Inicio Blog Página 24

Tensión entre Estados Unidos y Canadá: Trump amenaza con bloquear la apertura del nuevo puente

La relación entre Estados Unidos y Canadá sumó un nuevo foco de tensión cuando el presidente Donald Trump amenazó con bloquear la apertura de un nuevo puente internacional clave para el comercio bilateral. 

Por qué Trump quiere bloquear el nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá

En medio de una guerra comercial en expansión y de un deterioro acelerado del vínculo diplomático entre ambos países, Trump advirtió que no permitirá la inauguración del Puente Internacional Gordie Howe, que conecta Detroit con Windsor, Ontario, si el gobierno canadiense no atiende lo que describió como una larga lista de agravios contra Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que la apertura del puente, prevista para principios de este año, quedará suspendida “hasta que Estados Unidos esté completamente compensado por todo lo que les hemos dado” y hasta que Canadá trate a su país “con la justicia y el respeto que merecemos”. 

La amenaza fue rechazada de inmediato por la Cámara de Comercio de Canadá, el principal grupo de lobby empresarial del país, que calificó la posibilidad de bloquear puentes fronterizos como una medida contraproducente que solo profundizaría la incertidumbre económica.

En medio de una guerra comercial en expansión y de un deterioro acelerado del vínculo diplomático entre ambos países, Trump advirtió que no permitirá la inauguración del Puente Internacional Gordie Howe.

La construcción del puente fue financiada por Canadá y se rige por un acuerdo público-privado que establece una operación conjunta entre Canadá y el estado de Michigan, otorgándole a este último una participación en la propiedad.

Las posibilidades reales que tiene Trump de bloqueo

Una de las opciones que tendría el presidente sería declarar un estado de emergencia, lo que permitiría a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerrar temporalmente un puerto de entrada si considera que existe una amenaza a la vida humana o a los intereses nacionales. Trump ha recurrido en el pasado con frecuencia a este tipo de herramientas legales incluso en situaciones consideradas rutinarias.

El cercano Puente Ambassador, uno de los cruces fronterizos más transitados de América del Norte, fue durante décadas de propiedad privada de la familia Moroun, vinculada a la industria camionera de Detroit. Ese puente concentra más de 300 millones de dólares diarios en comercio transfronterizo. La familia había pedido en el pasado que se detuviera la construcción del Gordie Howe, que una vez operativo competirá directamente con el Ambassador Bridge

Trump incluso sugirió ahora que Estados Unidos debería adquirir al menos la mitad del nuevo puente y quedarse con parte de los ingresos por peajes.

La recepción de las amenazas de Trump y el estado del puente

El tono contrasta con la postura que el propio Trump había adoptado durante su primer mandato, cuando promovió el proyecto junto a funcionarios canadienses como un símbolo de la profunda asociación económica entre ambos países y como un vínculo vital para sus economías. 

Hoy, en cambio, la amenaza se inscribe en una campaña de presión más amplia contra Canadá, que incluye aranceles, sanciones comerciales y declaraciones extremas, como la sugerencia de anexar al país vecino como el Estado número 51.

La disputa se intensificó tras declaraciones del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien en el Foro Económico Mundial de Davos llamó a los países de tamaño medio a unirse para resistir la doctrina de “Estados Unidos Primero”.

Funcionarios de Michigan restaron dramatismo a la situación y aseguraron que el puente se inaugurará “de una forma u otra”. Desde Canadá, el alcalde de Windsor se declaró atónito, aunque no sorprendido, y calificó la situación como una locura.

La disputa se intensificó tras declaraciones del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien en el Foro Económico Mundial de Davos llamó a los países de tamaño medio a unirse para resistir la doctrina de “Estados Unidos Primero”.

Mientras tanto, la construcción del puente ya está terminada y se encuentra en fase de pruebas, a la espera de una decisión política que definirá si una obra pensada para unir termina convirtiéndose en un nuevo símbolo de ruptura.

Después de los F-16 y los Strykers: ¿qué se sabe de los submarinos para la Armada?

Expertos en geopolítica y militares coinciden en que, si queremos Fuerzas Armadas disuasivas, hay que tener poder de combate. Por eso, ante la falta de aviones caza supersónicos para asegurar la soberanía aérea, se compraron 24 F-16 Fighting Falcon. Pero no solo eso, se saldó una vieja deuda con el Ejército Argentino: se puso el acelerador en la modernización de los TAM 2C A2 y se concretó la adquisición de varios lotes de vehículos blindados a rueda Stryker

En ese contexto, una pregunta -con impacto en la Armada Argentina- reflota en el ambiente castrense: ¿Argentina puede volver a tener submarinos?

El submarino ARA “San Juan” fue el último que operó para la Armada Argentina.

