El fiscal chileno Héctor Barros, a cargo del Equipo de Crimen Organizado, volvió a señalar públicamente al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, como el responsable de ordenar al Tren de Aragua y financiar el homicidio de Ronald Ojeda, un exteniente del Ejército venezolano que vivía exiliado en la capital chilena. La acusación se reforzó tras las últimas extradiciones concretadas en la causa. Medios de Venezuela recogieron las declaraciones del funcionario judicial de Chile, que apuntan directamente a la cúpula del chavismo como responsable intelectual del crimen.
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Ronald Ojeda, de 32 años, había participado en intentos de desestabilización contra el gobierno de Nicolás Maduro, el más reciente en la zona fronteriza norte de Venezuela poco antes de su asesinato. Meses después de ese episodio, fue secuestrado desde su vivienda en la comuna de Independencia, en Santiago. Luego, su cuerpo apareció enterrado bajo una capa de cemento, lo que confirmó el desenlace fatal del secuestro.
Diosdado y el Tren de Aragua: la reconstrucción del crimen y el rol atribuido al ministro del Interior
Según la investigación chilena, el secuestro de Ojeda no siguió el patrón habitual de los operativos del Tren de Aragua, que suele exigir rescates económicos a las familias de sus víctimas. En este caso, los responsables se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones para acceder a la vivienda del exteniente, lo que evidencia una planificación distinta a la de un secuestro extorsivo común y refuerza la hipótesis de un encargo político.
Héctor Barros fue categórico al describir la cadena de mando detrás del crimen. Afirmó que Cabello fue quien llevó adelante la negociación y quien estaría detrás del pago realizado a la organización criminal. De acuerdo con los elementos reunidos por la Fiscalía, la célula que ejecutó el secuestro recibió apenas una parte del monto acordado, mientras que el resto habría quedado en manos de los líderes de la banda.
Los testigos consultados en la causa señalan que la orden se transmitió desde Cabello hacia Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, máximo líder del Tren de Aragua, y que éste, a su vez, instruyó a la célula conocida como Los Piratas, encargada de ejecutar el operativo en territorio chileno. Esta cadena de mando es central para sostener la responsabilidad política del caso.
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El expediente judicial y los obstáculos para una eventual extradición
La causa judicial avanzó recientemente con la llegada a Chile de dos personas extraditadas, identificadas como Rafael Gámez Salas, conocido como “El Turko”, que fue enviado desde Estados Unidos, y Alfredo Carrillo Ortiz, alias “El Gocho”, extraditado desde Colombia. Un tribunal chileno dispuso la prisión preventiva de ambos mientras avanza el proceso. El juicio oral por el crimen se fijó para el 20 de octubre.
Respecto de Diosdado Cabello, Barros fue claro al señalar que, de encontrarse en territorio chileno, lo más probable es que ya pesara sobre él una orden de detención. Sin embargo, una eventual extradición enfrenta un obstáculo constitucional de fondo, ya que la Carta Magna venezolana prohíbe expresamente la entrega de sus propios ciudadanos a la justicia de otros países, lo que en la práctica blinda a los funcionarios señalados en la causa.
La Fiscalía chilena aseguró que reunirá las pruebas que sean necesarias para fortalecer el expediente y no descartó la posibilidad de interrogar en algún momento a Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos. Cabello, por su parte, desestimó en el pasado de manera pública la hipótesis de que el crimen haya sido ordenado desde Caracas, sin ofrecer hasta el momento una explicación alternativa sobre el origen de la operación.
