Se trata de la nueva planta de Hidrodesulfuración de gasoil. En el acto, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, confirmó el funcionamiento de todas las refinerías de la empresa al 100% de su capacidad instalada. “Del 83% en que venían operando nuestras refinerías, hoy pasaron a funcionar en su capacidad plena”, aseguró.
“La mesa de los argentinos se empobreció muchísimo”
Según Soledad Barruti, la autora de Mal Comidos, el suyo no es un libro agroecológico. Lo que buscó con su investigación fue ir más allá del plato de comida: indagar y analizar cómo la matriz productiva intensiva a la que adhiere Argentina termina contaminando lo que consumimos a diario. Por Patricia Fernández Mainardi
“Entre dos decisiones, lo peor es no tomar ninguna”
El director general del SAME, Alberto Crescenti, explicó a DEF los secretos para que un servicio de emergencias trabaje eficientemente y reduzca al máximo las víctimas. Por Juan Ignacio Cánepa / Foto: Fernando Calzada.
Río+20: Un futuro incierto
¿Qué dejó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro? Por Susana Rigoz
Energías renovables: ¿estamos preparados?
En mayo de 2009, con una demora de más de dos años desde su sanción, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 26190 y lanzó el Programa de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables (GENREN), que incluía la licitación de 1000 megavatios que debían ser suministrados por centrales eléctricas alimentadas por recursos alternativos a los combustibles fósiles. La iniciativa apuntaba básicamente a fomentar proyectos vinculados con la energía eólica, la solar, la geotérmica, la mareomotriz, los pequeños emprendimientos hidráulicos menores a los 30 megavatios, la biomasa y los gases de vertedero, así como también los gases de plantas de depuración y el biogás.
“Este programa, implementado a través de Enarsa, nos permitirá incentivar inversiones por las cuales lograremos consolidar la incorporación de las fuentes alternativas a nuestra matriz energética”, aseguró en ese momento el secretario de Energía, Daniel Cameron, quien puntualizó que la energía generada sería entregada al sistema interconectado nacional a partir de la firma de contratos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con una vigencia de 15 años. La normativa contemplaba, asimismo, un régimen promocional que incluía la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias para inversiones realizadas en el marco de la Ley de Energías Renovables.
PUNTAPIÉ INICIAL
En junio de 2010 se dio a conocer el resultado de la primera licitación del GENREN, que culminó con la adjudicación de proyectos para la generación de 895 megavatios, de los cuales 754 correspondieron a centrales eólicas; 110,4 a energía eléctrica generada por biocombustibles o biogás; 20 a energía solar fotovoltaica; y 10,6 a aprovechamientos hidráulicos a pequeña escala. El primero de los emprendimientos en ser inaugurado fue el Parque Eólico Rawson, construido y operado por Emgasud, que cuenta con 80 megavatios de potencia instalada. En septiembre de 2011, ante la presencia de autoridades nacionales y de la provincia de Chubut, se puso en marcha la primera etapa, que permitió la provisión de 50 megavatios al sistema interconectado; en tanto que en enero de este año se añadieron los 30 megavatios del segundo tramo del complejo eólico, que actualmente es el mayor del país.
En abril pasado quedó inaugurado el Parque Solar Fotovoltaico Cañada Honda I y II, en la provincia de San Juan, con 5 megavatios de potencia instalada, construido y operado por la empresa Energías Sustentables S.A. Más recientemente, a fines de mayo, Enarsa informó que fue puesto en servicio el primer megavatio de potencia de la Central San Martín, que utiliza como combustible biogás proveniente de rellenos sanitarios del módulo Norte III-A del CEAMSE. Este último proyecto es operado por Industrias Juan F. Secco y cuenta con una potencia total de 5 megavatios. Fuera del GENREN, en mayo de 2011 se puso en marcha el Parque Eólico Arauco, construido por IMPSA Wind en el marco de un contrato de provisión “llave en mano” a la provincia de La Rioja. Este cuenta, en su primera etapa, con una potencia instalada de 25,2 megavatios, que se duplicará una vez que concluya en breve la instalación de otros 12 aerogeneradores de 2,1 megavatios cada uno. Esta misma empresa, pionera en el desarrollo del sector, también tiene en carpeta la construcción del Parque Eólico El Jume, que se emplazará en el departamento santiagueño de Ojo de Agua y contará con una potencia total de 8,4 megavatios.
