Cuál es el papel de la Unión Europea en la guerra contra los grupos terroristas en Medio Oriente, a 20 años del mayor atentado perpetrado en el Viejo Continente.
La Armada Argentina controló a una flota pesquera china en la zona económica exclusiva
“Un Beechcraft B-200 de la Armada Argentina realizó un vuelo de control de la flota pesquera china, que solicitó el ingreso a la zona económica exclusiva para resguardarse de un temporal”, comunicó el Ministerio de Defensa.
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La misión tuvo lugar tras un fuerte temporal, con olas de 7 metros y vientos de más de 100 km/h. En consecuencia, China pidió autorización para que sus buques pesqueros, que se encontraban en el área adyacente, ingresaran dentro del límite establecido por la milla 200.
Buques chinos en el Mar Argentino
Según informó la cartera de Defensa, ante la consecuente solicitud de la autoridad marítima nacional SAR, la Armada Argentina otorgó el permiso para el ingreso y permanencia en un sector delimitado al lateral del Golfo San Jorge, alejado de los caladeros de pesca.
El vuelo del Beechcraft B-200, aeronave de exploración de la Escuadrilla de Vigilancia Marítima -dependiente del Comando Conjunto Marítimo– tuvo por objetivo constatar que los 260 buques pesqueros chinos hubieran abandonado el área asignada por esta Fuerza y se encontraran fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE).
De acuerdo al Ministerio, este vuelo se suma a otras medidas adoptadas desde el 1 de marzo por el Comando Conjunto Marítimo con el objetivo de monitorear y constatar que los buques no efectúen actividades de pesca durante el resguardo.
En ese sentido, explicaron, la verificación de velocidad de los pesqueros y el análisis del patrón de navegación y la posición AIS (sistema automático de identificación), sumados a las imágenes satelitales de la CONAE, fueron algunas de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las normas nacionales vigentes y el cuidado de los recursos marítimos.
Vigilancia marítima: una operación permanente
Las aeronaves navales cuentan, asimismo, con un sistema automático incorporado que posibilita la identificación de los buques. Esa información es vital para las centrales de operación y las unidades de superficie desplegadas en nuestro litoral marítimo.
“La Armada Argentina forma parte del Sistema Integrado de Control de Actividades Pesqueras (SICAP), en el marco del Plan de Acción Nacional, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada, no Reglamentada (INDNR), dictado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación”, detallaron.
Cabe señalar que, finalizada la exploración, no se encontraron buques extranjeros realizando tareas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva.
La pesca ilegal que amenaza la soberanía argentina en Malvinas
La presencia de los buques chinos se suma a la llegada de la flota española a las aguas que circundan a las Islas Malvinas, con licencias de pesca ilegales otorgadas por el gobierno isleño, una situación recurrente de hace más de tres décadas.
En ese sentido, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una de las mayores amenazas a la sustentabilidad global de los océanos. La actividad consiste en la operación de grandes buques factorías subsidiados por sus Estados de bandera, que depredan los mares sin control alguno.
Pesca ilegal: pérdidas de hasta 3.500 millones de dólares para Argentina
La plataforma continental argentina es una de las más amplias del mundo y su alta productividad hace de esta región marina un refugio de relevancia global para diferentes especies. El impacto de estas actividades es millonario. Se estima que Argentina sufre anualmente pérdidas por hasta 3500 millones de dólares.
Según reportes oficiales, aproximadamente el 60% de los buques industriales y semiindustriales involucrados en la pesca en el Atlántico Sur son de origen asiático, principalmente de China.
De hecho, la ONG Oceana detectó que, entre 2018 y 2021, el 66% de los barcos de bandera china que estaban operando fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina apagaron sus sistemas de ubicación y estuvieron más de 600.000 horas sin poder ser localizados.
Mientras tanto, en aguas de Malvinas, la presencia de la flota española es todo un problema. Lo hace desde el puerto de Vigo, año a año, para la zafra del calamar. Para eso, utiliza licencias otorgadas por el gobierno isleño, a espaldas de la Argentina, que son por 25 años. Las actuales se extienden hasta 2047.
