El gobierno de Panamá tomó el control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, ubicadas respectivamente en el Pacífico y el Atlántico, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano que declaró la inconstitucionalidad del contrato de concesión, que había sido firmado en 1997.
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El máximo tribunal había señalado, en su fallo, que existía “un desequilibrio de las prestaciones económicas pactadas”, lo que originaba “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa en perjuicio de las arcas del Estado”.
Como consecuencia de esa sentencia, el decreto del presidente José Raúl Mulino ordenó la “ocupación temporal, por motivo de interés social urgente, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), de todos los bienes muebles” de ambas terminales para “mantener su operación continua y segura”.
Los dichos del Presidente de Panamá: “No es una expropiación”
“Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan”, afirmó el mandatario, en un mensaje televisado. El jefe de Estado indicó que actúa para preservar “una actividad estratégica para el país y fundamental para el comercio mundial”.
En forma transitoria, por 18 meses, la operación, el mantenimiento y la administración del puerto de Balboa quedarán a cargo de APM Terminals, controlada por la danesa Maersk. Por el mismo plazo, el puerto de Cristóbal será gestionado por el Grupo TiL, controlado por la compañía naviera MSC.
Los puertos de Balboa y Cristóbal, vinculados al transporte de cargas del canal interoceánico, tuvieron en 2025 un movimiento de 3,77 millones de contenedores, que representan el 38% del total de las operaciones portuarias en el país.
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Los actores globales: cómo reaccionaron China y Estados Unidos
Hasta el fallo judicial, las terminales portuarias eran administradas por Panama Ports Company, filial de CK Hutchinson, con sede en Hong Kong (China), que calificó la decisión de “ilegal” y definió las medidas del gobierno como “confiscatorias”.
El vocero de la compañía sostuvo que la infraestructura operativa es propiedad privada y que la empresa invirtió alrededor de 1800 millones de dólares mientras tuvo a su cargo la operación. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la compañía.
El año pasado, tras regresar a la Casa Blanca, la fuerte presión de Donald Trump llevó al gobierno panameño a auditar el funcionamiento de estos dos puertos. Finalmente, en marzo de 2025, CK Hutchinson anunció la venta del 90% de su participación en Panama Ports Company al consorcio formado por el fondo estadounidense Black Rock y el Grupo TiL.
Ahora, tras conocerse la sentencia de la Corte Suprema, el embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Cabrera, destacó que “el fallo fortalece la seguridad nacional” del país. “La decisión hace posible una revisión de la gobernabilidad de los puertos, así como de los procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial que brinden innovación, eficiencia, empleo de calidad y fortalezcan el papel de Panamá como un centro logístico líder”, manifestó el diplomático.