VENTAJAS Y CUENTAS PENDIENTES
Consultado por DEF, el director del Programa para el Desarrollo y Dirección de Energías Renovables del IAE Business School de la Universidad Austral, Ariel Casarin, aseguró que las iniciativas estatales que establecen “un porcentaje de la generación de electricidad a ser provista por fuentes de energía apoyadas en recursos renovables” constituyen un “fenómeno mundial”. Señaló que la situación de nuestro país es “muy ventajosa a nivel comparativo” dada la magnitud de nuestros recursos eólicos, solares e hídricos, entre otras fuentes energéticas alternativas. Sostuvo, en ese sentido, que podemos pensar en forma ambiciosa en la posibilidad de contar con generación eléctrica a partir de este tipo de energías.
Sin embargo, los mayores reparos de este especialista se centraron en el frágil funcionamiento del sistema regulatorio argentino en el sector eléctrico. Recordó que “tanto en generación como en transporte y distribución de electricidad, se había previsto una serie de mecanismos regulatorios y hoy estamos en una situación de irregularidad desde el punto de vista normativo”. “No podemos, entonces, esperar que se desarrollen y se cumplan regulaciones en un nuevo ámbito, cuando no estamos siendo exigentes en el cumplimiento de las normas que están vigentes”, opinó, al tiempo que destacó la existencia de “distintos mecanismos para subsidiar la inversión y garantizar un precio” para la nueva energía generada a partir de fuentes no convencionales.
“En los últimos diez años hemos visto que el costo de la tecnología para generar energía a partir de fuentes renovables ha venido cayendo a un ritmo tremendamente rápido”, añadió Casarin. Al preguntársele sobre los incentivos que podrían apuntalar ese tipo de desarrollos, respondió: “Los mecanismos de promoción a través de tarifas pueden plantear un punto de partida atractivo para la entrada de inversiones en esa industria, pero también tienen que contemplar que el costo de la inversión en energía renovable va cayendo rápidamente en el mundo”. De este modo, siguiendo el razonamiento del analista, deberíamos evitar caer en la tentación de subsidiar artificialmente un sector que empieza a tornarse altamente competitivo frente a las fuentes de energía convencional.
“Se necesita mucho desarrollo tecnológico”
DEF dialogó con Cecilia Smoglie, directora del Área de Energía del ITBA, quien dio detalles de lo que está haciendo su institución en materia de energías renovables. Por Mariano Roca / Foto: Fernando Calzada
Haití: la labor de los Cascos Azules
Un equipo de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal) estuvo durante un mes en la isla caribeña para comprobar los resultados de la MINUSTAH. Por Lauro Noro
Despenalización y militarización
El combate al narcotráfico en nuestro continente suscita dos tendencias en apariencia incompatibles: la progresiva despenalización del consumo de drogas, junto con la militarización de la lucha contra las organizaciones criminales que la comercializan.
Una recorrida por las agendas y propuestas de presidentes y gobiernos tan variados como el de Funes en El Salvador (sostenido en el ex grupo guerrillero FMLN), Santos en Colombia, el general retirado Otto Molina en Guatemala o el indigenista Evo Morales en Bolivia, sin olvidar los debates y proyectos de leyes existentes actualmente en Argentina, nos mostraría un creciente consenso acerca de la necesidad de superar y dejar atrás el abordaje más punitivo y de guerra a la oferta de drogas impulsado desde 1972 por parte de los Estados Unidos. La tendencia apunta a despenalizar el consumo personal y enfatizar la lucha contra las organizaciones criminales, sus cadenas de distribución y reciclado de dinero y movimientos de precursores químicos. Tanto las administraciones inclinadas hacia la derecha, como al centro y a la izquierda apuntan en este sentido.