Buques extranjeros y la complicidad del puerto de Montevideo
A esto se suma la actitud sospechosa del puerto de Montevideo, que concentra aproximadamente 1.500 descargas anuales de los buques que operan en el Atlántico Sur. Allí también se reabastecen los barcos procedentes de Malvinas.
Según la organización no gubernamental Océanos Sanos, el puerto de Montevideo es el segundo mayor del mundo en recepción de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Además, la zona del Atlántico sudoccidental, que comparten Argentina, Uruguay y Brasil, es una de las pocas áreas de aguas internacionales donde no existe un organismo regional de ordenación pesquera (OROP). Un dato: no se puede conformar un organismo de este tipo debido a la presencia de la administración isleña de Malvinas, una autoridad ilegítima para Argentina y otros países de la región.
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Mientras tanto, los recursos pesqueros del Atlántico Sur siguen siendo depredados por flotas extranjeras. Y el mar Argentino sufre la doble consecuencia de estas actividades y de la presencia ilegal de barcos pesqueros en aguas de Malvinas.
Oscars 2024: los conflictos internacionales dicen presente en la Academia a través de documentales
En vísperas de la premiación anual que celebra al séptimo arte, repasamos las cuestiones geopolíticas plasmadas en el cine.
Una alianza criminal tomó las calles de Haití y entró en guerra con el gobierno de Ariel Henry
Al igual que en Ecuador en el mes de enero, el gobierno haitiano declaró el estado de excepción en respuesta al conflicto interno mientras el Primer Ministro estaba fuera del país.
Una nueva ola de violencia se desata en Haití con los enfrentamientos entre las fuerzas de Seguridad y las bandas criminales más importantes del país, que protagonizaron ataques a comisarías, prisiones y aeropuertos. Mientras, el primer ministro Ariel Henry no puede regresar de su gira internacional por las amenazas de “genocidio” del grupo G9 an Fanmi e Alye.
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En DEF repasamos cómo se produjeron los hechos de violencia en Haití y cuál es la situación del mandatario.
La crisis de violencia en Haití, ¿es política?
De la noche a la mañana, la violencia desbordó las calles de Haití. Todo comenzó el 2 de marzo cuando bandas criminales tomaron la principal cárcel de Puerto Príncipe y otra en la comuna vecina de Croix des Bouquets, colaborando en la fuga masiva de más de 4.700 presos.
🇭🇹 Haïti s’effondre. Bilan des dernières 24h:
— LesNews (@LesNews) March 9, 2024
• Le ministère de l'Intérieur en feu
• Attaques contre l'aéroport international
• Des fusillades devant le palais présidentiel
• Tentatives d'infractions au ministère de l'Éducation et à la Cour suprême
L’heure d’une mission… pic.twitter.com/1REL8ShWxu
Para facilitar el ataque a los dos complejos penitenciarios, se orquestaron enfrentamientos en comisarías para desconcertar a la policía nacional. Las fuerzas sufrieron numerosas bajas entre los 9.000 efectivos que buscan llevar seguridad a un país de 11,5 millones de habitantes.
Después de un fin de semana caótico, el gobierno declaró el estado de emergencia y un toque de queda de tres días en el departamento Oeste. Sin embargo, las medidas y las mayores atribuciones a las fuerzas de Seguridad no evitaron que las pandillas armadas refuercen el control de la capital.
El lunes 4 de marzo, la amenaza llegó a tal nivel que el aeropuerto internacional Toussaint Louverture tuvo que cancelar todos los vuelos y cesar su actividad, al igual que muchos comercios y bancos del departamento.
El caos en torno a la capital tiene una consigna más allá de la actividad criminal. Los propios pandilleros reclaman la renuncia del primer ministro Ariel Henry y el pronto llamado a elecciones para elegir autoridades.
¿Quienes lideran los ataques en Puerto Príncipe?