El San Juan, el último submarino argentino

El último submarino operativo que tuvo la Armada Argentina fue el ARA “San Juan”. Después de su trágica pérdida, el país quedó sin ningún tipo de buque perteneciente a este sistema de armas para vigilar y controlar la importante extensión marítima nacional. 

Desde entonces, los expertos enfatizan que, si queremos que nuestras Fuerzas Armadas garanticen la soberanía marítima, es indispensable avanzar en proyectos de adquisición de submarinos. 

Submarinos: la palabra del presidente Javier Milei en Francia

En noviembre de 2025, el presidente de la Nación, Javier Milei, le concedió un reportaje al medio francés Public Sénat. Allí, sus palabras ilusionaron al público militar, especialmente a los que integran la Armada Argentina.

En noviembre pasado, Brasil presentó su cuarto submarino (resultado de un programa con Nava Group)

¿Los motivos? Reconoció que, además de tener una buena relación con Francia, existía la intención de comprarle submarinos y buques para patrullar las costas. 

El dato más reciente: este lunes 9 de febrero, la Oficina de Respuesta Oficial desmintió una nota del periodista de investigación Julián Maradeo en la que afirmaba que el gobierno compraría submarinos a la empresa Naval Group. “Si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe ningún contrato ni hay ninguna compra en curso”, escribieron en X. 

Submarinos para Argentina, ¿cuál es la situación?

Tras desmentir la noticia, desde la Oficina de Respuesta Oficial, brindaron detalles sobre la situación con respecto a los submarinos para la Fuerza. “La Armada Argentina realizó una evaluación técnica y operativa para explorar la posibilidad de comprar. Esta evaluación determinó que dos modelos, los franceses Scorpene y los alemanes 209 NG (ThyssenKrupp) son aptos para la misión”, escribieron. 

Asimismo, detallaron que toda esa información fue elevada al ministro de Defensa anterior, Luis Petri. Pero que, desde entonces, no se concretó ningún tipo de avance: “Lo único firmado fue una carta de intención con Francia para iniciar consultas y gestiones de cooperación, pero no de compra”. 

“Una carta de intención no es un contrato, no genera obligaciones comerciales y no implica compra”, detallaron. 

“Una carta de intención no es un contrato, no genera obligaciones comerciales y no implica compra”, detallaron desde la Oficina de Respuesta Oficial sobre la noticia que afirmaba un posible contrato con Francia

Dalle Nogare: “Una de las prioridades es la recuperación del arma submarina” 

A principios de este año, y cuando apenas inició su gestión, el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare mantuvo un diálogo exclusivo con DEF

En esa oportunidad, la máxima autoridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue contundente:”Con el mar, la plataforma y los recursos que tenemos no podemos darnos el lujo de no tener submarinos. En ese contexto, la Armada hizo grandes esfuerzos para no perder la capacidad del personal. Pero hay que tener en cuenta que adquirir un medio como este lleva muchos años”. 

Además, contó que existe una decisión política tomada en relación a que “una de las prioridades es la recuperación del arma submarina”. En esa línea, agregó: “Hay negociaciones que están realizando el Ministerio y la Armada. Pero, en ese panorama, es importante evaluar las reales posibilidades de financiamiento”. 

Autoabastecimiento energético: por qué se cuestiona el uso del fracking en México

Un tema tabú en el capítulo energético dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aparece ahora en el centro de la escena en México. Las inversiones de la empresa estatal Pemex en yacimientos no tradicionales aumentarán sensiblemente a lo largo de 2026. Esto significa, según grupos ambientalistas, recurrir al fracking, una técnica que el expresidente Andrés Manuel López Obrador −fundador y líder del Morena− había intentado prohibir durante su mandato.

La actual mandataria, Claudia Sheinbaum, defendió la necesidad de lograr la “soberanía energética” y planteó que es imperioso reducir la dependencia del gas estadounidense, en tiempos de imprevisibilidad en el vínculo bilateral tras el regreso de Donald Trump al poder. En la misma línea, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, alertó: “Si Estados Unidos cierra la válvula de gas, México se queda a oscuras”.

México necesita urgentemente aumentar su producción gasífera para reducir su dependencia de las importacioens de EE.UU.

Actualmente, México importa desde EE. UU. el 70% del gas que consume. Cerca del 60% de ese gas es utilizado por las centrales de ciclo combinado para generación eléctrica. El suministro de gas está condicionado, además, por “la concentración del flujo en un número reducido de ductos, y por la limitada capacidad de almacenamiento”, señala un informe del Natural Resource Governance Institute, en el que se advierte sobre la triple dependencia de suministro, tecnológica y logística que sufre el país.