Este análisis pragmático de la realidad, que ha llevado a tan variados líderes a comenzar a explorar este camino, se ve acompañado por cierto tinte de “juvenilia” propio del espíritu libertario y contestatario del 68 en los EE. UU. y Francia. Sacarse fotos y hacer comentarios filosóficos, políticos o morales con una plantita de marihuana en la mano parece ser políticamente correcto e in. Esta “juvenilia” tendería a ir más allá de la despenalización, ya que busca directamente el aval y el elogio del consumo personal. Una actitud semejante poco tiene que ver con lo que los liderazgos políticos serios deben buscar, o sea, no llenar las cárceles y la Justicia con estos microdelitos, pero sin por ello endiosar o validar la práctica de consumir drogas. Cabe recordar que fumar marihuana puede llegar a ser visto como un tema “personal”, siempre y cuando a esa persona no se le ocurra manejar un auto, camión y/o maquinaria sensible en donde hubiera terceros pasibles de los efectos del mundo de fantasía en el que se adentra.
A modo de paradoja, otra corriente simultánea se acopla a esta tendencia despenalizadora. Nos referimos a la militarización de la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico. Basta con recorrer El Salvador, Honduras, Guatemala, México y el propio Brasil, en especial zonas de Río de Janeiro y las fronteras, para ver un rol activo y creciente de los militares y fuerzas paramilitares tomando cada vez más influencia y control en el día a día de este combate. Ello se produce tanto bajo gobiernos de centroderecha, como el PAN en México, como bajo la exguerrilla marxista FMLN en el Salvador y el PT en Brasil. A primera vista, se podrá argumentar que ambas tendencias distan de ser compatibles, dado que una se refiere al consumo individual, con el énfasis puesto en lo preventivo, social y educativo, y la otra se orientaría hacia grupos criminales que por su poder económico, territorial y de fuego requieren el instrumento extremo de un Estado, tal como sus militares. A estos últimos, el gran estratega Carl Von Clausewitz los definía a comienzos del siglo XIX como “leones enjaulados”, que los decisores solo debían usar cuando se requiriese un resultado tan letal y contundente como el que logra un león.
En el caso argentino, por el momento predomina la tendencia “políticamente correcta” de la despenalización, en algunos casos impulsada por análisis detallados de 40 años de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio y en otros por una rebeldía adolescente tardía de algunos mayores. Sin embargo, esta no se ve acompañada por la recurrencia sistemática y organizada de las Fuerzas Armadas, amén de experiencias en pleno armado como el “Escudo Norte”, que tienen ya la presencia necesaria de medios militares como aviones y radares. Por otra parte, se debe tomar conciencia de que nuestro país ya ocupa uno de los dos primeros puestos en el consumo per cápita de cocaína a nivel regional, y de que las agencias de inteligencia de países tan variados como Colombia, EE. UU. y México no dudan en ver una creciente presencia de organizaciones criminales del narcotráfico con operaciones en esos Estados que ya extendieron sus redes a la Argentina.
Los casos de sicariato que se vienen dando entre bandas colombianas al menos desde el año 2008 en nuestro país, el más reciente pocos meses atrás a plena luz del día y en el barrio de la Recoleta, son un claro reflejo en este sentido. Un repaso por los prontuarios de algunas de esas víctimas y victimarios mostraría su paso o pertenencia tanto a carteles, como a las FARC o a grupos paramilitares. El creciente rol que ha asumido el mercado de la cocaína en Europa, vis a vis el estancamiento y hasta descenso del consumo de esa droga en los EE. UU., hace que los puertos atlánticos argentinos, brasileños y uruguayos adquieran cada vez mayor importancia. Sin olvidar que, en varios casos, esta droga que sale desde el Cono Sur, Venezuela, Colombia y el Caribe, hace escalas en África, en donde en diversas situaciones se ha comprobado el rol facilitador de milicias y facciones armadas vinculadas al terrorismo de Al-Qaeda.
La impactante problemática del paco, que asola a nuestra juventud más pauperizada, no es otra cosa que el subproducto de la presencia de creciente cantidad de cocinas de cocaína en el suelo nacional. Darle una amplia e integrada respuesta desde el Estado y las organizaciones sociales al tema paco es justo y necesario, pero siempre recordando que es solo la más brutal e impactante punta de un iceberg, que en sus estructuras por debajo de la línea de flotación abarca poder económico, sicariato, cadenas logísticas, lavado de dinero y capacidades contables y de defensa legal de primer nivel. Sin entender esto, se estaría poniendo el caballo detrás del carro.
