Desde el nivel de conducción superior, la administración Trump se ha fijado distintos ejes ofensivos, transmitidos directamente por el presidente de Estados Unidos. El objetivo político, expresado en la consigna de que el pueblo iraní “tome el control”, se orienta a una eventual transferencia de poder y al colapso del régimen teocrático de Irán.
En el plano militar, el esfuerzo se dirige a la neutralización del sistema de armas misilístico, la destrucción de su estructura de producción y la degradación de los sistemas de comando y control, tanto defensivos como ofensivos.
El curso de acción estratégico combina estos ataques con el desarrollo de negociaciones, en una lógica de diplomacia coercitiva orientada a quebrar la voluntad de Irán de continuar con sus programas nuclear y misilístico.
Desde el nivel de conducción superior, la administración Trump se ha fijado distintos ejes ofensivos, transmitidos directamente por el presidente.
En términos de acción recíproca, la respuesta iraní abarca un amplio espectro de objetivos: territorio israelí, bases del Comando Central en Irak, Siria y Kuwait; así como instalaciones clave como Al Udeid (Qatar), Manama (Bahrein) y Al Dafra (Emiratos Árabes Unidos). A ello podría sumarse la afectación de infraestructuras energéticas estratégicas, particularmente en Arabia Saudita.
Los distintos teatros de operaciones de EE. UU.
Los principales escenarios de combate se concentrarían en el intercambio de misiles sobre ciudades israelíes, bases estadounidenses y objetivos estratégicos en profundidad dentro del territorio iraní.
Asimismo, adquieren centralidad las operaciones navales en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz, el Golfo de Omán, el Mar Arábigo, el Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental.
En el ámbito marítimo, la experiencia reciente ha obligado a modificar dispositivos y procedimientos tácticos tanto en Irán como en Estados Unidos.
Los principales escenarios de combate se concentrarían en el intercambio de misiles sobre ciudades israelíes, bases estadounidenses y objetivos estratégicos en profundidad dentro del territorio iraní.
En este sentido, los mandos estadounidenses —entre ellos el almirante Brad Cooper (CENTCOM) y el almirante Curt Renshaw (Quinta Flota)— operan sobre la base de antecedentes clave como la Operación Praying Mantis (1988) y el ejercicio militar Millennium Challenge, ambos relevantes en la planificación de contingencias vinculadas a los programas nuclear y misilístico iraní entre 2007 y 2025.
En este marco, la dinámica entre presión militar, negociación y respuesta recíproca mantiene abierto un escenario en el que distintas trayectorias —de contención, escalada o combinaciones intermedias— continúan siendo plausibles.
Revolucióny bloqueoson las palabras que más resuenan cuando se habla de Cuba. El bloqueo es el responsable de las penurias económicas; mientras que la revolución y el pueblo de Cuba son soberanos y pelean en una lucha desigual.
Sin embargo, a pesar de la retórica romántica, durante la época dorada de la relación entre Castro y Chávez, entre 2010 y 2013, Venezuela suministraba a la isla un promedio de 100.000 barriles de petróleo diarios. Es decir, Caracas enviaba cada día suficiente petróleo para llenar unas seis piscinas olímpicas completas. Con los niveles actuales de abastecimiento, apenas se llena una y media.
¿Es el bloqueo responsable de la crisis? Veamos otro dato: a pesar del “bloqueo”, España ha sido el principal inversor en el sector turístico cubano. La mayor parte del presupuesto estatal cubano de los últimos años se ha destinado a la construcción de hoteles e instalaciones para venta o arriendo a extranjeros, gestionados principalmente a través del conglomerado militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.). Empresas españolas como Meliá tienen, por su parte, una presencia dominante en la gestión de esta infraestructura hotelera.
Hugo Chávez y Fidel Castro estrecharon los vínculos políticos y económicos entre Caracas y La Habana.
