La Triple Frontera del Cono Sur, zona compartida por Ciudad del Este (Paraguay), Foz do Iguaçu (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina), es foco constante de atención internacional por sus complejas dinámicas transfronterizas. La presentación del informe “Convivencia criminal: el ecosistema ilícito de la triple frontera del Cono Sur”, elaborado por la Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) y la Fundación Friedrich Ebert, revela las particularidades del crimen organizado y el narcotráfico en la región.
Los autores Renato Rivera Rhon y Gabriel Funari, y Martín Verrier, Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, participaron de un seminario para analizar las conclusiones del informe de GI-TOC.
- Te puede interesar: Muerte de Niño Guerrero: quiénes podrían tomar el control del Tren de Aragua
El paradigma de la Triple Frontera: Alta criminalidad con baja violencia
De acuerdo con el analista sénior de GI-TOC y coautor del informe, Renato Rivera Rhon, los tomadores de decisiones en América Latina cometen frecuentemente el error de diseñar políticas públicas basándose únicamente en las tasas de homicidios. La Triple Frontera demuestra lo contrario: un territorio con economías ilícitas altamente dinámicas y rentables que coexisten sin necesidad de recurrir a la violencia armada para operar.
“Puedes tener altos niveles de criminalidad que no se expresan con violencia. El mayor aprendizaje aquí es que las recomendaciones deben ir orientadas a la disrupción de las finanzas ilícitas y de los mecanismos de lavado de activos que encontramos en esta zona”, explicó Rivera Rhon.
Esta falta de conflictividad letal responde a que los mercados que mayor violencia suelen generar (como los grandes cargamentos de cocaína o marihuana) no utilizan la Triple Frontera urbana como su enclave logístico principal.
Clanes familiares y PCC: Los actores clave del ecosistema criminal
El informe de GI-TOC identifica una red de actores locales y transnacionales que interactúan en la zona de manera pragmática, bajo un esquema de subcontratación y convivencia.
Los clanes familiares son los actores históricamente arraigados y dominantes en el territorio. Basados en lazos de parentesco, lealtad y confidencialidad, controlan el contrabando de cigarrillos, productos electrónicos y alcohol. Su arraigo y conocimiento del terreno son tan profundos que las grandes facciones no lograron absorberlos, optando en cambio por subcontratarlos.
El Primeiro Comando da Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil, tiene presencia en la frontera, controlando prisiones y ciertos puertos clandestinos en el río Paraná (especialmente en vecindarios periféricos como San Rafael y Puerto Presidente Franco). El PCC no ejerce una gobernanza criminal total ni un control efectivo del territorio urbano. En su lugar, actúa bajo un “aprendizaje criminal“: evita la violencia abierta para no atraer la atención de las fuerzas de seguridad y subcontrata a clanes familiares para mover drogas.
Aunque históricamente el Comando Vermelho (CV) operó de forma coordinada con el PCC en la región, la ruptura de su pacto en 2016 trasladó temporalmente el conflicto a las zonas fronterizas paraguayas. Hoy en día, su presencia directa en el núcleo urbano de la Triple Frontera es desestimada por el trabajo de campo del informe, quedando relegado frente a la hegemonía logística del PCC.
- Te puede interesar: Seguridad y defensa en la era digital, ¿qué desafíos enfrenta Argentina?
Qué delitos se observaron en la Triple Frontera
La rentabilidad del ecosistema se sostiene en una matriz diversificada de economías ilegales que se aprovechan de la flexibilización comercial de Paraguay, las asimetrías tributarias y los limitados controles tecnológicos.
- Contrabando: Sigue siendo la principal economía ilícita. Los cigarrillos paraguayos (cuya producción supera ampliamente el consumo interno), los productos electrónicos y el alcohol lideran este mercado. La pandemia del COVID-19 reconfiguró este delito impulsando el contrabando a mediana escala mediante redes sociales y canales fluviales, destacando el auge del tráfico de vino desde Argentina hacia Brasil.