Finalmente, cabe destacar que la lucha contra el narcotráfico dista de ser un tema de izquierda, derecha o centro, ni tiene nada que ver con las tragedias político-ideológicas que se dieron en nuestro país en la década del 70. Basta mirar la intolerancia manifiesta del régimen castrista en Cuba contra la producción y el consumo de drogas. En síntesis, las modas pasajeras, las “juvenilias” tardías o la confusión entre derechos humanos y demandas sociales posmodernas no ayudarán a nuestro país a enfrentar este flagelo.
Héroes reales
Por Martín Lucas
Los protagonistas de la tapa que presentamos este mes son héroes reales. Anónimos, desconocidos para la mayoría, fundamentales a la hora crucial de salvar vidas ante una emergencia. Marcelo Bravo (izquierda) es el coordinador del Dispositivo de Eventos Especiales del SAME; Oscar Herbón (derecha) es chofer de las Unidades de Catástrofes y, en el centro, la doctora Estela Morandi, jefa del Departamento de Desastres del SAME. En ellos, retratamos a todos quienes integran el Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, un sistema imprescindible que ha demostrado toda su valía ante sucesos dramáticos como los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, el incendio de Cromagnón y la reciente tragedia ferroviaria de Once. Dedicamos la nota central de este número a revisar cómo funcionan desde adentro los sistemas de emergencia urbana. La suma y coordinación de servicios médicos de atención, transporte y salvamento de enfermos y accidentados ante una situación inesperada. La notable gestión de recursos humanos y materiales capaces de actuar con eficacia y eficiencia en situaciones extremas. Repasamos qué sucede en Buenos Aires pero también en ciudades como Río de Janeiro, Santiago, Nueva York, Tokio, Madrid y Londres.
Este mes la capital británica será la sede de los Juegos Olímpicos y el caso merece una nota especial. ¿Es posible para un Estado “garantizar” la seguridad frente a un acontecimiento semejante? En Inglaterra creen que no, por eso montaron un dispositivo de seguridad y emergencia solo comparable al implementado durante la Segunda Guerra Mundial.
Previsión y compromiso
Escribe Gustavo Gorriz
“No pueden trabajar aislados los expertos en desastres, los comunicadores o los gerentes. Es la integración y la complementariedad de su trabajo la que hará la diferencia”.
Organización Panamericana de la Salud (2009)
Nuestra publicación encara en este número una temática que ha sido motivo de análisis en la redacción desde hace varios meses. Quizás impactados por las crudas escenas de la tragedia de Once, hace ya tiempo que pensamos en echar una mirada a fondo sobre los sistemas de emergencia. Era algo que considerábamos imprescindible para entender dónde y cómo estamos en la Argentina en lo que se refiere a esta básica tarea que implica la prevención y la acción (mitigación, respuesta y recuperación) frente a acontecimientos adversos inesperados, además de conocer quiénes son y qué piensan las personas que dedican su vida a enfrentar las crisis que resultan cruciales para la vida de cientos de personas.
Analizamos también a fondo lo que nos dejó la Cumbre Río + 20, cuyos magros resultados fueron definidos por el secretario de Medio Ambiente de ese estado brasileño, Carlos Minc, con una simple y sencilla frase: “Ganó la burocracia perdió el planeta”. Menciono esto, no solo por ser una temática recurrente de DEF desde hace muchos años, sino por la coincidencia generalizada de todos los expertos en manifestar que en las emergencias de gran envergadura es central la influencia que el ambiente y su falta de cuidado ejercen sobre esas catástrofes, muchas veces multiplicando sus devastadores consecuencias.
Para contextualizar el tema de las emergencias, de la protección civil y de cómo hacer frente a las alteraciones profundas que pueden afectar a las personas, a la naturaleza y los bienes y servicios de una comunidad, es vital comprender primero aquellos fenómenos de máxima envergadura y las consecuencias que provocan. La Argentina, afortunadamente, no está en el epicentro de ninguna de esas amenazas, que obviamente nadie puede descartar, pero al menos nuestro país no convive con ellas en la vida cotidiana, como sucede en muchos otros rincones de planeta.
