la inteligencia previa al hecho fue realizada con un dron.
El análisis de CERES deja una advertencia clara: el espacio aéreo ya no es un dominio exclusivo del Estado. Ante esta nueva dinámica, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en las cárceles, la adquisición de equipamiento de detección y neutralización de drones, y la actualización de los protocolos de inteligencia criminal se vuelven tareas urgentes para la seguridad nacional en Uruguay.