Generación de energía: qué es el fracking y por qué genera polémica en México

¿Cuál es la salida a este verdadero “cuello de botella” que enfrenta México? Según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), alrededor del 63% de los recursos de gas del país son no convencionales, un tipo de hidrocarburo que todavía no fue desarrollado, pero que ya es el protagonista de la revolución energética en EE. UU. De acuerdo con estimaciones del Departamento de Energía estadounidense, México cuenta con las sextas reservas mundiales de gas no convencional, con 545.000 millones de pies cúbicos.

Para explotarlas, debería recurrir a una tecnología que desata polémica en la sociedad y dentro del propio bloque oficialista. El fracking o fractura hidráulica es el proceso de extracción que recurre a la estimulación para permitir que el hidrocarburo fluya hacia la superficie, dada la baja permeabilidad de la roca en la que se encuentra atrapado. 

Para lograrlo, se debe inyectar en el pozo agua a alta presión, junto con arena y productos químicos.  Es la técnica que permitió el boom del shale en EE. UU. y que también se aplica en Argentina, en el desarrollo de Vaca Muerta.

Entre los detractores de esta tecnología, la Alianza Mexicana contra el Fracking alerta contra la que define como “una técnica altamente invasiva y de considerable impacto ambiental y para la salud”. 

Por su parte, un informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) señaló: “El principal impacto de la explotación por fracturamiento hidráulico se centra en el recurso agua, ya que se requieren en promedio 5,7 millones de litros por pozo, cuyos derrames de aguas de retorno representan un riesgo de contaminación de cuerpos de agua que son fuente de abastecimiento para uso humano, agrícola y otros ámbitos”.

Fracking: las explicaciones y aclaraciones de Pemex

“La caída en la producción nacional de gas en los últimos 15 años se debe al declive geológico que afecta a todo el sector de hidrocarburos; por lo que retomar su extracción no solo resultaría altamente costoso en términos económicos, sino también ambientales, de salud humana y climáticos”, expresó la Alianza Mexicana contra el Fracking, que cuestionó, a su vez, la “opacidad” del presupuesto asignado a Pemex en 2026.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que la empresa no está utilizando el fracking actualmente.

Sin embargo, el titular de Pemex se encargó de aclarar, en una comparecencia en el Congreso, que la empresa “sigue los adelantos tecnológicos en el mundo” y “hace fracturación hidráulica de forma convencional, pero no fracking”.

Asimismo, Rodríguez Padilla aclaró que se utiliza agua para fracturar la roca, pero no arena ni productos químicos. Precisó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se hicieron pruebas en 25 pozos con fracking, pero desde 2018 se suspendieron.

Los planes de México  para reducir la dependencia energética de Estados Unidos

Sin hacer mención al fracking, el Plan Estratégico de Pemex (2025-2035) habla de la “evaluación de yacimientos de geología compleja”. Greenpeace descree del “lenguaje técnico del plan”, que, según la organización ecologista,”está cuidadosamente diseñado para evitar la palabra prohibida: fracking”. En su lugar, se habla de “yacimientos de geología compleja”, “nuevos esquemas de extracción” y “plays no convencionales”, en clara referencia a formaciones que requieren “fracturación hidráulica”, aseguró la ONG.

En su nuevo plan estratégico, Pemex incluyó fuertes incrementos en las inversiones en yacimientos de geología compleja.

La mayor expectativa de la estatal petrolera mexicana está puesta en el proyecto conocido como “Aceite Terciario del Golfo”, con 29 campos productivos, ubicados en los estados de Veracruz y Puebla. Pemex le destinará un 66% más de presupuesto que el asignado en el anterior ejercicio. 

También se enfocará en el desarrollo de la cuenca de Burgos, considerada una extensión natural hacia el sur de la cuenca del Golfo occidental de Texas, donde se encuentra Eagle Ford, uno de los yacimientos estrella del boom del shale en EE. UU. El desarrollo de estos recursos se verán apuntalados con un aumento presupuestario del 108% por parte de Pemex.

Por otro lado, en octubre de 2025, Pemex firmó un acuerdo con el Grupo Carso, de Carlos Slim, para la perforación de hasta 32 pozos en los próximos tres años en el campo Ixachi, ubicado en el estado de Veracruz. Se trata del yacimiento de gas convencional más productivo de México, del que se extrae cerca del 15% del total del gas del país.

El objetivo de Pemex es aumentar un 40% la producción doméstica de gas en los próximos cinco años, para pasar de 3500 a 5000 millones de pies cúbicos diarios.

Centro Nacional de Ciberseguridad: cómo afecta a la SIDE y quiénes estarán a cargo

El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) es el nuevo organismo creado por el Gobierno argentino para coordinar, planificar y ejecutar la política de ciberseguridad a nivel nacional, con el objetivo de proteger los sistemas informáticos del Estado, las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos frente a ataques, delitos informáticos y amenazas en el ciberespacio.

