La política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro enfrenta horas críticas tras dos decisiones que reconfiguran el tablero judicial y del orden público en Colombia. Por un lado, una orden presidencial de extradición rompe definitivamente los acercamientos con el Clan del Golfo; por el otro, un freno del Consejo de Estado le quita el piso jurídico a las negociaciones con Iván Márquez, líder de las disidencias de las FARC.
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Gustavo Petro reactiva trámite de extradición contra alias ‘Chiquito Malo’
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que levanta de manera oficial la suspensión de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo comandante del Clan del Golfo, también autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Esta determinación marca un quiebre en las intenciones de avanzar en un proceso sociojurídico de sometimiento con dicha organización criminal. Según explicó el mandatario a través de sus canales oficiales, la decisión se fundamenta en la falta de voluntad real de paz del grupo armado.
“Siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo“, enfatizó Petro. Con la entrada en vigencia de este decreto, si el cabecilla —quien asumió el mando total tras la captura y entrega de alias “Otoniel”— es localizado por la fuerza pública, su envío a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico será inmediato.
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Consejo de Estado frena mesa de paz con la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’
En una providencia de alto impacto para la seguridad nacional, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la Resolución 064 de 2024, el documento con el cual el Ejecutivo facultaba formalmente el inicio de una mesa de diálogos políticos con la Segunda Marquetalia, la disidencia comandada por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.
El alto tribunal respaldó una medida cautelar tras advertir que el Gobierno Nacional pudo haber excedido las facultades otorgadas por la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022). De acuerdo con el análisis jurídico, los excombatientes que firmaron el histórico Acuerdo de Paz de 2016 y decidieron reincidir retomando las armas pierden de forma automática el estatus político.
Bajo esta consideración legal, la Segunda Marquetalia no califica como un Grupo Armado Organizado Al Margen de la Ley (GAOML), sino como una Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI). Esto significa que la ruta jurídica permitida no es la de una negociación política o de paz, sino únicamente un proceso de sometimiento y desmantelamiento ante la justicia ordinaria.
De esta forma, la “Paz Total” que impulsa Gustavo Petro hasta su último día en el poder enfrenta uno de sus peores escenarios. La reactivación del pedido de extradición de “Chiquito Malo” y la suspensión legal de las negociaciones con “Iván Márquez” ponen a las disidencias de las FARC nuevamente en pie de guerra contra el gobierno de Colombia.