Otro ejemplo. Brasil ha sido históricamente un socio estratégico de Cuba, especialmente en el suministro de alimentos y en proyectos de infraestructura. Es, además, uno de los principales proveedores de productos agrícolas básicos para la isla, como arroz, soja y carne de ave. En relación a la infraestructura, un ejemplo emblemático fue la inversión en el puerto de Mariel, financiada en gran parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
Un análisis desapasionado, nos permitiría afirmar que la política española, junto con la de otros actores regionales latinoamericanos, ha mantenido una postura de acompañamiento o “hermandad ideológica” que ha servido como escudo retórico del régimen. Incluso figuras académicas y redes como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) han sido señaladas por legitimar el sistema cubano bajo discursos de soberanía: “amigos útiles de dictaduras ajenas”.
Las largas colas y el desabastecimiento marcan la realidad de la isla, en un momento crítico de su historia.
La verdadera cara del régimen cubano
La realidad es que Cuba es una dictadura que persigue, que reprime y que ha convertido la supervivencia en un castigo. El punto de quiebre definitivo ocurrió el 11 de julio de 2021. Ese día, miles de cubanos salieron a las calles de toda la isla al grito de “Patria y Vida”, pidiendo libertad y el fin de una miseria que no es producto del azar, sino del control totalitario. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró un total de 3179 acciones represivas contra la población civil durante 2025.
Estas incluyen: detenciones arbitrarias de corta duración, sitios a viviendas (impedir que activistas o periodistas salgan de su casa), hostigamiento y multas por participar en protestas pacíficas tras cortes eléctricos. La tasa de población carcelaria en Cuba es ahora una de las más altas del mundo, con aproximadamente 923 presos por cada 100,000 habitantes (más de siete veces la tasa de España).
Una postal de la ciudad vieja de La Habana, en un presente que muestra a las claras las penurias de la isla.
Históricamente, Cuba usaba el concepto de “peligrosidad social predelictiva”, lo cual le permitía a la policía arrestar a alguien que no había cometido ningún delito, pero que se consideraba que tenía una “conducta antisocial”. Se aplicaba, fundamentalmente, contra los críticos de la dictadura.
Con el nuevo Código Penal de 2022, el gobierno hizo un movimiento de “marketing jurídico”: para calmar las críticas internacionales, anunció la eliminación de la categoría de “peligrosidad predelictiva”, aunque la convirtió en un nuevo tipo, el “delito de desobediencia”.
Ahora, en lugar de declarar “peligrosos” a los opositores, la policía te impone una serie de “advertencias oficiales”. Si se reciben varias de estas advertencias (por ejemplo, por no trabajar con el Estado o por reunirse con opositores) y el interesado sigue incurriendo en esas conductas, lo acusan de “desobediencia”. Básicamente, es un castigo por “desobedecer”la orden de dejar de ser quien eres o de pensar como piensas. Es un mecanismo de Minority Report, aquel recordado film protagonizado por Tom Cruise. Te condenan antes de que pase nada, bajo el argumento de que estás ignorando las advertencias de la autoridad.
Una protesta de cubanos residentes en Miami, bajo el lema “Patria y Vida”, que se hizo célebre en la isla en 2021.
Cuba: la tragedia oculta y el silencio cómplice
La tragedia de Cuba no ha ocurrido en el aislamiento. Ha contado con la complicidad activa de una red de líderes regionales que prefirieron la “hermandad ideológica”a la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, la complicidad no solo vino de la izquierda militante; también de la ingenuidad —¿el pragmatismo?— de Washington.
El “deshielo” de Barack Obama fue, para muchos cubanos, el golpe de gracia a sus esperanzas de cambio interno. Obama apostó por una apertura, que el régimen interpretó como una rendición. Se restablecieron relaciones, se tomaron fotos históricas y se relajaron sanciones, pero el régimen no cedió ni un ápice en su control social. Al contrario: el dinero del turismo y las remesas fluyó directamente a las arcas de GAESA. El “deshielo” no empoderó al cubano de a pie; empoderó a la elite gobernante, que aprendió que podía tener dólares sin ceder en absolutamente nada.