- Narcotráfico: El informe puntualiza que el tráfico de cocaína a través de la Triple Frontera es marginal en comparación con corredores de frontera seca (como Pedro Juan Caballero-Ponta Porã) o la frontera boliviana-argentina. No obstante, la Hidrovía Paraná-Paraguay es un vector estratégico de riesgo para contaminar contenedores de exportación lícita destinados a Europa. El tráfico de marihuana también se concentra mayormente en la periferia norte y la frontera seca.
- Lavado de activos: Ciudad del Este opera como una gigantesca plataforma regional de colocación y estratificación de capitales ilícitos. La existencia de más de 5,000 comercios y regímenes permisivos facilita la creación de empresas fachada y el uso de casas de cambio informales.
- Criptomonedas: Las granjas de minería digital se expandieron aceleradamente en Ciudad del Este, financiadas por redes criminales extranjeras y clanes locales. Esto es posible gracias al abundante y barato suministro de energía eléctrica proveniente de la represa de Itaipú. Se reporta el uso de esquemas híbridos como la modalidad “70/30”, donde el 70% del dinero sucio se procesa en criptoactivos y el 30% en efectivo.
- Casinos y Apuestas Deportivas: El auge inusual de centros de pronósticos deportivos y salas de juegos de azar híbridas (físicas y virtuales) funciona como fachada para la inyección de dinero en efectivo al sistema financiero. Al fragmentar los premios mediante depósitos electrónicos dirigidos a testaferros, los criminales borran eficazmente la trazabilidad del dinero.
La mirada de Martín Verrier y la estrategia de Argentina
Aunque coincide en que gran parte de la criminalidad organizada en la Triple Frontera opera de manera discreta y no kinética, Martín Verrier advirtió que en los últimos tres años se registró un preocupante incremento de la violencia en sectores específicos. Muestra de ello son los constantes ataques con armas de fuego que sufren las unidades de la Prefectura Naval Argentina desde la costa paraguaya mientras realizan patrullajes y controles fluviales.
Esta violencia responde a un cambio profundo en las dinámicas del narcotráfico regional, marcado por la progresiva expansión del Primeiro Comando da Capital (PCC) en los últimos diez años. Esta organización brasileña ha transformado las rutas de la droga: históricamente, la cocaína ingresaba a Argentina casi en su totalidad por el noroeste, desde Bolivia; sin embargo, en la actualidad, cerca de la mitad de esta sustancia entra a territorio argentino a través de Paraguay, controlada por el PCC por vías aéreas y terrestres desde Perú y Bolivia.
Ante este panorama, Verrier enfatizó que la Triple Frontera no debe ser vista como un enclave aislado, sino como un hub o nodo logístico interconectado con otras regiones. Bajo esta lógica, el Ministerio de Seguridad argentino ha implementado una estrategia macro que incluye el Plan Guacurarí en la frontera seca con Brasil (en la zona de Bernardo de Irigoyen) para combatir nuevas formas de financiamiento criminal como el contrabando de vino.
Por otro lado, a través del Plan Paraná, el Ministerio de Seguridad Nacional reforzó la seguridad en la hidrovía, un vector que Verrier califica como crítico para el envío de estupefacientes a Europa, sustentado en el hecho de que más de 40 toneladas de cocaína salieron del Puerto de Asunción en un lapso de cinco años, impactando también en las estadísticas portuarias de Montevideo. Esta disrupción de los flujos ilícitos fronterizos complementa planes internos como el Plan Bandera en la ciudad de Rosario, donde se logró reducir los homicidios en un 70%.
En materia de cooperación internacional, el secretario destaca la articulación de un grupo de tareas que trabaja en conjunto con la DEA y la Sensitive Investigation Unit (SIU) de Paraguay para abordar casos complejos, sumado al intercambio de inteligencia criminal en tiempo real que facilita el Comando Tripartito.
Finalmente, Martín Verrier mantuvo una postura firme y de máxima cautela respecto a la presencia del terrorismo en la zona. El funcionario recordó dos atentados fundamentalistas de Hezbollah en los años noventa, la Operación Trapiche en Brasil y el Caso Barakat en 2018, donde se desarticuló una red de financiamiento de dicha organización mediante el lavado de dinero en casinos. El funcionario argentino sostiene que existe una actividad terrorista subyacente, por lo que la región debe continuar bajo un estricto monitoreo.
