Laura Fernández se impuso con una victoria contundente en las elecciones presidenciales de Costa Rica y se perfila como una de las figuras políticas más determinantes de la región, justamente por posicionar a la seguridad como el eje de su proyecto de país en un contexto donde la violencia y el crimen organizado dejaron de ser problemas marginales para convertirse en una de las mayores preocupaciones ciudadanas.
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Laura Fernández, el nuevo perfil conservador que gobernará Costa Rica
Laura Fernández Delgado, de 39 años, es politóloga y dirigente del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). Se convirtió en la segunda mujer en ganar la presidencia en la historia de Costa Rica, tras liderar con casi el 50 % de los votos en primera vuelta, rompiendo con décadas de tradición política.
Antes de postularse, fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica y posteriormente ministra de la Presidencia en el gobierno de Rodrigo Chaves, del cual se considera heredera política. Su perfil combina un liberalismo marcado en lo económico con posturas conservadoras en lo social, y su ascenso estuvo apoyado por el desgaste de los partidos tradicionales y el fuerte malestar social ante el aumento sostenido de homicidios y delitos ligados al narcotráfico.
Fernández puso al crimen organizado y la violencia al centro de su plan de gobierno, respondiendo a una realidad que transformó a Costa Rica de un país percibido como relativamente pacífico a uno donde los homicidios ligados al narcotráfico representan una proporción alta del total de crímenes.
Las propuestas en materia de seguridad de Fernández
Su plataforma contempla finalizar y expandir una megacárcel de máxima seguridad denominada Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), inspirada en el polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, impulsado por Nayib Bukele, con el objetivo de aislar a los líderes del crimen organizado y “sacar a los delincuentes de circulación”.
También defendió el endurecimiento de penas, el establecimiento de estados de excepción en zonas conflictivas —con la consiguiente suspensión temporal de garantías individuales en esos territorios—, y la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad para actuar con mayor contundencia.
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Para avanzar con estas reformas necesita una mayoría significativa en la Asamblea Legislativa, algo que fue parte central de su campaña.
La postura de Fernández es directamente confrontativa con respecto a lo que fue la tradición política costarricense. Criticó al sistema judicial por ser “blando” frente al crimen e insistió en que para frenar la violencia es necesario aplicar medidas que muchos costarricenses consideran extremas en un país que históricamente defendió las libertades civiles y el debido proceso.
Ella niega que su enfoque sea autoritario o que pretenda socavar el Estado de derecho, pero su retórica y las propuestas de reformar el poder judicial y la Constitución generaron inquietud entre opositores y analistas que ven un riesgo de erosión de contrapesos institucionales.