Cuando hablamos de tsunamis, sismos, terremotos o huracanes, estamos hablando de la masa de los grandes desastres y emergencias que ocurren en el mundo y que involucran la vida de millones de personas; y, en la mayoría de los casos también, la muerte de cientos de millares de ellos. Provoca también modificaciones estructurales en la geografía y necesidades económicas descomunales para reconstruir aquello que fue afectado. Coincide además con el dato que en la generalidad de los casos los sectores más vulnerables están sumidos en la pobreza extrema, en la precariedad de sus viviendas, asentadas en lugares críticos y marginales y teniendo siempre presente gravísimas falencias sanitarias, alimentarias e higiénicas que duplican la complejidad para enfrentar la crisis.
Solo para confirmar lo antedicho, veamos la situación que provocan los desastres climáticos y medioambientales vinculados a los desplazamientos que obligan a éxodos masivos y en los cuales, casi siempre, arrastran a aquellos con menos recursos a las peores condiciones imaginables. Según la Organización Mundial de Migraciones (OIM), en el 2008 se desplazaron 20 millones de personas por este tipo de catástrofes y menos de un cuarto de ellas por causas bélicas. Curiosamente, solo dos años más tarde, la cifra de desplazados “medioambientales” trepó a 38 millones de personas. Cabe meditar al respecto con cuántos recursos los gobiernos del mundo deben afrontar estas situaciones, cuántos millones de personas quedan involucradas en prestarles servicios de atención, recuperación y reubicación en sus nuevos y muchas veces precarios destinos.
Los efectos de la burocracia sobre la protección del planeta, desde las ilusiones truncadas ya en Copenhagen (2009) hasta la recién finalizada Cumbre de Río, quedan reflejados en la ironía que pronunció la senadora Norma Morandini, presente en la mítica Cumbre de Río de 1992 y en la más reciente de 2012. “Los gobiernos se comprometieron a comprometerse”, comentó la legisladora cordobesa. Esa frase refleja la conciencia general de los ciudadanos del mundo de lo poco prioritario del asunto y de que desastres tremendos como lo ocurrido en Haití son tan solo una muestra de lo infinitamente costoso que resulta esa falta de previsión y responsabilidad. No únicamente por las miles de imprescindibles vidas humanas que se pierden, sino que también de las cifras millonarias que se requieren para la reconstrucción de catástrofes de esa envergadura. Nada tiene menor costo en este tema que la transmisión del conocimiento y el poder disponer de la información adecuada en la fase preventiva como un medio trascendente para atenuar este tipo de situaciones. Tan solo esto que reduciría sensiblemente y de manera geométrica la pérdida de vidas y la aplicación de recursos posteriores; sin embargo, hay pocos antecedentes en el pasado y casi nulos progresos en el presente.
En Sudamérica la alteración de los sistemas ecológicos y la deforestación de sus bosques tiene el agregado de altísimos porcentajes de su población viviendo en condiciones precarias, en zonas vulnerables y en condiciones alimentarias y de higiene de alto riesgo que la llevan a ser considerada una de las zonas más azotadas por los cataclismos naturales del planeta. Sin embargo, hay un aspecto destacable a reconocer: la poca presencia de conflictos graves entre sus países miembros permite la interacción entre ellos y el empleo de las fuerzas armadas y de seguridad que pueden abocarse a afrontar responsabilidades vinculadas con la defensa civil, incluso y muchas veces, trabajando de manera combinada. Esta situación casi obvia ante desastres de magnitud era radicalmente impensable en otros momentos de nuestra historia común.
En este mínimo recuento de las situaciones de emergencia que enfrenta el mundo, no podemos dejar de mencionar las provocadas por la acción directa del hombre. Al accionar del terrorismo en forma global, los conflictos de orden religioso, racial y por motivos económicos, se les suman las nuevas tecnologías. Ellas progresan a diario y generan posibilidades de devastaciones inimaginables, aumentando la accesibilidad de posibilidades letales a a cada vez mayor número de personas.
