El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de 550 millones de dólares destinada a respaldar el Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina (PROSEJUS), convirtiéndose en la primera operación del organismo orientada específicamente a reformas de seguridad y justicia en el país.
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Crimen organizado: Argentina recibe financiamiento internacional clave
El instrumento ya oficializado por el BID se enmarca en una Garantía en Apoyo a Reformas de Política (GARP), que permitirá a Argentina acceder hasta 1.200 millones de dólares en financiamiento externo privado, generando 650 millones adicionales sobre el monto garantizado.
PROSEJUS no es un préstamo de infraestructura ni un simple aporte presupuestario, sino que se trata de un conjunto de reformas legales, institucionales y operativas diseñadas para reducir la impunidad frente a las organizaciones criminales (ORCRIM). Según el documento oficial del BID, el costo directo del crimen y la violencia en Argentina equivale al 3,4% del PIB, y el 62% de la población considera la inseguridad un problema “bastante o muy grave”. El país, además, registra la segunda tasa de victimización más alta de la región.
El objetivo general del programa es contribuir a la lucha contra el crimen organizado a través de tres ejes:
- Aumentar la eficiencia de la persecución penal.
- Mejorar la efectividad de la investigación criminal.
- Fortalecer la recuperación de activos de origen ilícito.
El Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina está estructurado en dos fases: la primera operación prioriza la adopción de las reformas normativas e institucionales; la segunda, prevista para 2027, avanzará en su implementación efectiva.
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Qué políticas de seguridad y justicia deberá desarrollar Argentina
En primer lugar, el anexo publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo menciona el sistema acusatorio federal y persecución penal estratégica.
La inversión internacional buscará impulsar la consolidación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que reemplaza el modelo inquisitivo mixto por un sistema acusatorio adversarial. Bajo este esquema, el Ministerio Público Fiscal pasa a liderar la investigación criminal, antes en manos de los jueces, lo que permite desarrollar estrategias de persecución penal contra el crimen organizado más allá del enfoque caso por caso.
El PROSEJUS también contempla el fortalecimiento de la política de desfederalización del narcomenudeo, incluyendo programas de justicia terapéutica para personas con consumo problemático de sustancias.
La segunda área alcanzada serán las fuerzas de seguridad. El BID pone el foco en la modernización de las capacidades de investigación criminal de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA). Entre los problemas identificados se destacan la multiplicidad de funciones de la PFA, la limitada especialización en delitos complejos y las debilidades en el control de fronteras terrestres y fluviales, especialmente en el norte del país, considerado una puerta de entrada del narcotráfico transnacional.
En tercer lugar, el organismo internacional reconoce que los centros penitenciarios funcionan como nodos de coordinación de actividades criminales. Por eso incluye reformas para fortalecer las capacidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la detección y control de operaciones ilícitas desde el interior de los establecimientos.
En paralelo, se creará un sistema integral para la administración de bienes cautelados y decomisados, con el objetivo de debilitar económicamente a las organizaciones criminales y mejorar la trazabilidad de activos de origen ilícito.Esta área estará alineada con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en materia de lavado de activos realizadas en 2024.
La garantía del Banco Interamericano de Desarrollo se enmarca en una estrategia financiera más amplia: el Banco Mundial y Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron garantías por 2.000 millones de dólares para Argentina.
Además, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) analiza una garantía adicional de entre 250 y 500 millones para completar el esquema de respaldo previsto para 2026. El BID también coordina acciones con Naciones Unidas, la Oficina Internacional Antinarcóticos de Estados Unidos (INL) y el programa PACCTO 2.0 de la Unión Europea.