A esta red de apoyo político se suma una complicidad aún más insidiosa: la de la academia militante. Como bien ha señalado el politólogo Armando Chaguaceda, redes como CLACSO han funcionado durante décadas como legitimadoras del autoritarismo cubano bajo el disfraz de la “ciencia social”. Mientras estos centros de pensamiento denuncian con ferocidad cualquier abuso en democracias liberales, callan o justifican las violaciones de derechos humanos en Cuba, transformando la represión en “defensa de la soberanía”.
La represión de las protestas que sacudieron la isla en 2021, cuando la juventud desafío al régimen cubano.
Estos académicos han construido una arquitectura teórica donde el cubano no es un sujeto con derechos, sino un objeto de estudio que debe sacrificarse por el éxito de un modelo que ellos solo consumen desde sus simposios y becas en el extranjero. Académicos, periodistas y políticos, convalidaron el relato del romanticismo revolucionario; y, ante las violaciones a los derechos humanos, eligieron callar. En su imaginario, la revolución lo justifica todo.
El “deshielo” de Obama y el lavado de cara del régimen
Lo que Obama festejaba como el inicio de una “nueva era” de diálogo, Chávez y los Castro lo leyeron como una validación. Fue el triunfo del soft powermal entendido: la creencia de que una sonrisa y un apretón de manos con el “imperio” borraría la naturaleza represiva de sus regímenes. Aquel libro de Galeano —del que su propio autor renegaría años después— fue el caballo de Troya que Obama dejó entrar en su política exterior, marcando el inicio de una serie de concesiones que nunca exigieron nada a cambio. Obama sonreía para la posteridad, sin darse cuenta de que esa foto era el combustible que alimentaría el discurso de las dictaduras durante la siguiente década. El face washing (“lavado de cara”) operaba para la política exterior norteamericana y para las dictaduras a un mismo tiempo y momento.
Barack Obama cerró su gobierno con un tímida acercamiento a La Habana, luego interrumpido por Trump.
En última instancia, para esta izquierda de salón, Cuba no es un país, sino un parque temático de nostalgia ideológica donde ellos pueden jugar a ser revolucionarios sin pagar jamás el precio de la entrada. Defender desde la libertad lo que otros padecen en el cautiverio no es solidaridad, sino una forma refinada de crueldad; es preferir la pureza de sus dogmas a la dignidad de los seres humanos que, desde la isla y el exilio, solo gritan que ya es hora de vivir en libertad.
(*)La autora es Directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA.
El gobierno de Panamá tomó el control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, ubicadas respectivamente en el Pacífico y el Atlántico, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano que declaró la inconstitucionalidad del contrato de concesión, que había sido firmado en 1997.
El máximo tribunal había señalado, en su fallo, que existía “un desequilibrio de las prestaciones económicas pactadas”, lo que originaba “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa en perjuicio de las arcas del Estado”.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha soportado la presión estadounidense desde el comienzo de su gestión.
Como consecuencia de esa sentencia, el decreto del presidente José Raúl Mulino ordenó la “ocupación temporal, por motivo de interés social urgente, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), de todos los bienes muebles” de ambas terminales para “mantener su operación continua y segura”.
Los dichos del Presidente de Panamá: “No es una expropiación”
“Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan”, afirmó el mandatario, en un mensaje televisado. El jefe de Estado indicó que actúa para preservar “una actividad estratégica para el país y fundamental para el comercio mundial”.
El puerto de Cristóbal registró un tráfico de 1,21 millones de contenedores en 2025.
En forma transitoria, por 18 meses, la operación, el mantenimiento y la administración del puerto de Balboa quedarán a cargo de APM Terminals, controlada por la danesa Maersk. Por el mismo plazo, el puerto de Cristóbal será gestionado por el Grupo TiL, controlado por la compañía naviera MSC.
Los puertos de Balboa y Cristóbal, vinculados al transporte de cargas del canal interoceánico, tuvieron en 2025 un movimiento de 3,77 millones de contenedores, que representan el 38% del total de las operaciones portuarias en el país.
