El inicio del mandato de Keiko Fujimori marca un antes y un después en la historia reciente de Perú. Tras una década atravesada por la inestabilidad institucional, la presidenta delinea su plan de seguridad con un diagnóstico alarmante: el avance sin precedentes del crimen organizado, la extorsión y la minería ilegal.
DEF consultó a especialistas en seguridad y defensa para analizar el alcance de los primeros anuncios del Ejecutivo, el legado político de su padre y los desafíos estructurales de un Estado peruano golpeado por falta de credibilidad.
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La “mano dura” de Keiko Fujimori y el alineamiento internacional
El despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia y la asistencia militar a la Policía Nacional del Perú (PNP) constituyen el eje central del plan de seguridad inicial de Keiko Fujimori. Esta doctrina de “mano dura” y un programa económico ortodoxo evocan inevitablemente el estilo de gestión de su padre, Alberto Fujimori.
Mario Medrano indicó que la nueva estrategia, mediante la presencia militar, apunta a asistir a la población comerciante ante la presencia extorsiva y violenta del crimen organizado. Pese al impulso inicial, el especialista cree que las medidas exhibidas ante el Congreso en la asunción “no se extendieron más allá de los parámetros básicos”.
Para Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI-DINI) y especialista en defensa, la estrategia refleja además un claro encuadre geopolítico:
“Es claro el alineamiento de Keiko Fujimori al nuevo eje de gobiernos de derecha por la región. Cuando se entrevistó en persona con el mandatario argentino Javier Milei lo llamó ‘referente’. Keiko hereda de su padre el estilo de dureza, el ajuste estructural y la reinserción financiera internacional. Además, ha señalado su decisión de integrarse a la iniciativa del ‘Escudo de las Américas’ de Donald Trump y formar un tridente andino junto a Bogotá y Quito”.
Por su parte, Iván Witker, académico de la Universidad Central e investigador de la ANEPE, señala que la agenda de seguridad fue el motor determinante detrás de la victoria electoral de Fujimori, al igual que ha ocurrido en otros procesos recientes de la región:
“El ítem seguridad explica en gran medida el triunfo de Keiko Fujimori. Recurrir a las Fuerzas Armadas para asistir a la Policía es una tarea ineludible cuando se producen desbordes. Serán meses de alta intensidad donde el rol militar será crucial. En ella se observa voluntad política para restablecer la autoridad democrática y el respeto de la ley”.
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Las amenazas del crimen organizado transnacional en Perú
El panorama delictivo que enfrenta Perú dista mucho del escenario de las décadas de 1980 y 1990. Ya no se trata del terrorismo de corte ideológico que perpetraba Sendero Luminoso, sino de economías ilícitas altamente rentables y articuladas a través de amenazas híbridas.
De acuerdo con Gómez de la Torre, la minería ilegal —particularmente el tráfico de oro— terminó por desplazar al narcotráfico como la principal actividad criminal en el país, impulsada por la penetración de bandas extranjeras y la debilidad del aparato judicial peruano.
Por otro lado, Mario Medrano remarca la presencia de facciones del Tren de Aragua (como Los Gallegos, El Tren del Llano, Los Hijos de Dios o la Dinastía Alayón), que se sumó a un escenario de extrema violencia, coches bomba, descuartizamientos y extorsiones sistemáticas que atraviesa Perú en la última década. Por fuera de la organización venezolana, el Ejecutivo peruano también debe enfrentar a actores transnacionales surgidos en el país como Los Pulpos de Trujillo.
Entre los focos prioritarios que exige la coyuntura se destacan:
- Control penitenciario: Witker sugiere la militarización temporal de las prisiones para aislar a los cabecillas y cortar la operatividad externa de las bandas de extorsión.
- Modernización tecnológica: Dotación urgente a las fuerzas policiales de herramientas de ciberseguridad, geolocalización y uso de drones para tareas de vigilancia.
- Minería ilícita y sicariato: Combatir el despojo violento en áreas rurales donde el Estado estuvo históricamente ausente y el crimen organizado actúa con impunidad.
El impacto de la crisis política en el avance criminal
¿Cómo llegó Perú a este nivel de vulnerabilidad institucional? La respuesta está en la constante rotación de presidentes y ministros del Interior a lo largo de la última década. La falta de continuidad en las políticas públicas impidió consolidar una estrategia de inteligencia a largo plazo.
Gómez de la Torre advierte que “varios gobiernos previos a Keiko evitaron asumir los costos políticos de enfrentar el problema; solo lo ‘gerenciaron’ y aplicaron acciones mínimas de contención”.
Sin embargo, Mario Medrano también responsabiliza a la nueva presidenta de Perú del estado actual de dirigencia política: “Hoy Keiko Fujimori es la presidenta constitucional, pero durante los últimos años ha ejercido gobernabilidad a través de su mayoría en el Congreso, sector también cuestionado por investigaciones de corrupción”.
A pesar del colapso político, Perú mantuvo una inusual solidez macroeconómica impulsada por la independencia de su Banco Central. No obstante, como reflexiona Witker, el deterioro institucional terminó abriendo brechas peligrosas: “La fragmentación legislativa y el declive presidencial volvieron muy vulnerables a las estructuras del Estado a la infiltración criminal. Restaurar la ley y el orden es vital para darle estabilidad al sistema político”.
En la misma línea, Medrano también advierte sobre los peligros cruzados que amenazan la democracia del país, como las ideologías extremistas y los remanentes de Sendero Luminoso. Además, considera que hay una necesidad de conseguir profesionales idóneos “para tomar decisiones y legislar para combatir la criminalidad, no para favorecerla jurídicamente”.
Frente a la interrogante de si el país aún está a tiempo de revertir el avance de las mafias, Andrés Gómez de la Torre, Mario Medrano e Iván Witker coinciden en que no bastará con medidas de contingencia a corto plazo. Se requiere una reforma profunda de los sistemas penitenciarios, la inteligencia estatal y el aparato judicial para erradicar la corrupción transversal.
El éxito o fracaso del plan de seguridad de Keiko Fujimori no solo definirá el rumbo institucional de Perú, sino que enviará una señal clave para la estabilidad y el equilibrio geopolítico de toda la región andina.
