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Por Patricia Fernández Mainardi
Terrorismo ambiental: la minería presiona al gobierno boliviano por las áreas protegidas
La minería ilegal provocó incendios en parques nacionales para presionar al gobierno de Luis Arce en busca de licencias para extraer oro.
Por Nataniel Peirano
El extractivismo está generando conflictos en todo el mundo y recientemente este problema se acrecentó en Latinoamérica. Las cooperativas mineras en Bolivia buscan expandir las áreas de operación y para esto apuntan a varias áreas protegidas. Con protestas en La Paz, incendios y presiones, lograron que las autoridades autoricen las explotaciones de oro.
La flora, la fauna y las poblaciones que viven en estos parques son los principales afectados por esta decisión que vulnera el medio ambiente y tiene como único motivo el beneficio económico.
El oro, la principal fuente de ingresos para Bolivia
El gobierno de Luis Arce cedió ante las protestas de más de 80.000 trabajadores de la minería en la capital, y los incendios provocados en los parques nacionales Madidi y Noel Kempff. No solo autorizó las licencias para extraer oro en áreas protegidas, sino que sentó un alarmante precedente para el poder minero.
La minería es la principal actividad exportadora del país: solo el oro representó 1.791 millones de dólares en exportaciones de enero a agosto del 2023. En contraste con otras actividades, Bolivia exportó gas valuado en 1.421 millones en el mismo período.
La problemática radica en que la actividad minera ya explotó el 94% de los recursos ubicados en los yacimientos de oro habilitados por el gobierno nacional. Desde 2006 a 2022, se obtuvieron beneficios por 16.284 millones de dólares y solo el 2% total llegó a manos del Estado.
Para seguir funcionando, la minería tenía que buscar otras ubicaciones. En este sentido, las áreas protegidas, que hasta ahora eran intocables, son una gran posibilidad de explotación. Sin este ingreso, tanto la industria como la estructura gubernamental se podrían ver afectadas.
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De mercurio a cianuro, el peligro de la contaminación extractivista
Más allá del expansionismo, la contaminación y el daño ambiental están en la agenda. El uso de mercurio afectó notablemente los ríos de la Amazonía boliviana y el Poder Judicial, ante reclamos y estudios de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), terminó prohibiendo la actividad en los ríos Madre de Dios, Beni y sus afluentes.
El estudio de CPILAP tomó muestras del cabello en 36 comunidades de los pueblos indígenas, y concluyó, que en el 74,5% de las personas analizadas, los niveles de mercurio superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El gobierno decretó la regulación del mercurio, pero algunas cooperativas no tardaron en optar por el cianuro. Hay preocupación de que la difícil manipulación de este químico termine afectando a quienes lo manipulan, se filtre en el suelo y termine afectando incluso a los animales.
Históricamente, las grandes mineras reportaron problemas con el cianuro y las 1.700 cooperativas de menor tamaño y recursos que operan en Bolivia no son una excepción.
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La minería en Bolivia, similar a lo que sucede en Latinoamérica
Lamentablemente, Bolivia no es un caso aislado en Latinoamérica y comparte similitudes con las operaciones mineras en otros países. Argentina, Colombia y Panamá, por diversas cuestiones, enfrentaron como Bolivia los procesos mineros que muchas veces traen beneficios económicos a cambio de perjuicios ambientales y sanitarios.
Argentina tuvo el icónico caso del pueblo Famatina, que enfrentó con éxito a cuatro empresas mineras en La Rioja en defensa del acceso al agua potable, mientras que las provincias de Mendoza y Chubut pudieron frenar el uso de químicos, altamente contaminantes, y la ampliación de la industria con zonificaciones a gran escala.
Colombia no pudo evitar los graves daños causados por la irresponsabilidad que caracteriza a la minería ilegal y perdió, solo en Antioquia, cerca de 500.000 hectáreas de bosques en los últimos 20 años con reportes de alta deforestación. La zona del Bajo Cauca se ve amenazada por la depredación de la minería ilegal, con dragas artesanales y equipamiento importado de Brasil y la comercialización de madera producto de la tala indiscriminada de árboles.
