Las protestas en Bolivia comenzaron a principios de mayo, convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores sindicales y campesinos, con demandas económicas como el aumento salarial y mejoras en el abastecimiento de combustible. Con el paso de las semanas, el conflicto se amplió hasta incorporar la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien lleva solo seis meses en el poder.
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Las movilizaciones se iniciaron en el departamento de La Paz y luego se extendieron a las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí. Los bloqueos de rutas sostenidos por las manifestaciones dejaron a las principales ciudades del país con dificultades para recibir insumos básicos, lo que profundizó la presión sobre el gobierno.
Bolivia: el Congreso derogó la Ley 1341 y abre la puerta al estado de excepción
La norma en cuestión, vigente desde el año 2020, regulaba la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflictividad social. La denominada “Ley Copa” sirvió para establecer límites al Poder Ejecutivo para declarar un estado de excepción, con el objetivo de garantizar el control parlamentario sobre ese tipo de medidas.
Su orígen se remonta a la crisis política de 2019, cuando Evo Morales, tras varias denuncias de fraude electoral y una ola de protestas que dejó un saldo de 20 muertos, renunció a la presidencia y el Congreso estableció esa restricción sobre el Ejecutivo.
Ahora, con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó esa restricción. La sesión se desarrolló de forma virtual, con 117 de los 130 diputados presentes, y el debate se extendió por más de cinco horas. La derogación no crea ni elimina la figura del estado de excepción, que ya está contemplada en la Constitución boliviana, sino que retira los procedimientos que regulaban su aplicación.
El presidente Rodrigo Paz promulgó la ley y el Congreso autorizó a desplegar a las Fuerzas Armadas para intentar recuperar el control de la situación. Con ese marco legal, el Ejecutivo puede ordenar operativos militares de apoyo a la Policía y actuar con mayor autonomía sin requerir aval parlamentario previo.
El contexto actual de la crisis boliviana
Durante las manifestaciones, se registró la muerte de un joven de 24 años en el marco de la intervención policial. El gobierno, a su vez, reconoció el hecho luego de haberlo negado un día antes y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que los oficiales tienen instrucción de no usar armas de fuego.
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Según los legisladores que impulsaron la medida, el objetivo es restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos. El foco está puesto, en especial, en ciudades como La Paz, El Alto y Oruro, donde miles de vehículos llevan más de tres semanas varados en las rutas nacionales.
Desde la oposición, algunos legisladores señalaron que la nueva ley podría entrar en tensión con acuerdos internacionales de derechos humanos al ampliar el rol del Ejército en el control del orden interno. El oficialismo, por su parte, sostuvo que los ataques a las fuerzas de seguridad y el uso de explosivos, por parte de algunos manifestantes, justifican unarespuesta de mayor alcance.