Los actores globales: cómo reaccionaron China y Estados Unidos
Hasta el fallo judicial, las terminales portuarias eran administradas por Panama Ports Company, filial de CK Hutchinson, con sede en Hong Kong (China), que calificó la decisión de “ilegal” y definió las medidas del gobierno como “confiscatorias”.
La terminal portuaria de Colón movilizó 2,67 millones de contenedores en el último año.
El vocero de la compañía sostuvo que la infraestructura operativa es propiedad privada y que la empresa invirtió alrededor de 1800 millones de dólares mientras tuvo a su cargo la operación. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la compañía.
El año pasado, tras regresar a la Casa Blanca, la fuerte presión de Donald Trump llevó al gobierno panameño a auditar el funcionamiento de estos dos puertos. Finalmente, en marzo de 2025, CK Hutchinson anunció la venta del 90% de su participación en Panama Ports Company al consorcio formado por el fondo estadounidense Black Rock y el Grupo TiL.
Ahora, tras conocerse la sentencia de la Corte Suprema, el embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Cabrera, destacó que “el fallo fortalece la seguridad nacional” del país. “La decisión hace posible una revisión de la gobernabilidad de los puertos, así como de los procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial que brinden innovación, eficiencia, empleo de calidad y fortalezcan el papel de Panamá como un centro logístico líder”, manifestó el diplomático.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó un decreto que habilita el uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en la Región Oriental, en respuesta a la reaparición del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Paraguay desplegará fuerzas militares en tareas de seguridad
El gobierno de Paraguay dispuso el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna dentro de la Región Oriental del país. La decisión fue formalizada mediante el decreto N.º 5.554 firmado el 25 de febrero por el presidente Santiago Peña.
Según la normativa, el objetivo es restablecer y reforzar las condiciones de seguridad interna, así como prevenir la actuación de grupos vinculados al crimen organizado transnacional, el terrorismo y delitos conexos.
El presidente Santiago Peña encabezó recientemente una reunión estratégica en el Centro de Operaciones del CODI en Concepción con foco en crimen organizado y terrorismo.
La medida se produce tras nuevas apariciones del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización considerada terrorista por las autoridades.
El decreto delimita el empleo militar al territorio de la Región Oriental, incluidos ríos fronterizos, con el propósito de debilitar las bases operativas y logísticas de estas organizaciones.
La disposición otorga al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) la potestad de organizar y ejecutar las acciones necesarias en las zonas norte y sur de la región. Además, ordena que todos los organismos del Poder Ejecutivo en el área afectada colaboren sin restricciones con la estructura operativa.
El Ejército del Pueblo Paraguayo es un grupo armado insurgente activo principalmente en el norte de Paraguay. Las autoridades locales lo consideran una organización terrorista vinculada a secuestros, extorsión y ataques contra fuerzas de seguridad.
El EPP surgió oficialmente en 2008, aunque sus raíces se remontan a movimientos de izquierda radical de la década de 1990. Su núcleo fundador estuvo integrado por militantes que combinaban ideología marxista-leninista con prácticas de guerrilla rural, fenómeno que compartieron otros países de la región como Colombia y Perú.
El Ejército del Pueblo Paraguayo es un grupo armado con ideología marxista-leninista responsable del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis en 2020.
Desde entonces, el grupo centró sus operaciones en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, zonas rurales con baja presencia estatal. Se le atribuyen secuestros extorsivos de alto perfil. ataques a fuerzas militares y policiales, quema de maquinaria y estancias, y el cobro de “impuestos revolucionarios” a productores rurales.
Uno de los casos más emblemáticos fue el secuestro en 2020 del exvicepresidente Óscar Denis, quien permanece desaparecido.
Pese al bajo perfil de la organización, la capacidad del Ejército del Pueblo Paraguayo para la reaparición esporádica y su presencia en el norte de Paraguay lo constituyen como la principal amenaza insurgente a nivel nacional. El decreto N.º 5.554 firmado por el presidente Santiago Peña apunta a darle mejores recursos a las Fuerzas Armadas para afrontar los desafíos de seguridad interna y lucha contra el crimen organizado.