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En octubre de este año, Panamá está atravesando un largo proceso social de oposición a la extracción en el yacimiento de cobre más importante de Centroamérica, ubicado en la provincia de Colón. El contrato que nuevamente se quiso aprobar tiene denuncias desde 2009 de impacto ambiental, apropiación del agua y el territorio, y recién en 2017 se logró la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Las distintas empresas que operaron en Colón están emparentadas por apropiarse del acceso al agua y del espacio aéreo y terrestre.
La minería sin restricciones trae grandes perjuicios al medioambiente, como se pudo ver con el daño irreversible que sufrió Colombia con la tala indiscriminada de árboles o en Argentina y Panamá con procesos a espaldas de los habitantes que viven cerca de los yacimientos, incluso con apropiación de tierras y de las fuentes de agua.
Bolivia, con la entrega de áreas protegidas y la determinación política de no controlar la minería ilegal, delega la soberanía de sus tierras a cambio de beneficios económicos y consecuencias directas en la salud de sus habitantes.
Radares, INVAP y Fuerza Aérea: ¿cómo se vigila y controla el espacio aéreo argentino?
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Orgullo y reconocimiento: así fue la entrega de estatuillas a Veteranos de Malvinas a 41 años de la guerra
El jueves 30 de noviembre se llevó a cabo la entrega de estatuillas a Veteranos de la Guerra de Malvinas para rendir homenaje a la Gesta del Atlántico Sur en su 41° aniversario. La ceremonia se llevó a cabo en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en pleno barrio porteño de Palermo.
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En esta ocasión, fueron 20 los veteranos que recibieron una estatuilla de reconocimiento. El acto fue presidido por la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, en donde se inculcan y difunden los legítimos derechos de la Nación argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. De hecho, la palabra fue tomada por Ernesto Fernández Maguer, Presidente de la Comisión.
Además, fueron reconocidos con un diploma distintos canales de difusión que cumplen la misma misión que la Comisión: defender y rememorar a las islas y los veteranos. Entre los mismos, había institutos, bandas, cintas cinematográficas y más.
Especial reconocimiento de los caídos en Malvinas
Después fueron distinguidos con las estatuillas Veteranos y Héroes de la Guerra, caídos en cumplimiento del deber. Uno de los reconocidos fue el suboficial primero Félix Artuso, quien fue maquinista e integrante del submarino ARA “Santa Fe”. Su final fue trágico pero valeroso: el buque debió rendirse en las Islas Georgias y, por cuestiones de seguridad, debía ser movido.
Para el comandante del submarino, Horacio Bicain, esta era la oportunidad de hundir el buque y evitar que caiga en manos británicas. Sin embargo, en medio de la maniobra, se produjo un confuso episodio en el que el suboficial de la Armada terminó muerto, prácticamente asesinado por las tropas inglesas. El “Santa Fe” pudo ser hundido y Artuso fue enterrado en Grytviken. El año pasado, y tras un importante esfuerzo, sus hijos pudieron visitar su tumba por primera vez.
Por otro lado, también se condecoró al sargento retirado Ángel Andrés Huenchul, quién formó parte del Escuadrón Alacrán de la Gendarmería. Fue trasladado a Malvinas en un avión Hércules C-130 y participó de misiones junto a las compañías de Comandos 601 y 602, del Ejército Argentino. En el acto, mencionó que es de los pocos representantes de la comunidad mapuche.
La Veterana de Guerra Mariana Florinda Soneira también recibió la estatuilla “Malvinas Argentinas”. A ella la noticia del conflicto la sorprendió mientras realizaba sus prácticas de estudio en el buque ARA “Bahía San Blas”. Cuando la nave debió participar de la Guerra, ella, con tan solo 19 años, se ofreció a permanecer en él como radio operadora naval de la Marina Mercante. Permaneció a bordo del “San Blas” durante todo el conflicto.
Otro de los reconocidos fue el capitán de navío retirado Alejandro Francisco, quien, como piloto de Super Étendard de la Armada Argentina, protagonizó -junto a otros oficiales- el ataque al portaaviones británico HMS “Invincible”. A 41 años de la Guerra de Malvinas, los resultados de aquella memorable operación siguen sin ser reconocidos por los ingleses.