Su puesta en marcha quedó formalizada con la designación de sus autoridades, publicada el 9 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial.

Qué es el Centro Nacional de Ciberseguridad

En términos simples, el CNC nace como la autoridad rectora en materia de ciberseguridad en la Argentina. Hasta ahora, las funciones vinculadas a la protección digital del Estado estaban dispersas en distintas dependencias, con roles superpuestos y sin una conducción centralizada. 

El nuevo centro busca ordenar ese esquema y convertirse en el organismo que define las reglas del juego, establece estándares y coordina la respuesta ante incidentes informáticos que puedan afectar al sector público y a servicios esenciales como energía, salud, transporte, comunicaciones o bases de datos estatales.

El Gobierno busca diferenciar la ciberseguridad, entendida como la defensa y protección de sistemas e infraestructuras, de la ciberinteligencia, vinculada al análisis estratégico y la producción de inteligencia, que queda bajo la órbita de la SIDE. 

El Centro Nacional de Ciberseguridad funcionará como un organismo descentralizado dentro de la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, lo que lo ubica en el corazón de la estrategia tecnológica del Gobierno. 

Desde allí tendrá un doble rol: por un lado, diseñar políticas, planes y lineamientos de ciberseguridad que deberán ser adoptados por los distintos organismos del Estado; por otro, actuar de manera operativa ante incidentes, coordinando acciones de prevención, detección y mitigación de ataques informáticos.

Las novedades que trae este nuevo organismo

En la práctica, esto implica que el CNC será el encargado de proteger el ciberespacio de interés nacional, fortalecer la seguridad de los sistemas públicos, asistir técnicamente a ministerios y agencias estatales y promover una cultura de ciberseguridad en todo el sector público. 

También tendrá una mirada federal, ya que deberá articular con provincias y otros actores para elevar los estándares de protección digital en todo el país, en un contexto donde las amenazas informáticas no reconocen fronteras administrativas.

Según lo dispuesto en el Boletín Oficial, el Centro Nacional de Ciberseguridad estará conducido por Ariel Waissbein.

La creación del CNC se inscribe además en una reorganización más amplia del sistema de seguridad e inteligencia del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca diferenciar claramente la ciberseguridad, entendida como la defensa y protección de sistemas e infraestructuras, de la ciberinteligencia, vinculada al análisis estratégico y la producción de inteligencia, que queda bajo la órbita de la SIDE. 

El nuevo centro, entonces, no se enfoca en espionaje o inteligencia, sino en la protección técnica y operativa del entorno digital.

Quiénes estarán a cargo del nuevo organismo de ciberseguridad

Según lo dispuesto en el Boletín Oficial, el Centro Nacional de Ciberseguridad estará conducido por Ariel Waissbein, quien deja la Agencia Federal de Ciberinteligencia (ex Agencia Federal de Ciberseguridad) y será designado como Director Ejecutivo con rango de subsecretario, y por Ezequiel David Gutesman, quien ocupará el cargo de Subdirector Ejecutivo con jerarquía de director nacional. 

Ariel Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una extensa trayectoria en criptografía, con varias patentes registradas en Estados Unidos.

Gran parte de su carrera se desarrolló en el ámbito privado, con un rol destacado en Core Security Technologies, compañía pionera en seguridad ofensiva y promotora de enfoques como el “red teaming” y el “pentest”, hoy ampliamente adoptados en todo el mundo.

Brasil y la integración sudamericana: qué plantea el proyecto que presentó el gobierno de Lula

Brasil presentó el Programa Rutas de Integración Sudamericana, un paquete de medidas para impulsar la unificación física, digital, social, cultural y ambiental de América del Sur. Uno de los objetivos principales detrás de esta iniciativa es la disminución de los costos comerciales entre los países del subcontinente.

El programa fue oficializado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión y está coordinado por el Ministerio de Planificación y Presupuesto, a cargo de su directora, Simone Tebet. La propuesta articula proyectos nacionales con esquemas de cooperación regional y contempla la participación de gobiernos provinciales, países vecinos y organismos financieros internacionales.

Brasil: los detalles sobre el programa de integración sudamericana 

El programa, conocido como Rotascontempla más de 190 iniciativas de infraestructura en territorio brasileño. Entre ellas, obras viales, ferroviarias y fluviales, además de puertos, aeropuertos, autopistas y líneas de transmisión eléctrica, con el objetivo de mejorar la conectividad interna y transfronteriza.

El presidente, Lula da Silva, junto a Simone Tebet, actual ministra de Planificación y Presupuesto.