Tras la promulgación del presidente Javier Milei y el tratamiento legislativo en Uruguay, Argentina solicitó la puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea(UE) y el Mercosur. El pacto podría ver la luz tras más de dos décadas de negociaciones.
Argentina impulsa la activación del acuerdo Mercosur-UE
A raíz de su aprobación en el Congreso y el decreto de Milei, Argentina pidió formalmente avanzar con la activación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), uno de los tratados de libre comercio más ambiciosos negociados por la región.
El gobierno de Javier Milei busca que el convenio comience a aplicarse de forma provisional una vez completados los pasos políticos y técnicos pendientes en Europa.
La aprobación legislativa simultánea en Uruguay da mayor fuerza a la gestión de los países del Mercosur, a la espera de que Brasil y Paraguay hagan lo propio internamente, para que el tratado comercial tome vigencia lo antes posible.
El presidente Javier Milei emitió un decreto para que Argentina ratifique el acuerdo UE-Mercosur y así avanzar con su entrada en vigencia
El acuerdo entre ambos bloques ya había sido sellado por el Mercosur y la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, tras más de dos décadas de negociaciones y prevé la eliminación gradual de aranceles para la gran mayoría del comercio bilateral.
De implementarse plenamente, el tratado crearía el mercado de consumidores más grande del mundo y facilitaría el acceso de productos agroindustriales sudamericanos al mercado europeo, al tiempo que abriría las economías del Mercosur a bienes industriales del Viejo Continente.
Fuentes oficiales indicaron que existe una ventana temporal para avanzar con la aplicación provisional del acuerdo una vez que la Unión Europea complete sus procedimientos internos.
Con sus procesos culminados, Argentina y Uruguay pretenden posicionarse entre los primeros países del Mercosur en beneficiarse del nuevo esquema comercial, que depende de Europa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que procederá ahora a la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que su organismo “procederá ahora a la aplicación provisional”. Se trata de una atribución otorgada por el Consejo Europeo en enero, según comentó la funcionaria en su cuenta en la red social X.
Esta activación dependía de la primera ratificación por un país del Mercosur y con los avances provenientes desde Buenos Aires y Montevideo, Europa ya puede avanzar con los mecanismos necesarios para su activación.
Todavía no hay un plazo definido para la entrada en vigencia definitiva del acuerdo entre la UE y el Mercosur, ya que depende del tratamiento individual que le den los 27 países europeos. Sin embargo, la aplicación provisional es una noticia auspiciosa que culmina con 25 años de negociaciones y expectativas comerciales en Sudamérica y Europa.
La campaña para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia quedó atravesada por un nuevo episodio de tensión. Dos candidatos al Congreso fueron reportados como desaparecidos en distintas regiones del país y, horas más tarde, reaparecieron tras haber estado retenidos. El hecho recuerda al reciente asesinato de Miguel Uribe Turbay.
Ahora, se trata de Andrés Vásquez, aspirante al Senado por un partido de derecha, y Anita Guetío, candidata indígena a la Cámara de Representantes. El gobierno colombiano confirmó que ambos regresaron a sus hogares sanos y salvos, aunque las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.
Colombia: qué ocurrió con los candidatos desaparecidos
Andrés Vásquez fue visto por última vez cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, en el departamento de Cesar en el norte del país. Poco después, su vehículo fue encontrado abandonado, lo que alertó a sus familiares y dio inicio a un operativo de búsqueda coordinado por fuerzas de seguridad.
En paralelo, el contacto con Anita Guetío se perdió mientras se desplazaba por una carretera del departamento de Cauca, en el suroeste colombiano. Precisamente, Cauca es una de las regiones más afectadas por la presencia de disidencias armadas, grupos criminales y disputas por economías ilícitas.
El hecho profundiza la violencia política en Colombia, en pleno contexto electoral.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó públicamente que ambos candidatos habían sido retenidos durante varias horas. Aseguró que se desplegaron operativos con “toda la capacidad y determinación” para ubicarlos y garantizar su regreso.