Listado de excombatientes que recibieron su estatuilla
- Félix Óscar Artuso (PM)
- Walter Becerra (PM)
- Ovidio Néstor Bertorello
- Francisco José Calatayud
- Ignacio Antonio Cepeda
- Alejandro Francisco
- Ángel Andrés Huenchul
- Carlos Napoleón Martínez
- Alejandro Nishimoto
- Pablo Oliva
- Fernando Teófilo Orieta
- Jorge Santiago Ortiz
- Segundo Ernesto Palacios
- José Parada
- Avelino Félix Rial
- Sergio Daniel Rodríguez
- Emilio José Samyn Duco
- Mariana Florinda Soneira
- Carlos Francisco Tamini
- Carlos Raúl Vallejos
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El abogado y Director del Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, Juan Félix Marteau, analiza el complejo escenario de la guerra en Medio Oriente y señala posibles acciones a impulsar por Argentina en pos de contrarrestar el poderío de Hamás.
Por Juan Félix Marteau
El ataque perpetrado por Hamás supone una premeditada desestabilización de la paz y la seguridad internacional, materializada en el asesinato, el secuestro y la vejación de muchos cientos de personas, la mayoría de ellos civiles. En ella ha sido gravitante la implicación de otros actores estatales y no estatales y su red de financiación orientada a la planificación, ejecución y sostenibilidad de la violencia radical contra los judíos.
Aunque resta mucho trabajo por hacer para comprender la extensión y complejidad que supone el soporte económico a esta particular expresión del extremismo islamista sunnita, existen evidencias serias que el involucramiento de Irán y de los Emiratos Árabes –a través del uso de una multiplicidad de empresas pantallas, entidades financieras y operadores de criptoactivos– ha sido tan significativa que nuevamente se hace necesario volver a prestar atención a la política global de combate a las finanzas del terrorismo.
En este complejo escenario, la República Argentina está en condiciones de contribuir con el Estado de Israel de un modo realista y efectivo. El Gobierno debe proceder a designar a Hamás como organización terrorista y hacer recaer sanciones financieras selectivas sobre sus colaboradores, entre ellas, el congelamiento de sus activos y la prohibición de mantener relaciones comerciales o de cualquier otro tipo que puedan implicar un beneficio económico para los actores designados.
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Un enlistamiento de este tipo es una decisión política que encuentra su fundamento en el propio interés nacional del Estado argentino. El Gobierno, obligado a desprenderse de sus lastres ideológicos, debe comprometerse en alianzas con aquellos países con los que ha forjado una inequívoca mancomunión cultural, económica y política. Con el Estado de Israel compartimos el respeto a la tradición judeo-cristiana, que justamente el radicalismo islamista de Hamás quiere exterminar. Además desarrollamos un muy importante flujo de proyectos de inversión e innovación tecnológica que nos hermanan en esta globalización que el terrorismo aprovecha. Por último, apostamos al desarrollo de un orden institucional que presupone que las voluntades libres y el reconocimiento recíproco de la diferencia entre ellas solo se logra en un marco social y global pacífico y seguro, nunca en el caos de la violencia.
El interés nacional es importante, además, para que la condena al terrorismo, que puedan emitir los voceros de la Cancillería no sea un acompañamiento formal signado por la lógica del humanismo desubtancializado y políticamente correcto. Que la Argentina designe a Hamás como organización terrorista puede activar alarmas regionales no solo en el sistema financiero formal respecto al movimiento de fondos hacia el terrorismo, sino también en cada una de los organismos públicos y entidades privadas en donde haya controles de movimientos de bienes e individuos que permitan detectar su compromiso con el jihadismo islamista.
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Es con estos lineamientos que el Poder Ejecutivo debe interpretar el mandato que emana de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373 (2001) y sus sucesoras para, finalmente, tomar una determinación inequívoca sobre estos pregoneros de la destrucción de todo aquello que no se les parece. Así lo demanda el interés nacional.