Gran Bretaña y Francia firmaron un nuevo pacto migratorio de tres años orientado a frenar el cruce irregular de inmigrantes indocumentados por el Canal de la Mancha. El acuerdo, obtenido tras meses de negociaciones sobre la renovación del tratado de Sandhurst, compromete al Reino Unido a financiar con hasta 766 millones de euros los operativos de vigilancia costera que desplegará París para impedir la salida de emigrantes hacia territorio británico.
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El pacto llega en un contexto de cifras críticas. Durante 2025, 41.472 personas llegaron de manera irregular al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, la segunda cifra anual más elevada desde que comenzaron los cruces masivos en 2018. Al menos 29 inmigrantes perdieron la vida en el mar durante ese año en el Canal de la Mancha.
El acuerdo bilateral entre Reino Unido y Francia sobre migración en el Canal de la Mancha
La hoja de ruta del Ministerio del Interior francés detalla que Francia incrementará el número de agentes policiales en la costa en más de la mitad, hasta alcanzar 1.400 efectivos para 2029, con el fin de combatir la inmigración irregular hacia el Reino Unido. La medida supone un despliegue sin precedentes en la franja costera del norte de Francia, donde los inmigrantes suelen ocultarse entre las dunas mientras esperan condiciones favorables para intentar la travesía.
Aproximadamente una cuarta parte de la suma comprometida estará sujeta a condiciones y solo se pagará si se obtienen efectos concretos. Los gobiernos establecieron que, si las nuevas medidas no dan resultados suficientes según una evaluación anual conjunta, la financiación se redirigirá hacia nuevas acciones. Se trata de una cláusula de rendición de cuentas que no existía en versiones anteriores del acuerdo y que el Reino Unido exigió como condición para renovar el tratado.
La firma se produce después de meses de negociaciones y disputas sobre la renovación del tratado de Sandhurst, que establece la contribución financiera británica a los esfuerzos franceses para frenar los cruces de inmigrantes. El Reino Unido reclamó durante largo tiempo que Francia no hacía lo suficiente para impedir la salida de posibles solicitantes de asilo desde sus costas, lo que obligaba a los inmigrantes y traficantes a asumir riesgos cada vez mayores para evitar los controles.
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Londres advirtió que solo renovaría el tratado de Sandhurst, vigente desde 2018, prorrogado en 2023 y con vencimiento este año, si podía imponer condiciones sobre la utilización de los fondos públicos británicos por parte del gobierno francés.
Inmigrantes: el drama humano detrás de los cruces y los límites del derecho internacional
A su vez, Francia estudia reforzar el operativo con la utilización de drones, helicópteros y recursos digitales para mejorar la prevención de cruces y reducir la cantidad de salidas, principalmente de los llamados “taxis acuáticos”. Estas pequeñas embarcaciones motorizadas son el método más empleado por las redes de tráfico de personas, que recogen grupos en puntos previamente acordados de la playa.
Según el derecho internacional del mar, una vez que una embarcación se aleja de la costa, las autoridades solo pueden intervenir si se trata de un rescate para salvar vidas en riesgo de ahogamiento. Esa limitación legal es la que convierte la vigilancia costera previa al zarpe en el único momento efectivo de intervención, y explica por qué el aumento de efectivos en tierra es el eje central del acuerdo.
La urgencia del pacto quedó subrayada por la tragedia ocurrida apenas semanas antes de su firma. El pasado 9 de abril, cuatro personas murieron cuando intentaban abordar una embarcación inflable en una playa del norte de Francia. El grupo se preparaba para zarpar desde la zona de Equihen-Plage, en la región de Pas-de-Calais, y fue sorprendido por corrientes intensas que arrastraron a dos hombres y dos mujeres hasta provocar su muerte.
El operativo de rescate posterior permitió salvar a otras 38 personas, una de ellas en estado crítico y bajo atención médica de urgencia. El incidente ocurrió en la extensa franja de arena y dunas de lacosta norte francesa, territorio donde la vigilancia policial convive con lapresencia constante de redes criminales que organizan los cruces y donde el nuevo acuerdo bilateral deberá demostrar, en los próximos tres años, si es capaz de revertir una crisis migratoria que lleva casi una década sin solución.