Horas más tarde, el propio ministro informó que los dos aspirantes fueron liberados y que se encontraban en buen estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no precisaron qué grupo estaría detrás de las retenciones ni si existió una exigencia concreta vinculada a la campaña electoral.
Con las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo, y las presidenciales el 31 de mayo, el caso aparece como un nuevo hecho de violencia política en el país.
El antecedente de Miguel Uribe y la preocupación por el aumento de la violencia política
Esta desaparición temporal de los dos candidatos ocurre menos de un año después del asesinato del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 7 de agosto de 2025, tras ser baleado dos meses antes, durante un acto de campaña.
No es el primer hecho de desapariciones o de la perpetuación de la violencia política durante el gobierno de Gustavo Petro.
Aunque en este caso ambos candidatos reaparecieron con vida, el episodio volvió a poner en debate si existen las condiciones suficientes para una competencia democrática plena, a pocos días de las elecciones legislativas.
La NASA añade una misión al programa Artemis y reconfigura la arquitectura Artemis tras recientes desafíos técnicos, lo que también impacta a Artemis II, el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de medio siglo.
Estos ajustes redefinen cronogramas, objetivos y secuencias de misiones antes de intentar nuevamente un alunizaje humano, marcando un giro clave en la exploración lunar y en el camino hacia un regreso sostenible al satélite natural de la Tierra.
La agencia espacial estadounidense anunció el cambio más profundo en su programa Artemis lunar en años, con la introducción de una nueva misión de prueba en 2027 diseñada para realizar maniobras de acoplamiento en órbita terrestre baja antes de intentar un alunizaje humano.
Esta decisión, parte de la actualización de la arquitectura Artemis, se produce mientras se preparan los últimos trabajos para el lanzamiento de Artemis II.
Esta decisión, parte de la actualización de la arquitectura Artemis, se produce mientras se preparan los últimos trabajos para el lanzamiento de Artemis II, cuya ventana de despegue fue reprogramada para abril de 2026 tras la detección de problemas técnicos en el cohete Space Launch System (SLS).
Originalmente planificada para marzo de 2026, la misión Artemis II —el primer vuelo con tripulación de la era Artemis que llevará a cuatro astronautas —ha sufrido retrasos debido a anomalías detectadas en el sistema de suministro de helio del SLS, lo que obligó a retirar el cohete de la plataforma y regresarlo al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) para una revisión técnica detallada.
A diferencia de las primeras versiones del plan, Artemis II no cambia su misión principal, que sigue siendo un vuelo de 10 días alrededor de la Luna sin alunizaje para probar la nave Orion y las capacidades humanas profundas necesarias para futuros aterrizajes. Sin embargo, su cronograma se ha ajustado y se ha convertido en un hito crítico ante la reestructuración general del programa.
Las nuevas fechas del aluzinaje a la Luna de la NASA
Los cambios en la arquitectura de misiones Artemis contemplan que la próxima misión Artemis III, que antes estaba destinada a llevar astronautas al polo sur lunar, ahora operará en 2027 en órbita terrestre baja para ensayar maniobras de docking con módulos de aterrizaje desarrollados por empresas comerciales como SpaceX y Blue Origin. En consecuencia, el primer alunizaje humano del programa se ha reprogramado para la misión Artemis IV en 2028, postergando ese logro histórico.
La NASA también ha cancelado planes para modernizar el cohete SLS a una versión más potente y decidió centrarse en aumentar la producción y el ritmo de lanzamiento, con el objetivo de reducir las brechas entre misiones a aproximadamente 10 meses. Esta reorientación busca reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del regreso humano a la Luna y preparar el escenario para exploraciones futuras más profundas, incluso hacia Marte.
A diferencia de las primeras versiones del plan, Artemis II no cambia su misión principal, que sigue siendo un vuelo de 10 días alrededor de la Luna sin alunizaje para probar la nave Orion y las capacidades humanas profundas necesarias para futuros aterrizajes.