Uno de los ejes centrales del plan es la organización de estas iniciativas en cinco rutas estratégicas de integración, que conectan distintas regiones de Brasil con países de América del Sur. Estas rutas buscan facilitar el comercio intrarregional, mejorar el acceso a puertos del Atlántico y del Pacífico y promover cadenas productivas compartidas.

Las cinco rutas son: 

  • La Ruta Isla de las Guayanas, que vincula el norte de Brasil con Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Venezuela. 
  • La Ruta Amazónica, que conecta el estado de Amazonas con Colombia, Ecuador y Perú.
  • La Ruta Cuadrante Rondón, que articula regiones del oeste brasileño con Bolivia, Perú y el norte de Chile. 
  • La Ruta Bioceánica de Capricornio, que une Brasil con Paraguay, Argentina y Chile. 
  • La Ruta Bioceánica del Sur, que integra el sur brasileño con Uruguay, Argentina y Chile.

Desde el gobierno brasileño destacaron que el programa no se limita a la infraestructura física, sino que también incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo territorial, especialmente en regiones históricamente relegadas como la Amazonia.

Las motivaciones de Lula detrás de esta iniciativa

El proyecto fue presentado por la ministra Simone Tebet y aprobado por el presidente Lula da Silva en 2023. Según el gobierno brasileño, la iniciativa se enmarca en un mandato constitucional, ya que la constitución de Brasil establece la promoción de la integración económica, política, social y cultural con los países de América Latina.

El proyecto presentado por el gobierno brasileño plantea profundizar los lazos entre los países de América del Sur.

En ese sentido, el Programa Rutas forma parte tanto de la agenda de política interna como de política exterior del actual gobierno. A nivel regional, busca reposicionar a Brasil como un actor central en los procesos de integración sudamericana, en un contexto de fragmentación política y debilitamiento de los mecanismos regionales tradicionales.

El programa también retoma experiencias previas como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), lanzada en el año 2000, y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), creado en 2009. No obstante, desde el Ejecutivo brasileño sostienen que el nuevo plan incorpora una mirada más integral, con énfasis en sostenibilidad, digitalización y articulación productiva.

Juan Pablo Guanipa: de preso político a “secuestrado” tras su excarcelación en Venezuela

Juan Pablo Guanipa, destacado dirigente opositor venezolano y aliado cercano de la líder María Corina Machado, fue excarcelado tras más de ocho meses detenido por cargos políticos, solo para ser detenido nuevamente horas después de su liberación en Caracas, Venezuela, en un episodio que ha generado denuncias de secuestro y de revertir su excarcelación por supuestas violaciones a las condiciones impuestas.

Quién es Juan Pablo Guanipa, uno de los líderes de la oposición

Juan Pablo Guanipa es un político venezolano, conocido por su liderazgo dentro de la oposición al chavismo y su cercanía con María Corina Machado, presidenta del partido Alianza Bravo Pueblo y figura central de la coalición opositora. Guanipa fue una voz crítica contra el régimen chavista durante años y ha ocupado cargos dentro de Primero Justicia, un partido histórico de la oposición venezolana.

Juan Pablo Guanipa, destacado dirigente opositor venezolano y aliado cercano de la líder María Corina Machado, fue excarcelado tras más de ocho meses detenido por cargos políticos.

En mayo de 2025, Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas, señaladas por organizaciones de derechos humanos como parte de una estrategia de represión política. El gobierno le imputó cargos como terrorismo y conspiración para boicotear elecciones, acusaciones que su familia y aliados denunciaron como políticamente motivadas y sin garantías judiciales.

Ahora, en un contexto de creciente presión internacional y un proceso de liberación de presos políticos promovido por la administración interina luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas extranjeras, Guanipa fue excarcelado después de más de ocho meses en prisión

Su hijo, Ramón Guanipa, anunció la liberación en redes sociales y publicó un video en el que Juan Pablo confirmó su salida de la cárcel, afirmando que había “mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela”.

El “secuestro” después de la excarcelación

Sin embargo, la libertad fue efímera. Pocas horas después de su excarcelación, alrededor de la medianoche del lunes 9 de febrero, su hijo y la propia María Corina Machado denunciaron que Guanipa fue interceptado y llevado por un grupo de hombres armados vestidos de civil en Caracas, describiéndolo inicialmente como un secuestro. Estas denuncias señalaron a vehículos sin identificación y exigieron pruebas de vida y su liberación inmediata.

En mayo de 2025, Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas, señaladas por organizaciones de derechos humanos como parte de una estrategia de represión política.

Posteriormente, la Fiscalía venezolana anunció que había revocado la excarcelación, alegando que Guanipa había incumplido las condiciones de su libertad condicional —aunque no especificó en detalle dichas violaciones— y ordenó su nueva detención, prevista para cumplirla bajo arresto domiciliario, según información oficial.

