El presidente Mauricio Macri presentó un ambicioso plan para erradicar el tráfico de droga. DEF dialogó con el secretario de seguridad, Eugenio Burzaco para conocer más detalles sobre el programa. Por Francisco Reyes.

El programa Argentina Sin Narcotráfico anunciado por el Poder Ejecutivo prevé la creación de 94 cargos de jueces en todo el país y de 85 nuevas fiscalías dedicadas exclusivamente a las investigaciones de este tipo de delitos. También apunta a reforzar la protección de las “fronteras calientes” con efectivos de las Fuerzas de Seguridad, a dotar al sistema judicial de nuevas metodologías de procesamiento penal y a contar con el aporte crucial de la Corte Suprema para avanzar con las causas que involucren a traficantes de droga.

“Es una iniciativa del presidente Mauricio Macri que decidió poner capital político en una dura batalla que ha demostrado logros concretos que resultan en definitiva en menos drogas accesibles para nuestros jóvenes”, sostuvo Eugenio Burzaco, secretario de seguridad de la Nación, en diálogo con DEF. El funcionario detalló que a partir de esta premisa se trabajó para que Argentina Sin Narcotráfico se convirtiera en un plan estratégico, rector de las políticas nacionales sobre el tema.

Dentro de los objetivos operativos del plan se destacan el compromiso con la erradicación del flagelo del paco, la presencia activa y dinámica de las fuerzas federales y provinciales de seguridad en todo el país, la recuperación para el Estado de bienes provenientes del narcotráfico, la identificación y persecución de las bandas narco, el desarrollo y la integración de grupos especiales mixtos de trabajo y el desarrollo de tecnología para combatir el narcotráfico.

A su vez, se incluyen una serie de objetivos instrumentales, como la formación y la capacitación de las fuerzas involucradas, la convergencia hacia un modelo estadístico del narcotráfico, la creación de un mapa georreferenciado y la búsqueda de la federalización de acuerdos internacionales para facilitar la captura de los narcotraficantes.

“El gobierno defiende una aproximación equilibrada al problema de las drogas mediante políticas de reducción de la demanda y el tratamiento a los adictos, más una fuerte política de reducción de la oferta, que busca dificultar el acceso a estupefacientes”, subrayó Burzaco. De acuerdo con lo anunciado, el plan plantea la accesibilidad de los servicios sociales para los adictos, un compromiso para evitar la baja de la edad de consumo en la droga, la colaboración activa en campañas de concientización, la reinserción laboral para el consumidor y la no criminalización del consumo y de las adicciones, entre otros.

Argentina Sin Narcotráfico presenta, además, un plan de acción de transparencia a partir de la homologación de un modelo de control de integridad para funcionarios públicos y fuerzas de seguridad que luchan contra el narcotráfico, mediante controles patrimoniales, toxicológicos y ambientales. Por último, establece que haya una cooperación y trabajo conjunto con la Justicia y el Poder Legislativo, como así también con el resto del Poder Ejecutivo y la sociedad civil.

Durante la presentación de estas medidas, el presidente Macri puntualizó: “Hoy la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos de mi gobierno. No queremos un Estado socio del narcotráfico, hace dos años asumimos el compromiso de dar la pelea juntos, y lo hicimos porque los argentinos queremos vivir en paz”.

En el mismo sentido, Burzaco destacó a DEF: “Hoy Argentina no es un país fácil para el narcotráfico. Desde 2015 hemos aumentado un 8 % la incautación de marihuana, un 182 % la incautación de cocaína y un 909 % la incautación de drogas sintéticas”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, subrayó la presencia de representantes de todos los poderes y provincias, “trabajando juntos en contra del narcotráfico” y “el compromiso de todo el poder político para respaldar la labor de los jueces, que ponen incluso en riesgo su vida”, investigando casos vinculados al tráfico de drogas. A su vez, adelantó entre las medidas a impulsar en la lucha contra este delito, un proyecto de ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal que prevé especializar y ampliar el despliegue territorial aumentando la cantidad de jueces y fiscales en los lugares más críticos del país y zonas de frontera.

Se anunció, a su vez, la implementación, a partir del año próximo, del nuevo Código Procesal Penal y la presentación del anteproyecto del nuevo Código Penal de la Nación, que prevé un agravamiento de penas por delitos ligados al narcotráfico y un abordaje con políticas sanitarias de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Este nuevo Código también incluiría penalidades para las organizaciones internacionales, algo que no estaba regulado hasta hoy.

Se acordó avanzar, por último, en diálogos institucionales entre los Ministerios de Justicia de todo el país y la Procuración General de la Nación, además de generar leyes para la inclusión de métodos tecnológicos, mejorar la cooperación internacional y avanzar en una normativa para facultar el decomiso anticipado (previsto en el nuevo Código Penal) y la destrucción inmediata de la droga al momento de ser incautada.

“En ningún país es fácil coordinar el trabajo entre agencias con objetivos diferentes. Sin embargo, creo que una de las cualidades de la presente administración es el trabajo en equipo”, sostuvo Burzaco, quien no descartó la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al Narcotráfico. “Creo que hay que tener una visión desprejuiciada del rol que pueden cumplir las Fuerzas Armadas en nuestra democracia. Hay que retomar el espíritu de la Ley de Defensa de 1988 e involucrarlas estrictamente en tareas de apoyo y custodia de objetivos estratégicos, sin que ello signifique que desempeñen tareas de seguridad interior”, aseveró.