Jimmy Cherizier, también conocido como “Barbecue”, fue el encargado de ser la voz de los criminales. El ex policía y cabeza de G9 an Fanmi e Alye, una alianza formada por los nueve grupos armados más importantes, envió una dura advertencia el martes diciendo que si Ariel Henry permanece en el poder “el país sufrirá un genocidio”.
“Cuando Henry dimita, comenzaremos la lucha contra el sistema vigente, para tener el país que queremos. Un Haití con empleo para todos, un Haití con seguridad, un Haití con educación gratuita, un Haití sin discriminación social, donde todas las personas puedan alcanzar la posición que desean”, añadió Cherizier.
Las intenciones se evidenciaron cuando pandilleros del G9 esperaban que los 17 exmilitares colombianos condenados por el asesinato del presidente presidente Jovenel Moïse huyeran de la cárcel para asesinarlos.
La muerte de Moïse en 2021 fue uno de los hechos más trascendentales de los últimos años en Haití, el comienzo de la fragilidad política y los cuestionamientos al sistema democrático.
En 2021, Ariel Henry asumió como primer ministro elegido por Jovenel Moïse, con numerosos inconvenientes políticos, económicos y sociales.
La situación de Ariel Henry, entre regresar al país y dimitir
La actualidad de Haití tiene mucho que ver con el mandato de Henry, que se torció desde el inicio: asumió tras un magnicidio en medio una difícil transición de poder, lidió con las consecuencias de un terremoto devastador a un mes de su asunción, de la pandemia del Covid-19 y de una epidemia de cólera.
El primer ministro, sin aprobación parlamentaria ni de la ciudadanía, lleva tres años en el cargo sin llamar a elecciones. Incluso fracasaron los intentos de impulsar un cambio político a través del Acuerdo de Montana.
Este acuerdo fue impulsado por una coalición de empresarios, sindicalistas, líderes cívicos, iglesias y representantes de distintos grupos étnicos no buscaba una elección en lo inmediato, sino conformar un “gobierno de salvación nacional” que integre todas las miradas de los haitianos, lejos del ala político.
Se llegó a nombrar un presidente interino de forma unilateral, pero fue rechazado por Ariel Henry, desestimando la idea de un gobierno de transición.
Durante los últimos tres años, Henry gobernó en solitario y buscó apoyos en el extranjero para garantizar la seguridad interna y disminuir el crimen. Se estima que los pandilleros lograron controlar el 80% de la capital en los últimos años.
En medio de una de las tantas giras internacionales del primer ministro fue que se desató la ola de violencia que ahora tiene a Haití inmersa en el caos e incertidumbre. Hoy el mandatario es el titular de Economía Patrick Michel Boivert, pero se espera que Ariel Henry retorne al país de su misión en Guyana y Kenia.
El objetivo de su visita a Kenia fue conformar una fuerza policial multinacional que le permita recuperar Puerto Príncipe de las bandas criminales. Una de las posibilidades que se barajó fue llevar a Haití a un grupo de las Naciones Unidas compuesto por 1.000 policías kenianos, aunque todavía el organismo internacional no lo aprobó.
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El regreso de Ariel Henry puede desatar una guerra civil mientras la alianza pandillera G9 an Fanmi e Alye amenaza con un “genocidio” que provoque la salida del primer ministro.
Tras quedarse varado en Puerto Rico, el respaldo del FBI para su seguridad y la mediación de la Comunidad del Caribe, es una incógnita si el actual mandatario buscará viajar a Haití o dimitirá desde el extranjero.
Dengue: ¿quiénes se deben aplicar la vacuna y cuáles son las recomendaciones de los especialistas?
En plena epidemia y con récord de casos, Argentina evalúa la incorporación de “Qdenga” al Calendario Nacional de Vacunación. En diálogo con DEF, expertos responden todo sobre esta vacuna.
Luis Petri detalló cómo será su abordaje en Defensa y criticó la gestión anterior
En el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el Ministro de Defensa se refirió, entre otros temas, al rol de las Fuerzas Armada ante agresiones externas no estatales y a la necesidad de reequiparlas. Las claves del discurso.
