Bolivia atraviesa una nueva crisis política y social, entre bloqueo de camiones, marchas multitudinarias y pedidos de renuncia al presidente Rodrigo Paz Pereira. Las protestas, que comenzaron con demandas sindicales y rechazo a una ley de reforma agraria, escalan y suman actores sociales que agudizan la tensión en el país.
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La situación llamó la atención de la región, con pronunciamientos de expresidentes, gobiernos de turno y organismos multilaterales. La crisis también derivó en una ruptura diplomática con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro expresara en reiteradas ocasiones su apoyo a las movilizaciones.
Bolivia vs. Colombia: Petro apoyó las protestas y Paz declaró a la embajadora “persona non grata”
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, informó sobre la expulsión de la embajadora colombiana, Elizabeth García, y su posterior designación como persona no grata. Precisó que, en las horas siguientes, se emitiría un comunicado oficial con el pronunciamiento formal de la Cancillería.
El hecho ocurre luego de las reiteradas declaraciones públicas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en respaldo a las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. El mandatario colombiano habría realizado unas siete publicaciones en su cuenta de X (ex Twitter) durante la semana previa, en las que respaldó las movilizaciones sociales y al expresidente Evo Morales.
En una de ellas, calificó las protestas como “una insurrección popular” frente a “la soberbia geopolítica” y, en otra, señaló que Bolivia se coloca “al frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”. Petro también ofreció mediación en el conflicto. Afirmó que su gobierno estaba dispuesto, si era invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana. Sin embargo, la Cancillería de Bolivia ya había descartado mediación internacional para resolver sus conflictos internos.
Esta ruptura diplomática es la tercera que se produce en el último mes. Antes hubo una situación de estancamiento con los embajadores de Irán y Rusia. Dichos funcionarios asistieron a la posesión del gobernador de Cochabamba, el dirigente cocalero Leonardo Loza, en un gesto que algunos analistas interpretaron como un posicionamiento político frente al nuevo contexto boliviano.
Desde que el presidente Paz asumió el gobierno, en noviembre pasado, Bolivia reorientó su política exterior y se acercó a países como Estados Unidos e Israel, con los que no mantenía relaciones diplomáticas plenas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las repercusiones de la crisis y el pedido de alerta a la OEA
Más de 30 exmandatarios integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea) firmaron una carta abierta en la que pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a España vigilar la situación en Bolivia. Entre los firmantes figuran los expresidentes bolivianos Jeanine Añez y Jorge Quiroga, el mexicano Vicente Fox, la costarricense Laura Chinchilla, el español Mariano Rajoy, el colombiano Iván Duque y el argentino Mauricio Macri.
En el documento, los exmandatarios advirtieron que “la manipulación política de la protesta social, en la experiencia de Bolivia, se direcciona a afectar la estabilidad de las instituciones democráticas” y urgieron a los gobiernos democráticos a mantenerse vigilantes. El Grupo Idea también señaló su preocupación por la escasez de alimentos y productos básicos en La Paz, ciudad que se mantiene prácticamente sitiada.
El Grupo Idea destacó que Bolivia tiene un gobierno legítimo, producto del ejercicio libre de la soberanía popular, que asumió en noviembre tras ganar el balotaje con el 55% de los votos.
Al menos ocho países latinoamericanos, junto al gobierno de Estados Unidos, también expresaron su preocupación por los estallidos sociales. En ese marco, el Consejo de Seguridad de la OEA fue convocado para abordar la situación boliviana.
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En paralelo, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, descartó decretar estado de excepción, pero aseguró que se reforzarían los controles policiales y militares para evitar una mayor escalada de violencia. El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció que se identificaron pedidos para que los manifestantes porten armamento durante las protestas, aunque hasta el momento no se registraron heridos ni fallecidos por armas de fuego.
El conflicto parece alejarse de una resolución inmediata, con nuevos sectores que se suman a las protestas y la situación humanitaria que se agrava en la capital.