Este episodio se produce en medio de un debate parlamentario en Venezuela sobre una posible ley de amnistía para presos políticos y la liberación de cientos de disidentes, parte de un gesto político destinado a aliviar tensiones internas y presión internacional, aunque grupos opositores y defensores de derechos humanos han cuestionado tanto el alcance de las excarcelaciones como la continuación de acciones represivas

Reino Unido y una amenaza silenciosa: se duplicaron los incidentes con drones en 2025

El número de incidentes con drones cerca de bases militares del Reino Unido se duplicó en 2025, según un informe del Ministerio de Defensa británico. Además, explicaron, se trata de una tendencia que se expande en otros países de Europa.

Reino Unido: más incidentes sobre bases militares

El Ministerio de Defensa informó que en 2025 se registraron 266 incidentes con drones no tripulados cerca de bases militares británicas, el doble en comparación a los 126 reportados en 2024.

Esta evolución refleja un cambio en el patrón de amenazas aéreas que las fuerzas armadas británicas enfrentan actualmente.

El secretario de Defensa, John Healey, advirtió que esta duplicación subraya “la naturaleza cambiante de las amenazas que enfrentamos” y la necesidad de actualizar las capacidades para responder con rapidez y eficacia ante drones que operan sin autorización o con posible intención hostil.

reino-unido-incidentes-drones
Los incidentes con drones se duplicaron en Reino Unido y crece la preocupación sobre las respuestas militares ante esta nueva amenaza.

El gobierno británico destaca la cuadruplicación del gasto en sistemas aéreos no tripulados desde que Keir Starmer llegó al poder, asignando más de 200 millones de libras solo en 2026, “lo que refleja la prioridad de la autonomía y la tecnología antidrones como un resultado clave en toda la Revisión Estratégica de Defensa”.

Como respuesta inmediata a esta amenaza, se establecieron espacios aéreos restringidos en 40 sitios de defensa, nuevos drones para proteger bases militares, circuitos cerrados avanzados y sistemas integrados de monitoreo de amenazas para fortalecer la seguridad de las bases. Además, se destinaron 20 millones de libras en concepto de transformación digital para modernizar los sistemas de seguridad.

Nueva legislación y poderes para derribar drones

Como refuerzo de la estrategia, el gobierno del primer ministro Keir Starmer presentó el Armed Forces Bill ante la Cámara de los Comunes para abordar la nueva amenaza para la seguridad nacional y busca:

  • Facultar a las fuerzas armadas para derribar drones aéreos, terrestres o incluso submarinos que representen una amenaza a instalaciones defensivas.
  • Ampliar los sistemas de defensa y tecnologías de detección contra drones.
  • Incrementar las capacidades de respuesta en tiempo real ante incursiones no autorizadas. 

La ley impulsa la renovación de la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006, última vez actualizada en 2021 y otorga poderes al personal de Defensa para utilizar equipos aprobados para detectar, prevenir y combatir los delitos relacionados con drones en las instalaciones de Defensa.

Antes de esta legislación, la respuesta a drones cercanos a bases estaba restringida por normas que requerían coordinación con la policía, lo que las fuerzas armadas británicas consideraban una limitación frente al número creciente de casos.

Una tendencia regional que sufre Europa 

El aumento de incidentes en el Reino Unido coincide con un patrón similar que afecta a otras partes de Europa, donde aeropuertos y espacios aéreos civiles sufrieron cierres o restricciones debido a avistamientos de drones, como ocurrió en Bélgica y Dinamarca en 2025.

Estos hechos estuvieron vinculados a operaciones de guerra híbrida llevadas a cabo por Rusia, en plena tensión por la guerra en Ucrania, aunque las acusaciones fueron rechazadas por Moscú.

drones-rusia-polonia
Durante 2025, países como Polonia experimentaron vulneraciones del espacio aéreo por drones lanzados desde Rusia.

La tendencia se explica desde la facilidad para obtener y modificar vehículos aéreos no tripulados y operarlos, además de la ambigüedad de su uso, lo que complejiza los métodos de respuesta de las autoridades civiles y militares.

Este contexto impulsó no sólo al Reino Unido sino también a otros países europeos a reconsiderar sus políticas y sistemas de defensa aérea, con iniciativas orientadas a proteger infraestructuras críticas y bases militares frente a amenazas tecnológicas avanzadas. 

El aumento de incidentes con drones cerca de bases militares del Reino Unido simboliza la nueva era de amenazas híbridas que enfrenta Londres y Europa. Lo cual, sin dudas, marcará un punto de inflexión en la libre adquisición y uso de este tipo de tecnologías, así como en las estrategias gubernamentales.

