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Perú: Fujimori busca retomar el servicio militar obligatorio, previamente suspendido por su padre

Senadores piden evaluar el regreso de una medida que rigió más de un siglo en el país sudamericano. De todos modos, el actual Gobierno aún no presentó una propuesta formal.

El servicio militar obligatorio volvió a ser tema de debate en Perú. Senadores de Fuerza Popular, el partido de la presidenta Keiko Fujimori, respaldaron analizar su regreso, más de 25 años después de que su padre, Alberto Fujimori, lo reemplazara por un sistema voluntario.

De esta manera, el debate aparece en medio de la preocupación por la inseguridad y el crimen, y mientras la aprobación de la presidenta cae a 28,3%, a menos de tres meses de la asunción de Keiko al poder. De todas formas, la mandataria explicó que se trataba de una postura personal de una legisladora de su bancada.

Perú: Keiko Fujimori reabrió el debate por el servicio militar obligatorio 

El senador Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, dijo que está de acuerdo con que se evalúe la vuelta de la obligatoriedad. Aclaró que cualquier planteo debe ser analizado por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado.

Por su parte, Iber Maraví, de Juntos por el Perú, partido opositor al fujimorismo, reconoció la utilidad de la preparación que recibe quien presta el servicio y su valor para la defensa nacional. Sin embargo, remarcó que cada gobierno tiene su propio enfoque, por lo que el tema reunió voces de sectores muy distintos.

Pese a que asumió el cargo hace menos de 3 meses, su aprobación cayó a 28,3%.

A su vez, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, también se mostró a favor, siempre que los jóvenes reciban formación técnica que les sirva para conseguir empleo después. Precisó, también, que es una opinión personal y que no compromete a la gestión de Fujimori. Hasta ahora no hay un proyecto de ley concreto para restablecer la obligatoriedad ni una decisión oficial del Gobierno. Se trata de una discusión política que todavía no tiene respaldo legal ni trámite parlamentario.

El servicio militar obligatorio se consolidó en Perú con la ley de 1898, durante el gobierno de Nicolás de Piérola. Existían normas de reclutamiento desde el siglo XIX, pero esa ley fijó el sistema que luego se mantuvo durante décadas. Estuvo vigente durante unos 101 años y atravesó gobiernos civiles y militares. Durante todo ese tiempo, los jóvenes de entre 18 y 30 años debían inscribirse y cumplir con el llamado de las Fuerzas Armadas.

Su final llegó en 1999, cuando se aprobó la Ley del Servicio Militar durante el gobierno de Alberto Fujimori. La norma instauró un sistema voluntario y prohibió el reclutamiento forzoso, por lo que el propio padre de la actual presidenta fue quien desmanteló el modelo obligatorio.

Cómo funciona hoy el servicio militar en Perú y qué propuestas hubo antes

En la actualidad, el servicio es voluntario. Los jóvenes pueden incorporarse al Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea, con beneficios y una compensación económica mensual. Aun así, las y los peruanos deben inscribirse en el registro militar al llegar a la edad correspondiente.

Los intentos por volver al modelo obligatorio no son nuevos. La entonces congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, presentó en 2024 un proyecto con el argumento de que incorporar jóvenes a las Fuerzas Armadas ayudaría a alejarlos de delitos como el sicariato, la extorsión y los secuestros. En ese mismo período, el distrito limeño de Los Olivos propuso una medida similar ante los problemas de inseguridad ciudadana.

Pese a que su padre, Alberto Fujimori, fue quien dejó sin efecto el servicio militar obligatorio, Keiko piensa en volver a implementarlo.

Más tarde, el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) anunció que enviaría al Congreso una iniciativa para recuperar el servicio militar y policial obligatorio, dentro de un paquete de medidas contra la criminalidad. Esa propuesta también contemplaba sumar a la Policía Nacional a quienes hubieran cumplido el servicio.

Quienes apoyan la vuelta de la obligatoriedad sostienen que aporta disciplina, capacitación y oportunidades a los jóvenes. Los críticos cuestionan que pueda prevenir el delito y advierten que habría que definir quién paga los costos y si existe infraestructura para alojar a miles de reclutas.

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