A una década de la firma del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC, el país atraviesa una encrucijada determinante en su historia reciente. Aunque la conmemoración evoca la entrega masiva de armas, el país enfrenta un conflicto armado profundamente fragmentado, donde la lucha contra las guerrillas y los grupos ilegales no solo persiste, sino que se intensificó bajo nuevas dinámicas territoriales y modelos de confrontación.
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10 años de paz en Colombia: más grupos guerrilleros y pocos resultados
El panorama de seguridad refleja una metamorfosis del conflicto tras el desarme de la insurgencia más antigua del continente. Lejos de extinguirse el riesgo, el vacío institucional dejado por las FARC en zonas periféricas propició el surgimiento y la consolidación de más de 30 estructuras armadas ilegales.
Este fenómeno abarca desde grupos disidentes dedicados a disputar el legado simbólico y militar de las FARC hasta organizaciones criminales de alto impacto dedicadas al crimen transnacional y al control de economías ilícitas. Las cifras al cierre de los últimos balances oficiales indican que estos grupos superan los 27.000 integrantes entre hombres armados y redes de apoyo, registrando incrementos anuales superiores al 23% en sus filas.
El crecimiento de los actores armados no responde al modelo tradicional de una gran guerrilla unificada de alcance nacional, sino a un entramado de estructuras locales y subregionales altamente autónomas. Dentro de este mosaico conviven disidencias históricas como el Estado Mayor Central (EMC) y sus divisiones territoriales, la Segunda Marquetalia y facciones escindidas como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) o la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Paralelamente, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene su presencia ideológica e hipertrofia militar, mientras que estructuras del narcotráfico como el Clan del Golfo expanden su pie de fuerza mediante alianzas locales o confrontaciones directas con insurgencias locales y grupos como los Comandos de la Frontera.
Esta transformación se debe fundamentalmente a la rentabilidad de las economías ilegales como el narcotráfico, la minería no autorizada y la extorsión sistemática. La captación de estas rentas permite a los mandos ilegales ofrecer incentivos económicos, sueldos fijos y beneficios para el reclutamiento, desplazando el adoctrinamiento político por una operatividad mercantil del crimen. Además, la ruptura de pactos de coexistencia entre las distintas facciones desató disputas territoriales intensas en regiones vulnerables como el Catatumbo, el Cauca y el Pacífico, donde las comunidades campesinas e indígenas sufren las consecuencias del confinamiento, el desplazamiento y las presiones por gobernanza local impuestas por los armados.
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La postura del Gobierno De la Espriella: Del diálogo al sometimiento estricto
Frente a este escenario de deterioro en el orden público y ante el agotamiento de los esquemas de paz y negociación tradicionales, el presidente Abelardo de la Espriella marcó un giro drástico en la doctrina de seguridad del Estado.
Su estrategia se distancia del modelo de diálogo político extendido y de las mesas de concertación con estatus insurgente, articulando una respuesta basada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la recuperación violenta del control territorial y la imposición de un marco restrictivo de sometimiento a la justicia ordinaria.
Bajo el postulado de que las concesiones estatales dinamizaron el fortalecimiento criminal, la postura oficial del Gobierno De la Espriella elimina la figura de gestores de paz para miembros de grupos ilegales y la suspensión de órdenes de captura, condicionando cualquier desmantelamiento al imperio de la ley, la entrega total de bienes y la colaboración judicial.
La vía propuesta fija un ultimátum a las estructuras en armas para someterse judicialmente bajo el argumento de que al criminal no se le otorga legitimidad política en una mesa, sino un expediente ante los tribunales.
Esta política busca desincentivar el accionar armado aumentando el costo operativo de la ilegalidad en el territorio, abriendo un nuevo capítulo en el dilema entre la salida negociada y la imposición militar que Colombia intenta resolver a una década del pacto de paz.
