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Francia y Reino Unido: el nuevo pacto para hacerle frente a la inmigración ilegal

Dos partidos de ultraderecha de estos países prometieron, de llegar al poder, actuar en conjunto para frenar los cruces irregulares por el canal de la Mancha.

Nigel Farage y Jordan Bardella, líderes ultraderechistas en Europa, firmaron un memorando de entendimiento para combatir juntos la inmigración ilegal si sus partidos alcanzan el gobierno en Reino Unido y Francia, respectivamente. El anuncio se hizo desde el escenario principal del congreso anual de Reform UK, con una copia gigante del documento exhibida ante los delegados.

El pacto contempla la devolución de embarcaciones que salgan de costas francesas y entren en aguas territoriales británicas, además de políticas migratorias más restrictivas en ambos países.

Francia y Reino Unido: un pacto para frenar la inmigración ilegal en el canal de la Mancha

Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, se presentó como invitado principal del congreso de Reform UK en Birmingham y adelantó que, si su partido gana las elecciones presidenciales de Francia en 2027, hará todo lo posible para impedir que los botes con migrantes crucen el canal hacia territorio inglés. Sostuvo que Francia no debe seguir siendo una puerta de entrada hacia el Reino Unido y que quienes lleguen de forma irregular deben ser devueltos a sus países de origen.

El memorando establece que un futuro gobierno de Reform UK podría interceptar embarcaciones que hayan zarpado de costas francesas y hayan ingresado en aguas británicas, para luego devolver a los ocupantes a Francia. Esa devolución solo sería posible si Agrupación Nacional gobierna en Francia y acepta recibir a esas personas.

Reform UK es un partido político británico de derecha radical y populista con Nigel Farage como líder principal de la formación.

El acuerdo también respalda la llamada Operación Fortaleza, impulsada por Reform UK, que propone que la Marina Real británica intercepte pequeñas embarcaciones en el canal. La iniciativa generó cuestionamientos legales, ya que las devoluciones forzosas en altamar podrían chocar con compromisos internacionales de protección a personas refugiadas.

Ambos dirigentes calificaron el entendimiento como histórico y lo presentaron como una alternativa más dura frente a las políticas migratorias vigentes en Londres y en París. Bardella afirmó que, si “el pueblo” llega a gobernar en los dos países, Reino Unido y Francia “moldearán juntos” el futuro de Europa, y agregó que Farage devolvió “el sentido común” a la política británica.

Migración en Europa: qué dice el derecho internacional

La propuesta de interceptar botes y devolver a sus ocupantes a Francia sin más trámite choca con un principio central del derecho internacional de los refugiados, el de no devolución, también llamado non-refoulement. Esa norma prohíbe a un Estado expulsar o devolver a una persona hacia un territorio donde su vida o su libertad puedan correr peligro, y rige incluso para quienes todavía no fueron reconocidos formalmente como refugiados.

Ese principio nace de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que Reino Unido es parte desde su firma. Por eso, aunque el país abandonó la Unión Europea (UE) en 2020 y no está sujeto a las directivas migratorias del bloque, sigue obligado por ese tratado internacional, que hoy suscriben 142 países.

La propuesta de interceptar botes y devolver a sus ocupantes a Francia sin más trámite choca con un principio central del derecho internacional de los refugiados, el de no devolución.

A eso se suma el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado del Consejo de Europa, organismo distinto de la UE, del que Reino Unido tampoco se retiró. La Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ya falló en el pasado contra Londres por casos de expulsión que ponían en riesgo la integridad de las personas devueltas.

En la práctica, esto significa que cualquier persona que llegue a aguas británicas y exprese su intención de pedir asilo debería tener acceso a ese proceso antes de ser devuelta, más allá de si llegó de forma irregular. Especialistas en derecho migratorio ya señalaron que una devolución automática, como la que plantea el acuerdo entre Reform UK y Agrupación Nacional, podría ser impugnada ante los tribunales si alguna vez se pusiera en marcha.

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