Rusia apuesta por estaciones espaciales con gravedad artificial para futuras misiones 

Rusia registró una patente para construir a futuro una estación espacial giratoria capaz de generar gravedad artificial, un concepto que apunta a modificar las condiciones actuales de habitabilidad en órbita. El diseño se basa en la rotación de módulos habitables para producir fuerza centrífuga y simular un entorno gravitatorio.

La propuesta surge como una alternativa técnica frente a las limitaciones que impone la microgravedad en estaciones espaciales tradicionales, especialmente en misiones de larga duración.

Rusia revive la carrera espacial

Según la patente registrada, la estación estaría compuesta por módulos habitables dispuestos alrededor de un eje central, que funcionarían de manera giratoria. Este movimiento permitiría generar gravedad artificial a partir de la fuerza centrífuga, un principio físico que simula el efecto de la gravedad terrestre en entornos espaciales.

El diseño prevé una velocidad de rotación cercana a las cinco revoluciones por minuto, un ritmo calculado para equilibrar estabilidad estructural y confort humano. La rotación constante sería clave para evitar desorientación y otros efectos adversos en los astronautas.

Rusia fue pionera en la exploración espacial. En 1957 envió el primer satélite al espacio, y a la primer humano en 1961.

La estructura tendría un radio aproximado de 40 metros, una dimensión pensada para alcanzar un nivel de gravedad artificial de alrededor de 0,5 g, equivalente a la mitad de la gravedad de la Tierra. Este valor fue elegido como un punto intermedio entre la microgravedad y las condiciones terrestres.

De acuerdo con la propuesta, este nivel de gravedad permitiría mejorar las condiciones físicas durante estancias prolongadas, reduciendo el impacto negativo que hoy genera la permanencia en microgravedad dentro de estaciones espaciales convencionales.

Los principales desafíos del proyecto

Uno de los ejes centrales del diseño patentado es la posibilidad de reducir los efectos de la microgravedad sobre el cuerpo humano, entre ellos la pérdida de masa ósea, la atrofia muscular y otros cambios fisiológicos asociados a estancias prolongadas en el espacio. La generación de gravedad artificial aparece como una respuesta directa a estas limitaciones.

Rusia mantiene una actividad constante en el espacio, centrada en la transición de la Estación Espacial Internacional hacia sus propios proyectos nacionales y colaboraciones estratégicas con China.

Sin embargo, la propia patente reconoce que el proyecto enfrenta importantes desafíos técnicos. Uno de los principales es la integración entre módulos giratorios y secciones no giratorias, un sistema que requiere mecanismos precisos para mantener la estabilidad estructural y el equilibrio dinámico de la estación.

Otro punto crítico es el diseño de uniones herméticas y seguras, capaces de soportar la rotación constante sin comprometer la presión interna ni la seguridad de la tripulación. Estas conexiones resultan clave para garantizar la habitabilidad en un entorno parcialmente gravitatorio.

A esto se suma la complejidad de las operaciones de acoplamiento de naves espaciales, que deberían realizarse en una estructura en rotación o en sectores específicos no giratorios, lo que incrementa el nivel de exigencia tecnológica del proyecto.

Por el momento, la patente no detalla plazos ni planes concretos de construcción. El diseño se presenta como un desarrollo conceptual, orientado a explorar soluciones a largo plazo para la permanencia humana en el espacio, más que como un proyecto de implementación inmediata.

China planea lanzar 200.000 satélites al espacio: el megaproyecto que redefine la carrera orbital

El plan de China para desplegar hasta 200.000 satélites en el espacio representa uno de los proyectos tecnológicos y estratégicos más ambiciosos de la historia reciente. 

La iniciativa no se trata de un único programa centralizado, sino de una constelación de constelaciones impulsadas por organismos estatales, universidades y empresas privadas chinas, cuyas solicitudes ya comenzaron a aparecer en los registros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

En conjunto, el objetivo es ocupar una porción clave de la órbita terrestre baja y media en las próximas décadas.

Actualmente, se estima que hay alrededor de 14.000 satélites activos orbitando la Tierra, la mayoría pertenecientes a Estados Unidos y a empresas occidentales como SpaceX. 

La iniciativa no se trata de un único programa centralizado, sino de una constelación de constelaciones impulsadas por organismos estatales, universidades y empresas privadas chinas.

El plan de China para conquistar la órbita baja

El salto que propone China es exponencial: multiplicar por más de diez la cantidad actual de satélites y construir una infraestructura espacial permanente que funcione como columna vertebral de sus comunicaciones, su economía digital y su sistema de defensa.

El corazón del plan está en las mega-constelaciones de satélites pequeños, similares en concepto a Starlink. Estos satélites, más baratos y rápidos de fabricar, se lanzarían en grandes tandas para formar redes capaces de ofrecer internet de alta velocidad, baja latencia y cobertura global, incluso en regiones remotas o en situaciones de emergencia. 

