El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que su país enfrenta una de las mayores amenazas de su historia reciente y denunció que el narcotráfico estaría financiando las movilizaciones y bloqueos que desde hace semanas paralizan distintas regiones del territorio boliviano.
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Bolivia: Rodrigo Paz denunció vínculos entre las protestas y el narcotráfico
Durante la asunción del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario afirmó que Bolivia enfrenta “la batalla de las batallas” contra estructuras que buscan impedir los cambios impulsados por su gobierno y llamó a los sectores movilizados a retomar el diálogo para encontrar una salida a la crisis.
El mandatario boliviano sostuvo que detrás de parte de las movilizaciones existen intereses vinculados al narcotráfico y a sectores que buscan desestabilizar a su administración.
Según el gobierno de Rodrigo Paz, las organizaciones criminales se verían afectadas por las medidas adoptadas en materia de seguridad y por la cooperación internacional con Estados Unidos y el Escudo de las Américas para combatir el tráfico de drogas.
El Ejecutivo ya había señalado en semanas anteriores que algunos grupos movilizados mantienen vínculos con sectores políticos y el crimen organizado que se oponen a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
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Diálogo y estados de excepción: las medidas para atenuar la crisis en Bolivia
A pesar de las acusaciones contra ciertos actores, el presidente de Bolivia insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos y sociales: convocó a los sectores movilizados a participar de instancias de diálogo y reiteró que la negociación sigue siendo el principal mecanismo para resolver el conflicto.
Semanas atrás, ya había impulsado la creación de un Consejo Económico y Social para reunir a organizaciones sociales, sindicatos y representantes políticos con el objetivo de buscar soluciones a la crisis.
En paralelo, presentó ante el Parlamento un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción con el objetivo de fortalecer el marco institucional y brindar mayor seguridad jurídica a la actuación de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia.
El gobierno considera que la norma permitirá responder de manera más efectiva ante escenarios de crisis severa sin vulnerar el orden constitucional.
Sin embargo, el escenario es poco alentador. El gobierno deRodrigo Paz atraviesa uno de los momentos más delicados desde su poder en noviembre de 2025. Las protestas comenzaron por reclamos económicos vinculados a la inflación, el costo de vida y decisiones adoptadas por el gobierno, pero luego derivaron en pedidos de renuncia presidencial y bloqueos masivos en distintas regiones del país, incluida la capital.
La situación provocó que La Paz sufriera escasez de combustibles, problemas de abastecimiento de alimentos y la paralización de actividades económicas, a raíz de los cortes a corredores logísticos claves.
La asunción del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y los cambios introducidos a los estados de excepción muestran la necesidad de reforzar la institucionalidad en medio de la falta de diálogo y la agudizada crisis socioeconómica.
