Con 74 proyectos inscriptos ante el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi), Argentina posee ventajas comparativas para convertirse en un actor importante en el mercado voluntario de carbono.
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“El país cuenta con amplias superficies disponibles, aptas para este tipo de proyectos, y una alta tasa de crecimiento de árboles, pudiendo llegar a ser hasta cinco veces más rápida que en el hemisferio norte”, señala la consultora internacional PwC.
En ese sentido, la Mesa Argentina de Carbono (MAC) considera que nuestro país puede posicionarse en los mercados internacionales como un actor serio, capaz de generar y comercializar créditos de carbono de calidad. Se estima que se podría generar ingresos anuales por exportación de créditos de carbono de entre 1400 y 3900 millones de dólares en el mercado internacional.
Argentina: tres puntos clave para una correcta legislación
Para lograr estos objetivos, la MAC considera que es importante “construir un marco normativo que brinde previsibilidad y certeza legal y, al mismo tiempo, permita acceder competitivamente a los mercados internacionales”.
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En el Senado se están discutiendo distintas iniciativas legislativas destinadas a establecer un marco regulatorio para impulsar el mercado del carbono en Argentina. El debate legislativo es, a juicio de la MAC, “una oportunidad para resolver aspectos que el sector considera indispensables para dar previsibilidad a proyectos que requieren inversiones y planificación de largo plazo”.
En ese sentido, el coordinador general de la Mesa Argentina de Carbono (MAC), Juan Pedro Cano, identificó tres puntos críticos que debería contemplar una futura legislación.
Por un lado, la claridad sobre la titularidad de los créditos de carbono. La propuesta de la MAC es que “corresponda al propietario del bien sobre el cual se estructura el proyecto o a quien él le haya cedido los derechos mediante un contrato o acuerdo”.
En segundo lugar, se solicita una definición jurídica clara del crédito de carbono, definido como un “bien inmaterial de carácter patrimonial”. Y, por último, se sugiere la creación de un “mecanismo competitivo para acceder a los mercados internacionales” mediante un “esquema competitivo, incluyendo porcentajes mínimos de autorización”.
