El combate al narcotráfico en nuestro continente suscita dos tendencias en apariencia incompatibles: la progresiva despenalización del consumo de drogas, junto con la militarización de la lucha contra las organizaciones criminales que la comercializan.

Una recorrida por las agendas y propuestas de presidentes y gobiernos tan variados como el de Funes en El Salvador (sostenido en el ex grupo guerrillero FMLN), Santos en Colombia, el general retirado Otto Molina en Guatemala o el indigenista Evo Morales en Bolivia, sin olvidar los debates y proyectos de leyes existentes actualmente en Argentina, nos mostraría un creciente consenso acerca de la necesidad de superar y dejar atrás el abordaje más punitivo y de guerra a la oferta de drogas impulsado desde 1972 por parte de los Estados Unidos. La tendencia apunta a despenalizar el consumo personal y enfatizar la lucha contra las organizaciones criminales, sus cadenas de distribución y reciclado de dinero y movimientos de precursores químicos. Tanto las administraciones inclinadas hacia la derecha, como al centro y a la izquierda apuntan en este sentido.

Este análisis pragmático de la realidad, que ha llevado a tan variados líderes a comenzar a explorar este camino, se ve acompañado por cierto tinte de “juvenilia” propio del espíritu libertario y contestatario del 68 en los EE. UU. y Francia. Sacarse fotos y hacer comentarios filosóficos, políticos o morales con una plantita de marihuana en la mano parece ser políticamente correcto e in. Esta “juvenilia” tendería a ir más allá de la despenalización, ya que busca directamente el aval y el elogio del consumo personal. Una actitud semejante poco tiene que ver con lo que los liderazgos políticos serios deben buscar, o sea, no llenar las cárceles y la Justicia con estos microdelitos, pero sin por ello endiosar o validar la práctica de consumir drogas. Cabe recordar que fumar marihuana puede llegar a ser visto como un tema “personal”, siempre y cuando a esa persona no se le ocurra manejar un auto, camión y/o maquinaria sensible en donde hubiera terceros pasibles de los efectos del mundo de fantasía en el que se adentra.

A modo de paradoja, otra corriente simultánea se acopla a esta tendencia despenalizadora. Nos referimos a la militarización de la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico. Basta con recorrer El Salvador, Honduras, Guatemala, México y el propio Brasil, en especial zonas de Río de Janeiro y las fronteras, para ver un rol activo y creciente de los militares y fuerzas paramilitares tomando cada vez más influencia y control en el día a día de este combate. Ello se produce tanto bajo gobiernos de centroderecha, como el PAN en México, como bajo la exguerrilla marxista FMLN en el Salvador y el PT en Brasil. A primera vista, se podrá argumentar que ambas tendencias distan de ser compatibles, dado que una se refiere al consumo individual, con el énfasis puesto en lo preventivo, social y educativo, y la otra se orientaría hacia grupos criminales que por su poder económico, territorial y de fuego requieren el instrumento extremo de un Estado, tal como sus militares. A estos últimos, el gran estratega Carl Von Clausewitz los definía a comienzos del siglo XIX como “leones enjaulados”, que los decisores solo debían usar cuando se requiriese un resultado tan letal y contundente como el que logra un león.

En el caso argentino, por el momento predomina la tendencia “políticamente correcta” de la despenalización, en algunos casos impulsada por análisis detallados de 40 años de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio y en otros por una rebeldía adolescente tardía de algunos mayores. Sin embargo, esta no se ve acompañada por la recurrencia sistemática y organizada de las Fuerzas Armadas, amén de experiencias en pleno armado como el “Escudo Norte”, que tienen ya la presencia necesaria de medios militares como aviones y radares. Por otra parte, se debe tomar conciencia de que nuestro país ya ocupa uno de los dos primeros puestos en el consumo per cápita de cocaína a nivel regional, y de que las agencias de inteligencia de países tan variados como Colombia, EE. UU. y México no dudan en ver una creciente presencia de organizaciones criminales del narcotráfico con operaciones en esos Estados que ya extendieron sus redes a la Argentina.

Los casos de sicariato que se vienen dando entre bandas colombianas al menos desde el año 2008 en nuestro país, el más reciente pocos meses atrás a plena luz del día y en el barrio de la Recoleta, son un claro reflejo en este sentido. Un repaso por los prontuarios de algunas de esas víctimas y victimarios mostraría su paso o pertenencia tanto a carteles, como a las FARC o a grupos paramilitares. El creciente rol que ha asumido el mercado de la cocaína en Europa, vis a vis el estancamiento y hasta descenso del consumo de esa droga en los EE. UU., hace que los puertos atlánticos argentinos, brasileños y uruguayos adquieran cada vez mayor importancia. Sin olvidar que, en varios casos, esta droga que sale desde el Cono Sur, Venezuela, Colombia y el Caribe, hace escalas en África, en donde en diversas situaciones se ha comprobado el rol facilitador de milicias y facciones armadas vinculadas al terrorismo de Al-Qaeda.

La impactante problemática del paco, que asola a nuestra juventud más pauperizada, no es otra cosa que el subproducto de la presencia de creciente cantidad de cocinas de cocaína en el suelo nacional. Darle una amplia e integrada respuesta desde el Estado y las organizaciones sociales al tema paco es justo y necesario, pero siempre recordando que es solo la más brutal e impactante punta de un iceberg, que en sus estructuras por debajo de la línea de flotación abarca poder económico, sicariato, cadenas logísticas, lavado de dinero y capacidades contables y de defensa legal de primer nivel. Sin entender esto, se estaría poniendo el caballo detrás del carro.

Finalmente, cabe destacar que la lucha contra el narcotráfico dista de ser un tema de izquierda, derecha o centro, ni tiene nada que ver con las tragedias político-ideológicas que se dieron en nuestro país en la década del 70. Basta mirar la intolerancia manifiesta del régimen castrista en Cuba contra la producción y el consumo de drogas. En síntesis, las modas pasajeras, las “juvenilias” tardías o la confusión entre derechos humanos y demandas sociales posmodernas no ayudarán a nuestro país a enfrentar este flagelo.