“Seguiremos una política de defensa autónoma, cooperativa, y disuasiva. Solamente, que esta vez, lo vamos a hacer en serio y en consonancia con los desafíos internacionales vigentes”, dijo este viernes el Ministro de Defensa, Luis Petri durante la apertura del ciclo académico 2024 del Consejo Argentino para las Relaciones Institucionales (CARI).
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En esta oportunidad, el titular de la cartera, no sólo subrayó que se encuentra abocado a que Hamás sea reconocido como grupo terrorista, sino que también se refirió –sin evitar críticas a la gestión anterior– al rol de las Fuerzas Armadas en la estrategia de Defensa nacional, al FONDEF y a la participación de las FF.AA. ante agresiones externas no estatales.
Asimismo, se refirió a la actual confección de la nueva Directiva Política de Defensa Nacional, que contendrá varios de los lineamientos mencionados.
Los militares argentinos, ¿están preparados para los desafíos del siglo XXI?
En su discurso, Petri remarcó la templanza de los uniformados a la hora de cumplir con la misión de protectores de la paz y de la defensa de la soberanía. Rol que, para él, cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que el mundo actual se encuentra afectado por dos guerras en curso.
“Estamos obligados a repensar nuestra soberanía. Teniendo presente que el impasse estratégico optimista se ha terminado. Hay múltiples formas de definir los conflictos que enfrentamos: convencionales, híbridos, asimétricos o de cuarta generación. Pero claramente no vengo a este foro a conceptualizarlos, pero sí es importante hablar de sus consecuencias y, fundamentalmente, cómo nos preparamos para enfrentarlos”, sostuvo.
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En ese sentido, el Ministro mencionó que existen indicadores del presente siglo, como los vehículos no tripulados que forman parte del escenario aéreo, naval y terrestre. “Es una época de transformación”, dijo al respecto a la incorporación de tecnología en el combate, un factor que obliga a nuestros líderes a pensar en sus implicancias.
Ante este contexto, señaló: “Desafío no menor si pensamos en un contexto de recursos limitados, donde no solo debemos estar listos para los desafíos actuales y poder dar respuestas rápidas, sino también pensar en escenarios futuros de conflictos regionales”.
Críticas a la gestión anterior de Defensa
En palabras del Ministro, la gestión anterior de la cartera descuidó a la Defensa nacional. En ese sentido, advirtió que las Fuerzas Armadas “preparadas y equipadas” son la cerradura del país y que, si funcionan, disuaden. Y, si se disuaden, el costo para penetrar el territorio es cada vez mayor.
“Una buena cerradura se construye con el tiempo; tiempo que fue dilapidado por la anterior gestión”, remarcó al referirse a la colocación de recursos financieros en lugares estratégicos. Además, advirtió la existencia de un sentido de urgencia en torno a robustecer el sistema de Defensa.
Lineamientos para la Defensa
Asimismo, Luis Petri contó que se está trabajando para evitar que el territorio se vea comprometido por una agresión, ya sea externa estatal o de un agente externo no estatal, como lo son las amenazas terroristas que “requieren del accionar complementario de las Fuerzas Armadas”.
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“No vamos a permitir que por razones ideológicas se desnaturalice el espíritu de la Ley de Defensa Nacional”, manifestó, al tiempo que subrayó que son nuestros intereses de seguridad internacional los que nos vinculan con el mundo occidental.
¿Qué dijo Petri sobre el futuro del FONDEF?
“Hemos recibido un sistema de Defensa nacional que, sin eufemismos, podemos calificar como degradado, luego de décadas de desinversión. A ello se suma el desprecio y la humillación que ha sufrido el personal de las FF.AA. a causa de una visión sesgada de la historia vigente. Esto ha colocado a nuestro país en una situación de vulnerabilidad en un mundo convulsionado e inestable”, sostuvo el Ministro.
En ese contexto, ¿qué pasará con el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF)? Si bien Petri señaló la relevancia de la iniciativa del Parlamento, dijo que no logró revertir la falta de equipamiento y el reemplazo del material obsoleto.
