El vertiginoso descenso de la tasa de homicidios en El Salvador convirtió al presidente Nayib Bukele en una referencia en el debate sobre la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Las políticas de mano dura, el régimen de excepción, la militarización de las calles y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) despiertan admiración y el deseo de replicar el “Modelo Bukele” en diversos países de la región. Sin embargo, cuando se traslada la discusión a otras naciones, especialistas ponen la lupa en la viabilidad de su aplicación.
Para entender este dilema, DEF accedió al análisis del especialista Mario Medrano y participó en la exposición de la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
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El éxito de El Salvador: entre la contundencia y la excepción
Para comprender por qué el modelo funcionó en El Salvador es necesario analizar las particularidades de su conflicto.
“Estas políticas de mano dura resultaron fundamentales para la reducción de la tasa de homicidios y para la pacificación de la población salvadoreña que durante años se vieron sometidos a una violencia extrema, al secuestro, cobro de cupos y extorsiones a comerciantes, transportista y a toda persona que tenga un pequeño negocio”, retrató Mario Medrano, abogado especializado en crimen organizado.
Los resultados positivos fueron posibles gracias a un duro y necesario régimen de excepción, la toma de control de las calles por parte de las Fuerzas Armadas y penas acumulativas de hasta 500 años que condenan a los pandilleros a morir en prisión. A esto se suma la infraestructura del CECOT, diseñado para albergar a más de 40.000 presos bajo un régimen de aislamiento total e incomunicación que paralizó la logística criminal.
Medrano sostuvo que estas medidas permitieron a Bukele construir la imagen de un líder firme contra el crimen organizado, logrando un respaldo popular masivo. Desde su perspectiva, la intervención extrema del mandatario salvadoreño extirpó las ideologías garantistas que, a su criterio, habían contaminado la región mediante un discurso de mínima intervención penal donde el delincuente obtenía mayores protecciones que la víctima.
Por su parte, la Secretaria de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, coincidió en que la estrategia salvadoreña logró cortar la cadena de extorsiones que afectaba al 80% de la población, permitiendo que hoy en día El Salvador sea un país abierto al turismo y donde reina una evidente seguridad ciudadana. No obstante, Monteoliva advierte que la severa restricción de garantías constitucionales no necesariamente constituye el camino más saludable para un Estado de derecho, marcando una distinción entre los resultados inmediatos y la sostenibilidad institucional.
La imposibilidad de replicar el esquema en Perú
En Perú, dirigentes políticos como la presidenta Keiko Fujimori manifestaron su intención de aplicar la estrategia salvadoreña. Sin embargo, Mario Medrano califió esta postura como un error profundo, motivado por intenciones sensacionalistas y populistas que ignoran las diferencias abismales entre ambas naciones.
En primer lugar, Medrano resaltó la brecha demográfica y geográfica: El Salvador cuenta con unos 6 millones de habitantes en un territorio reducido, mientras que Perú supera los 36 millones de personas en una extensión territorial cinco veces mayor, lo que multiplica las oportunidades para el crimen organizado. Pero la diferencia determinante radica en la naturaleza de los actores delictivos. Mientras Bukele enfrentó a solo dos organizaciones delictivas claramente identificadas —la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18—, Perú padece un ecosistema criminal fragmentado y complejo.
El escenario peruano incluye bandas transnacionales como el Tren de Aragua y sus células regionales, organizaciones ecuatorianas como Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos, además de mafias locales como Los Pulpos, La Jauría o La Gran Alianza, sumadas a docenas de clanes del narcotráfico y remanentes subversivos en el VRAEM como el MOVADEF. Asimismo, los delitos en Perú abarcan actividades de alta rentabilidad como la minería ilegal, la trata de personas en Lima y el narcotráfico en la selva, fenómenos que no se resuelven únicamente con patrullajes urbanos.
Medrano advirtió que un intento de aplicar el “Método Bukele” en Perú demandaría reformas normativas complejas para acelerar la construcción de megacárceles y otorgar facultades excepcionales a militares y policías. Además, requeriría autoridades con una ética inquebrantable para no sucumbir a la corrupción. De implementarse, el analista anticipa que se trataría de un plan de shock limitado a la “luna de miel” de los primeros 100 días de gobierno, el cual se irá desvaneciendo progresivamente mientras las estructuras transnacionales continúan moviendo su capital y logística.
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Argentina: Decisiones firmes frente a la mano dura
Desde la perspectiva del gobierno argentino, Alejandra Monteoliva enfatizó en el CARI que la política de seguridad de El Salvador no es ni será comparable con la realidad de su país.
“La política de seguridad en El Salvador no es aplicable en el caso de Argentina, no responde a nuestra realidad de las organizaciones criminales. Son realidades totalmente distintas”, consideró la ministra de Seguridad Nacional.
La funcionaria explicó que la trayectoria histórica de las pandillas que azotaron a El Salvador desde la década de los 80 condicionó una respuesta de mano dura que no responde a la estructura de las organizaciones criminales que operan en Argentina.
Monteoliva estableció una clara diferenciación conceptual entre la “mano dura” y la aplicación de “decisiones firmes”, asegurando que el enfoque argentino se orienta hacia esto último. La política carcelaria y de represión salvadoreña responde a un contexto muy específico, por lo que intentar trasladar esas medidas al territorio argentino resulta inadecuado.
La secretaria señala que las políticas de seguridad en la región atraviesan distintas fases históricas: momentos de mayor dureza, períodos de apaciguamiento y etapas de recomposición, tal como ha ocurrido en países como Colombia o México.
Por este motivo, más que calificar las experiencias extranjeras como buenas o malas, o intentar imitarlas, la gestión de la seguridad debe basarse en identificar con precisión qué medidas funcionan, cuáles no y qué oportunidades de mejora existen dentro del propio marco institucional de cada país.
