InicioSeguridadUruguay: polémica por una controvertida medida del gobierno para enfrentar la inseguridad

Uruguay: polémica por una controvertida medida del gobierno para enfrentar la inseguridad

Una decisión del gobierno de Yamandú Orsi genera debate dentro de la propia coalición gobernante. En qué consiste la medida y quiénes la ejecutarán.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, anunció una medida para reforzar la lucha contra el crimen organizado en el país. La capital, Montevideo, vivió, a comienzos de junio, una ola de delitos y asesinatos, atribuidos a ajustes de cuentas entre bandas delictivas.

La polémica decisión del Ejecutivo es que la Policía utilice doce vehículos blindados del Ejército para patrullar las calles. Se trata de unidades que habían sido donadas por Estados Unidos para misiones de paz.

Un modelo de Mamba MK7, el vehículo blindado entregado por EE.UU. a Uruguay que será utilizado para patrullaje policial.

Los Mamba MK7 son blindados diseñados para operar en entornos extremos. Cuentan con un blindaje especial, que les permite resistir a ataques con munición perforante y explosivos, así como a la detonación de minas antitanque.

El patrullaje estará a cargo de la Policía, pero solo están autorizados a conducir los vehículos miembros de las Fuerzas Armadas, que recibieron la instrucción para ello de parte del país donante de los blindados.

Crimen organizado: polémica en Uruguay por el uso de blindados para enfrentar al delito 

“Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea”, precisó Yamandú Orsi, en referencia de una nueva estrategia de intervención territorial que intensifica las acciones preventivas focalizadas en distintos puntos de Montevideo.

El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció la situación crítica en materia de seguridad en EE.UU.

“La gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y no podemos escatimar ningún esfuerzo”, afirmó el mandatario, quien confirmó que es “una decisión tomada”.

Ante los cuestionamientos, que surgieron del seno del propio Frente Amplio que volvió a gobernar el país en marzo de 2025, Orsi aseguró que “no es un tema de imagen, es de acción, y hay que resolver”.

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó que la medida “no pasa por encima de ningún precepto constitucional”.

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