“Sus recursos se usaron para cumplir, fundamentalmente, con los rojos de las empresas de la Defensa, suplantar los magros presupuestos, la compra de efectos menores, y el aporte a proyectos que no avanzaron de acuerdo al capital invertido”, remarcó.
En ese sentido, sostuvo que se está trabajando para poder invertir los fondos previstos en equipamiento, “que hoy es una máxima necesidad”. Además, Petri fue contundente: “Se hizo poco y nada por la Defensa, y mucho por el populismo y el sostenimiento de la casta política”.
Presupuesto y equipamiento militar
“Es una prioridad de mi gestión ir avanzando en el incremento del presupuesto de Defensa en la medida que el país así lo permita”, dijo Petri, al tiempo que contó que buscan poder tener, en el menor tiempo posible, el equipamiento militar que permita a las Fuerzas Armadas entrar en el siglo XXI. “Vamos a necesitar de la cooperación y financiamiento internacional”, concluyó al respecto.
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En ese sentido, contó que se está avanzando en materia de recuperación de capacidades, sobre todo con países que integran la columna vertebral en materia de equipamiento de nuestras Fuerzas. Durante sus palabras, mencionó a Estados como EE.UU., Alemania, Francia, Israel, Italia, Canadá y el consorcio de países europeos.
8M: cuatro mujeres que dejaron su huella en la ciencia, el espacio exterior y la guerra de Malvinas
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Ecuador: la tormenta perfecta que combina una grave crisis social y el auge del crimen organizado
El crecimiento del narcotráfico, la fragmentación de las organizaciones criminales y el reclutamiento de sicarios entre jóvenes de los sectores más desfavorecidos conforman un combo explosivo ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron la actual crisis y cómo reaccionó el gobierno?
El pasado 9 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, movilizó a las Fuerzas Armadas para hacer frente a lo que definió como un “conflicto armado interno”. La situación actual es consecuencia de años de desinversión del Estado, graves problemas sociales y deterioro de la seguridad por la penetración de organizaciones criminales internacionales y el fenómeno del sicariato.
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Una crisis multidimensional
En diálogo con DEF, el investigador de FLACSO Ecuador, Julio Paltán, analizó las causas de lo que definió como “una tormenta perfecta” que afecta a su país.
“La actual crisis es multidimensional, ya que en ella convergen factores políticos, económicos, sociales y un cuarto factor, que son los shocks externos”, afirmó.
Recordó que la génesis de la actual convulsión social data de hace cinco años. En febrero de 2018, el estallido de un coche-bomba en un cuartel policial de San Lorenzo -en la provincia costera de Esmeraldas- activó las alarmas. Un mes más tarde, se produjo el secuestro y ejecución de tres periodistas del diario “El Comercio” en esa misma provincia, crimen perpetrado por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El sistema penitenciario de Ecuador, en alerta roja
Los programas de ajuste fiscal que siguieron al fin de ciclo de los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) provocaron una disminución de los programas sociales del Estado. “Eso se tradujo en la reducción del presupuesto y la jerarquía administrativa del sistema penitenciario ecuatoriano”, puntualizó Paltán.
La eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispuesto por el presidente Lenin Moreno en 2018, impactó en una pérdida de categoría del nuevo Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). “Esa pérdida de jerarquía administrativa, sumada al hecho que nunca se haya podido completar el número de funcionarios necesarios para atender a la población carcelaria, debilitaron el sistema”, destacó este analista consultado por DEF.
En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido al Estado ecuatoriano sobre las situaciones de violencia y violaciones a la integridad personal de los reclusos en los centros penitenciarios. Mientras tanto, las guerras entre bandas al interior de los penales habían llevado al presidente Guillermo Lasso a decretar el “estado de excepción” en el sistema carcelario en septiembre de 2021.
La fragmentación de los grupos criminales
El proceso de desmovilización de las FARC, en el contexto del proceso de paz en Colombia, también impactó en la frontera con Ecuador. “Hubo un sector de las FARC que no se plegó al acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, porque veía oportunidades de negocio muy lucrativas en el tráfico de cocaína”, puntualizó el académico.