Satélites de órbita baja: las implicancias geopolíticas detrás y sus problemas

Para China, esto significa independencia tecnológica, reducción de la dependencia de redes extranjeras y la posibilidad de exportar servicios de conectividad a otros países, especialmente en Asia, África y América Latina.

Pero el proyecto va mucho más allá del acceso a internet. Los satélites también cumplirían funciones de observación de la Tierra, monitoreo climático, gestión de desastres naturales, agricultura de precisión y control de infraestructuras críticas.

A esto se suma el uso estratégico y militar: 

  • Navegación avanzada
  • Comunicaciones seguras
  • Detección temprana de amenazas 
  • Apoyo a operaciones en tiempo real

En este punto, el despliegue masivo de satélites se convierte en una pieza central de la competencia geopolítica en el espacio.

Sin embargo, uno de los principales problemas es la congestión orbital. Con decenas de miles de nuevos satélites, aumenta el riesgo de colisiones, generación de basura espacial y el llamado síndrome de Kessler, un escenario en el que los choques en cadena podrían volver inutilizables ciertas órbitas. 

En este punto, el despliegue masivo de satélites se convierte en una pieza central de la competencia geopolítica en el espacio.

China sostiene que incorporará sistemas de desorbitado controlado y tecnologías para evitar colisiones, pero la comunidad científica internacional advierte que el problema requiere coordinación global y reglas más estrictas.

También está el desafío industrial y logístico. Para sostener un despliegue de esta magnitud, China necesita incrementar su capacidad de lanzamientos, desarrollar cohetes reutilizables, automatizar la fabricación de satélites y crear centros de control capaces de gestionar redes gigantescas en tiempo real. En ese sentido, el proyecto funciona como un acelerador de toda su industria aeroespacial.

Venezuela: de qué se trata la “Ley de Amnistía” que aprobó el Parlamento por unanimidad

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por consenso la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El proyecto aparece, principalmente, como una herramienta para liberar presos políticos y favorecer el retorno de opositores exiliados, tras años de protestas contra el régimen chavista.

La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Jorge Arreaza, aunque fue inicialmente impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Con un total de 277 de 285 votos, sobre todo provenientes del partido gobernante, quedó aprobada la ley en primera lectura. Aún se desconoce cuándo se discutirá en segunda instancia.

Ley de Amnistía: qué propone la norma aprobada por el Parlamento de Venezuela 

La norma, aún no aprobada, contempla el “perdón judicial” para personas procesadas o condenadas por delitos de carácter político cometidos entre 1999 y 2026. La iniciativa apunta a cerrar causas abiertas y revertir sanciones vinculadas a protestas, disidencia política y críticas relacionadas al régimen chavista.

El proyecto de ley incluye delitos como instigación, rebelión, traición a la patria, resistencia a la autoridad y daños en el contexto de manifestaciones, así como causas iniciadas por expresiones públicas o publicaciones contra funcionarios del Estado. El texto no se limita únicamente a personas detenidas, sino que también alcanza a quienes tienen procesos judiciales en curso o condenas firmes.

Entre sus disposiciones centrales, el proyecto anticipa la anulación de antecedentes penales, el levantamiento de órdenes de captura, la eliminación de alertas internacionales y la devolución de bienes incautados. Esto permitiría, además, el retorno al país de opositores exiliados sin riesgo de detención.

Desde los inicios del régimen dictatorial chavista, miles de venezolanos, queriendo hacer escuchar sus reclamos, fueron secuestrados, privados de su libertad, violentados y hasta asesinados.

A su vez, la ley también contempla la revocación de inhabilitaciones políticas y la aplicación de la amnistía a civiles juzgados por tribunales militares, un punto bastante cuestionado por organismos de derechos humanos. Sin embargo, el texto excluye de manera expresa delitos graves como homicidio, corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos, que no pueden ser amnistiados según la Constitución venezolana y el derecho internacional.

El diputado oficialista, Jorge Arreaza, fue quien presentó el proyecto en el Parlamento.

Los próximos pasos de la Ley de Amnistía

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió que el tratamiento del proyecto se lleve adelante con celeridad, pero también con un proceso de diálogo y consultas previo a su aprobación definitiva. En ese sentido, explicó que la carta magna venezolana establece que la segunda discusión de una ley debe realizarse en una sesión distinta a la primera, es decir, en otro día de debate.

Ahora, el Parlamento espera recibir aportes de distintos sectores políticos y sociales, incluidos familiares de presos, organizaciones y actores vinculados al proceso de reconciliación. Según Rodríguez, el objetivo es acelerar el trámite sin omitir instancias de consulta, de modo que el texto final pueda ser aprobado en el corto plazo y avanzar hacia su promulgación.