Con sede en La Haya, Países Bajos, la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal permanente creado para juzgar a individuos responsables de los crímenes más graves contra la población mundial, como el genocidio, los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Su base legal es el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y en vigor desde 2002.
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A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve disputas entre Estados, la CPI juzga a las personas. Ni presidentes ni jefes de gobierno quedan exentos. El propio Estatuto establece que el cargo oficial no exime de responsabilidad penal.
Corte Penal Internacional (CPI): la historia detrás de su creación
La idea de crear un tribunal penal internacional tiene raíces que se remontan a 1919, cuando las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial intentaron juzgar al káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, sin llegar a ningún acuerdo. Décadas después, los juicios de Núremberg y Tokio, tras la Segunda Guerra Mundial, representaron un avance, aunque fueron tribunales específicos para esos conflictos.
Con esos antecedentes, la CPI comenzó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. Fue, en definitiva, la respuesta de la comunidad internacional a la necesidad de contar con un mecanismo permanente y no condicionado a conflictos puntuales.
Actualmente, 125 Estados son parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, potencias como Estados Unidos, Rusia, China e India no lo ratificaron, lo que limita de manera significativa la jurisdicción práctica del tribunal sobre sus nacionales.
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La CPI no funciona como un cuerpo supranacional, sino que complementa los sistemas jurídicos de los países que firmaron el acuerdo. Solo interviene cuando un Estado no puede o no quiere investigar y juzgar los crímenes cometidos en su territorio.
El caso Putin y los límites del tribunal
La CPI emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación con presuntos crímenes de guerra por la deportación y el traslado ilegal de niños de la Ucrania ocupada hacia territorio ruso. Junto a él, también fue imputada Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada rusa de Derechos del Niño.
Mediante decretos presidenciales, se modificó la ley en Rusia para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, lo que facilitó que muchos de esos niños fueran adoptados por familias rusas. El fiscal de la CPI calculó que al menos cientos de menores provenientes de orfanatos y hogares de acogida fueron trasladados de ese modo.
Ni Rusia ni Ucrania son partes en el Estatuto, pero Kiev le otorgó jurisdicción a la CPI para investigar crímenes de guerra cometidos en su territorio. Eso habilitó legalmente la apertura de la investigación, aunque no resuelve el problema práctico del arresto.
Si Putin pisara cualquier país bajo la jurisdicción de la CPI, ese Estado estaría obligado a arrestarlo. Pero Rusia no reconoce al tribunal ni tiene obligación de cooperar, lo que hace casi imposible una detención en el corto plazo. La orden, sin embargo, envía una señal política clara y limita la capacidad de los funcionarios rusos de viajar internacionalmente.
