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“Atentados contra la democracia”: Estados Unidos impone sanciones a funcionarios de Perú, Bolivia y Colombia

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció sanciones y revocación de visados para exfuncionarios, jueces y políticos de Bolivia, Colombia y Perú. ¿Quiénes son?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la imposición de nuevas restricciones de visa e inhabilitaciones de ingreso a territorio estadounidense para ciudadanos extranjeros acusados de socavar la democracia y el Estado de derecho en América Latina.

La medida abarca a exmagistrados, jueces, políticos y empresarios en Bolivia, Colombia y Perú, e incluye en diversos casos la revocación inmediata de visados vigentes tanto para los señalados como para sus familiares directos.

Atentados contra la democracia, crimen organizado y narcotráfico

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, esta política busca enviar un mensaje contundente contra los actos de corrupción, manipulación judicial e interferencia antidemocrática en la región.

“Bajo la Administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en Estados Unidos. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos“, señaló el organismo en su comunicado oficial.

El Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, impuso nuevas sanciones a funcionarios y empresarios acusados de corrupción y vínculos con el crimen organizado en Bolivia, Colombia y Perú

En un principio, el Departamento de Estado revocó las visas de los sancionados y pierden el derecho a ingresar a Estados Unidos para viajes personales, de negocios o diplomáticos. En casos específicos como el del magistrado peruano Juan Carlos Núñez Matos, la cancelación del visado se extiende a su entorno familiar inmediato.

La medida refuerza las herramientas de la Sección 7031(c) y normativas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para disuadir la impunidad y la manipulación de los sistemas de justicia en América Latina.

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Lista completa de los sancionados por país

A continuación se presenta el listado completo de los ciudadanos y funcionarios incluidos en la declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos:

Bolivia

El Departamento de Estado aplicó restricciones de visado a seis ciudadanos bolivianos por acciones que vulneran la institucionalidad democrática:

  • Israel Ramiro Campero Méndez: Magistrado Constitucional.
  • Alberto Samuel Soto de la Vía: Expresidente Ejecutivo de la Aduana Nacional.
  • Iván Ramiro Campero Villalba: Exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Rodrigo Aldo Vedia Espinoza: Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.
  • Frans William Cabrera Quispe: Coronel de la Policía Boliviana.
  • José Luis Iriarte Cussi: Empresario privado.

Colombia

Se revocaron los visados de dos personas vinculadas a sectores empresariales y legislativos:

  • Euclides Antonio Tores Romero: Empresario privado y propietario de un conglomerado con operaciones en energía, señalización vial e iluminación pública.
  • Martha Isabel Peralta Epieyú: Senadora de la República, afiliada a la coalición Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Perú

Las sanciones alcanzaron a un miembro del Poder Judicial peruano y a su núcleo familiar:

  • Juan Carlos Núñez Matos: Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima (la medida incluye la revocación de visados a él y a su familia).

El Departamento de Estado también designó públicamente al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en casos de corrupción graves. Esta medida hace que Mariaca y sus familiares directos no puedan ingresar a los Estados Unidos.

Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante la presidencia del exizquierdista Luis Arce, y ex fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.

Para el Departamento de Estado, “sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”.

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