Este sencillo resumen, sujeto a la tiranía del espacio disponible, no impide comprender la gran complejidad que requiere la integración de equipos multidisciplinarios formados por elementos de seguridad, fuerzas armadas, sanitarios, emergentólogos y de protección civil, cuyo abanico de posibilidades de actuación es extremadamente amplio; y que tanto para desastres naturales como para los efectos de una acción terrorista o producida por cualquier acción bélica (incluidas las químicas y nucleares) solo sirve la previsión y el entrenamiento previo. El rol del Estado en emergencias y desastres es obviamente irremplazable, pero su imprescindibilidad no se pone de manifiesto en las declaraciones de rigor, sino en la asignación del marco jurídico adecuado y en la importancia y recursos concretos y permanentes para afrontar lo descripto.
Vinculado propiamente con la Argentina, como dijimos en una situación relativa general beneficiosa, considerando por ejemplo la vulnerabilidad de algunos vecinos, como Chile, no podemos evitar recordar la grave inundación del litoral de 1998, con más de 100 mil evacuados y casi 18 millones de hectáreas bajo en agua, la misma situación en el 2001 que afectó a casi 800 mil personas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Se reiteró en Santa Fe en el 2003 y luego ocurrió la grave emergencia en el litoral del año 2007. Vinculado con la acción terrorista, son hitos en la historia de nuestro país los dos atentados realizados a comunidad judía, en la Embajada de Israel y posteriormente en la AMIA y ya más cercanos en el tiempo, y relevantes por la pérdida de vidas y el fuerte impacto en toda la sociedad, los gravísimos accidentes del boliche República Cromañón, la catástrofe del avión de LAPA, con 77 muertos y varios mutilados, y el desastre ferroviario de Once, donde se puso en juego en minutos la capacidad de respuesta del Estado frente a una emergencia de vida o muerte que involucraba a centenares de personas.
Como dijimos, lo inicial es contar con un marco jurídico adecuado y lo real es que nuestro país tiene uno, en general, precario. El primer organismo funcionó en el Ministerio de Guerra y la primera norma legal para “emergencias y catástrofes” data de junio de 1939, coincidente con una hipótesis de ataque aéreo como consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Decreto-Ley 6650 de 1958 integraba a las fuerzas de seguridad y a las autoridades civiles. Ya con el retorno de la democracia, cambia el concepto y se convierte en Defensa Civil. Sin embargo, aquella vieja ley, que entre otras cosas permitió la reconstrucción tras el terremoto ocurrido en la localidad sanjuanina de Caucete en 1977, fue abolida en 1986 por el gobierno de Raúl Alfonsín y desde entonces, existieron varios proyectos, entre los cuales destaca la creación del SIFEM (Sistema Federal de Emergencias). Lo preocupante es que aún no exista una legislación adecuada ni definitiva que permita regular la capacidad del Estado en forma global, que facilite presupuestos acordes y programas de reducción de riesgos y que conforme un plan general que, dentro de nuestro sistema federal, de manera tal de minimizar situaciones no deseadas e imprevisibles en cuanto a magnitud y consecuencias.
Como siempre ocurre, es muy valorable el trabajo de los agentes del propio sistema y de la gente de a pie con el reconocido espíritu solidario que nos caracteriza a los argentinos. Y sobre todo, la inestimable labor de los especialistas, los emergentólogos de cualquier condición. Más allá de la condición jurídica y con prescindencia de los recursos disponibles, estos profesionales son un extraordinario motor del sistema. De ellos da cuenta DEF en su nota central de este número. En ella queda claro que solo la vocación profunda, el desprendimiento personal y una infinita capacidad para resolver problemas complejos, con mínimos recursos, es lo que permite atenuar los graves problemas básicos y estructurales que deben enfrentar en su actividad cotidiana.
Emergentólogos, uniformados y civiles, médicos y enfermeras, personal de apoyo, todos por igual, merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento por su tarea ciclópea y estresante, por su esfuerzo y dedicación, a prueba de todo riesgo. Todo esto sería imposible de realizar si no media una vocación sincera, aun a costa de asumir costos personales inevitables.
Todo indica que la complejidad del mundo, las dificultades que registra el planeta en el marco ambiental y las nuevas tecnologías puestas en manos equivocadas solamente auguran más problemas, más complejos y de mayores consecuencias.
Todo aquello que no se haya previsto tendrá un costo infinitamente geométrico en recursos y, lo que es mucho más grave aún, en vidas humanas.