Paralelamente, la fragmentación de las organizaciones criminales ecuatorianas dio lugar a la acentuación de la violencia. “Mientras tanto -recordó este analista-, el deterioro en las condiciones sociales en las zonas marginales, en la periferia urbana de la costa ecuatoriana, nutrió a estos grupos de nuevos cuadros, lo que conformó verdaderos ejércitos de sicarios”.
La retirada del Estado en cuanto a sus programas sociales y de atención de la población más vulnerable dejó a muchos jóvenes a merced de la delincuencia. “La falta de visión social de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-2023) permitió que se generara un caldo de cultivo muy potente en las zonas marginales de las grandes ciudades de la costa”, indicó.
Ello se sumó a una naciente “narco-cultura” y a la transformación de las pandillas juveniles en grupos delictivos. Estos, a su vez, conformaron alianzas internacionales con Cárteles mexicanos, como los de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que penetraron en Ecuador.
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“Al acumular hombres, armas, control del territorio y mediante el uso de la extorsión y la infiltración en instituciones del Estado -como la Justicia, sobre todo en la costa-, estas organizaciones entraron en una disputa con el Estado”, completó el académico.
Así comenzaron los asesinatos de personalidades públicas, como ocurrió durante la última campaña presidencial con el candidato opositor Fernando Villavicencio -9 de agosto de 2023- o, antes, con el alcalde de Manta, Agustín Intriago -23 de julio de 2023-.
Declaración de emergencia y ¿militarización? de la lucha contra el crimen
La declaración de emergencia del recién asumido Daniel Noboa, en el poder desde noviembre pasado, se tradujo en un enorme poder dado a las Fuerzas Armadas para controlar el territorio. En ese sentido, cabe destacar la enorme popularidad que las encuestas asignan tanto al presidente (70%) como a las Fuerzas Armadas (90%) y a las fuerzas de seguridad (80%).
“A diferencia de los anteriores estados de emergencia decretados por Moreno y Lasso, el actual decreto obedece a una estrategia fríamente calculada, planificada y no divulgada en todos sus detalles”, observó Paltán. Destacó también el acercamiento a EE.UU. y la apertura de una “etapa de mucha cooperación en términos de asesoramiento, entrenamiento, capacitación y operaciones aéreas y marítimas de interdicción del narcotráfico”.
El presidente Daniel Noboa y un contexto político favorable
En la actual coyuntura, todas las fuerzas políticas cerraron filas en apoyo al mandatario y aprobaron por unanimidad el decreto que declaró el “conflicto armado interno”. Incluso el expresidente Rafael Correa dio su apoyo al gobierno desde su autoexilio, en Bélgica.
“El presidente Noboa da la imagen de un joven tecnócrata, de pocas palabras, casado con una modelo e influencer (Lavinia Valbonesi)”, ilustró, al describir el perfil del nuevo mandatario, de 36 años. “Al momento de gestionar la seguridad, se ha apoyado en figuras que vienen de las Fuerzas Armadas o militares retirados, en servicio pasivo”, agregó.
La Constitución sancionada en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, otorga fuertes poderes al Presidente, lo que le ha permitido a Noboa maniobrar durante la actual crisis.
Su propuesta de subida del IVA para financiar la respuesta del Estado a la violencia había sido rechazada, en primera instancia, por la Asamblea Nacional. La insistencia en el proyecto original pudo salir adelante por la ausencia de votos suficientes en las bancadas críticas con el Ejecutivo, que se valió de la figura del “veto parcial” para imponer sus condiciones al Parlamento.
“Es una Constitución híper-presidencialista, pero eso no debe confundirse con un Estado fuerte, caracterizado por burocracias profesionales y autónomas ante todo tipo de fuerzas sociales, económicas o políticas”, matizó Paltán.
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El próximo 21 de abril, el gobierno enfrentará su primer test en las urnas, en un referéndum en el que la población se expresará sobre el endurecimiento de penas para una serie de delitos graves y una simplificación de la ley de extinción de dominio de bienes de origen ilícito, entre otras materias.
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