Con estos ajustes estratégicos, la agencia reafirma su compromiso de avanzar con prudencia, aprendiendo de cada etapa del programa Artemis lunar y asegurando que cada misión, incluida Artemis II, cumpla con rigurosos estándares antes de abordar desafíos más ambiciosos en la superficie lunar
Pakistán y Afganistán ya no intercambian ataques, sino que protagonizan una nueva guerra en una larga historia de conflictos. Islamabad declaró la “guerra abierta” contra su vecino y tensiona a Asia y Medio Oriente ante las posibles consecuencias de las acciones militares.
Pakistán bombardeó Kabul y declaró “guerra abierta” a Afganistán
Pakistán lanzó bombardeos sobre la capital y otras provincias afganas, en lo que describió como una respuesta a ataques transfronterizos atribuidos al gobierno talibán. La ofensiva marcó un fuerte salto en la tensión bilateral y llevó a Islamabad a hablar de una “guerra abierta”.
Las explosiones se registraron horas después de que fuerzas afganas atacaran puestos militares pakistaníes a lo largo de la frontera, en un nuevo capítulo de una serie de represalias mutuas entre ambos países.
La “guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán llegó con bombardeos sobre Kabul, la capital afgana.
El gobierno pakistaní aseguró que sus ataques alcanzaron objetivos militares talibanes en Kabul, Kandahar y Paktia, y afirmó que murieron más de 130 combatientes afganos.
Sin embargo, las autoridades de Afganistán rechazaron esa versión y denunciaron que los bombardeos provocaron víctimas civiles. También sostuvieron que sus fuerzas habían destruido varios puestos pakistaníes y causado decenas de bajas al otro lado de la frontera.
Por qué se enfrentan Pakistán y Afganistán
El choque actual se produce tras meses de deterioro en las relaciones bilaterales. Pakistán acusó al gobierno talibán de albergar al Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), grupo insurgente responsable de numerosos atentados en territorio pakistaní, algo que Kabul niega. Esta organización insurgente también fue motivo de conflictos en el pasado con India.
Pakistán acusó a Afganistán de albergar al Tehrik-i-Taliban Pakistan y comenzó una guerra que puede tener implicancias en Asia y Medio Oriente.
En las últimas semanas ya se habían registrado ataques y contraataques a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto entre ambos países, lo que elevó el riesgo de un conflicto más amplio.
La comunidad internacional expresó preocupación por la rápida escalada. Naciones Unidas y varios países pidieron contención y el retorno al diálogo ante el riesgo de que la crisis derive en un enfrentamiento de mayor escala.
El conflicto es especialmente sensible por el papel estratégico de Pakistán. Islamabad integra el grupo de las potencias nucleares y, por otro lado, preocupa la inestabilidad crónica de Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder en 2021.
Por ahora, ambos gobiernos mantienen posiciones firmes y continúan con un conflicto que podría profundizar la grave crisis económica y humanitaria en Kabul, además de las posibles repercusiones en los países vecinos con nuevos ingresos de refugiados.
Con evacuaciones civiles en zonas fronterizas y más operaciones militares en curso, el riesgo de una escalada mayor entre Afganistán y Pakistán sigue latente en Asia y Medio Oriente.
El concierto a beneficio se desarrolló en la Residencia del Embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, en el barrio de Belgrano. La Fundación Pradier fue coanfitriona del evento, que contó con destacada presencia de diplomáticos, representantes del mundo artístico y del sector político y empresarial.
Adriana Miranda, Esteban Fioroni, Bruno Bragao y Katharina Deissler, junto al embajador Dieter Lamlé y César Pradier.
El cuarteto Azabache está integrado por músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta “Juan de Dios Filiberto”. Sus integrantes son la joven alemana Katharina Deissler, fundadora del grupo, y los argentinos Esteban Fioroni, Bruno Bragato y Adriana Miranda.
Formado en 2017, el cuarteto de cuerdas aborda un repertorio original con fuertes raíces en la música popular rioplatense, en un propuesta musical renovadora dentro del mundo del tango.
La gala artística se desarrolló en el marco de la colaboración entre la Embajada de Alemania y la Fundación Pradier.
La Fundación Pradier, presidida por César Pradier, es una organización sin fines de lucro dedicada a acciones de promoción socioeducativa a través de la música y las artes. Sus programas buscan promover el desarrollo integral y los derechos de niños/as y jóvenes de todo el país.
En un contexto de constantes tensiones con China, Japón decidió inclinarse por una estrategia clave en uno de los temas más sensibles para su vecino. De esta forma, y por primera vez, la nación insular especifica un calendario para el despliegue de misiles en la isla de Yonaguni, situada a unos 110 kilómetros de Taiwán, territorio reclamado por China.
Un día después de que China aplicara restricciones a más de 20 empresas japonesas por cuestiones de seguridad nacional, el gobierno de Japón confirmó que el despliegue de misiles tierra-aire se realizará hacia el final del año fiscal 2030, es decir, en marzo de 2031. La medida se enmarca en un endurecimiento progresivo de la política de defensa japonesa ante el aumento de la presión militar en el Indo-Pacífico.
Japón y el despliegue en Yonaguni: qué implica el anuncio sobre los misiles tierra-aire
Según el Ministerio de Defensa de Japón, Shinjirō Koizumi, los sistemas que se instalarán en la isla serán dealcance medio, diseñados para interceptar aeronaves y posibles proyectiles entrantes. Se trata de un refuerzo defensivo en el extremo suroccidental del archipiélago japonés.
Yonaguni forma parte de la prefectura de Okinaway es el punto más occidental de Japón. Su ubicación es estratégica al encontrarse muy cerca de Taiwán, en una zona por donde transitan rutas marítimas claves. En un eventual escenario de crisis en el estrecho de Taiwán, la isla tendría un rol relevante en la vigilancia y en la respuesta temprana.
Yonaguni, la isla remota japonesa que se encuentra a tan solo 110 kilómetros de Taiwán.
Si bien Japón ya había reforzado su presencia militar en el suroeste del país en los últimos años, esta es la primera vez que fija públicamente una fecha concreta para instalar sistemas de defensa aérea en esa isla. El anuncio envía una señal clara sobre la prioridad que Tokio otorga a la discusión con China en la región.
La decisión también se vincula con la reforma de la estrategia de seguridad japonés, que en los últimos años amplió el margen de acción de las Fuerzas de Autodefensa, tradicionalmente limitados por la Constitución pacifista adoptada tras la Segunda Guerra Mundial.
Este despliegue no supondrá la creación de una nueva base militar, sino el refuerzo de las instalaciones ya existentes de las Fuerzas Armadas. Los sistemas tierra-aires serían trasladados progresivamente hacia marzo de 2031, junto con personal especializado y equipos de radar para detección temprana. La medida apunta a garantizar capacidad de intercepción inmediata ante eventuales incursiones aéreas o lanzamientos de misiles en la zona.
Las razones detrás del despliegue de Japón
Desde la llegada de Sanae Takaichi al poder, las relaciones de Japón con China se tensaron aún más, en parte por sus declaraciones sobre la posibilidad de que un ataque chino a Taiwán constituya una “situación de amenaza a la supervivencia” que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.
Esto rompió con décadas de retórica más cauta sobre el conflicto en el estrecho de Taiwán y fue percibido por China como una provocación directa. El gigante asiático respondió con la imposición de controles de exportación a decenas de empresas japonesas, centrado en la restricción de productos y materias primas clave y el aumento de la presencia naval en la región como señal de fuerza.
El despliegue de misiles se concretará para marzo del año 2031.
A su vez, el rol de Estados Unidos es otro factor central: el tratado de seguridad entre Japón y el país norteamericano, además de estrechar los lazos militares entre ambas naciones, las obliga a cooperar en defensa. Esta alianza es vista por China como un intento de contener su influencia, y por Japón como un pilar para reforzar su postura disuasiva frente al expansionismo de Pekín.
