El Salvador y Venezuelaprotagonizaron un complejo intercambio de prisioneros que involucró a Estados Unidos. El gobierno de Nayib Bukele deportó a 252 venezolanos que estaban alojados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses retenidos por el régimen chavista.
El acuerdo se concretó, pero la tensión alcanzó un nuevo nivel después de que los funcionarios de ambos Estados cruzaron acusaciones que van desde chantaje hasta violaciones de los derechos humanos.
El largo proceso detrás del acuerdo entre El Salvador y Venezuela
Las primeras gestiones para un canje entre ambos países habían comenzado en mayo, cuando el gobierno venezolano rechazó la propuesta de Bukele de liberar a los migrantes alojados en el CECOT a cambio de los prisioneros políticos retenidos en Caracas.
Un comunicado del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había calificado de “cínica” la iniciativa y presentó un habeas corpus ante la justicia de El Salvador para conseguir el regreso de sus ciudadanos.
El Salvador deportó a 252 migrantes venezolanos que habían sido enviados desde Estados Unidos y alojados en el CECOT.
Dos meses más tarde, El Salvador y Venezuela llegaron a un acuerdo que consistió en la deportación de 252 venezolanos que habían llegado al país producto del acuerdo con Estados Unidos para alojar a delincuentes peligrosos. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro liberó a 10 ciudadanos estadounidenses retenidos.
Cuando llegaron los primeros vuelos de deportación, funcionarios chavistas anunciaron la apertura de una investigación penal contra Bukele y altos funcionarios de su gabinete, entre ellos el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
Saab especificó que investigarán las denuncias de los detenidos de supuestos golpes, amenazas, maltrato físico y deficiencias alimentarias durante su paso por el centro penitenciario de alta seguridad.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo y el sistema penal salvadoreño ya habían sido denunciados por Amnistía Internacional por la detención de más de 85.000 personas “sin pruebas admisibles suficientes, muchas veces basándose en perfiles discriminatorios y denuncias anónimas”. La organización sin fines de lucro considera que mayoritariamente se viola el debido proceso y los derechos de los detenidos.
El presidente Nayib Bukele, acusado de propiciar torturas a presidiarios, logró bajar los niveles de violencia en El Salvador gracias al régimen de excepción y las estrictas medidas de seguridad en el CECOT.
El presidente salvadoreño desestimó las acusaciones de Venezuela y señaló que son “estrategias de distracción”, porque la dictadura de Nicolás Maduro ya no puede condicionar las políticas de Estados Unidos contra Caracas tras liberar a sus ciudadanos.
La líder opositora María Corina Machado, a su vez, respaldó a El Salvador y sostuvo que Maduro usó a los detenidos como instrumentos de presión a la Administración Trump. “Maduro ha utilizado a los ciudadanos como secuestrados para extorsionar, para chantajear”, afirmó la política, que especificó que el régimen buscaba mejores condiciones económicas, reconocimiento y legitimidad para su gobierno.
Nicolás Maduro es acusado, entre otros delitos vinculados al crimen organizado, de perpetuarse ilegítimamente en el poder al manipular los datos electorales de las últimas elecciones a presidente, el 28 de julio de 2024, y de las parlamentarias realizadas en mayo de ese año que le permitieron aumentar su control sobre la Asamblea Nacional.
“A 25.000 pies de altitud, no hay margen para errores. En esas condiciones, el oxígeno es escaso, el juicio se nubla y la reacción debe ser instantánea. Para los pilotos de combate, acostumbrados a operar bajo presión extrema, conocer cómo reacciona su cuerpo a la hipoxia no es opcional: es una necesidad crítica de supervivencia”, explican desde la Fuerza Aérea Argentina, donde el Programa F-16 “Peace Condor” avanza contrarreloj a la espera de la llegada de los primeros aviones F-16 Fighting Falcon comprados por Argentina aDinamarca.
¿Por qué la explicación?, resulta que en este momento, en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE) los futuros pilotos de las aeronaves de caza se están entrenando para volar los aviones supersónicos en un ambiente controlado, hermético y presurizado.
Volar el F-16 no será tarea fácil para el exclusivo grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que fueron seleccionados para operar la nueva aeronave comprada a Dinamarca.
En el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial los futuros pilotos de F-16 se están entrenando para volar los aviones supersónicos en un ambiente controlado, hermético y presurizado (Foto: Fuerza Aérea Argentina).
Según explican desde la Institución, el entrenamiento es intenso e incluye la exposición deliberada a condiciones hipobáricas, que simulan vuelos a gran altitud.
“Se entrenan para operar con aeronaves de combate de última generación en escenarios de alta complejidad operativa”, destacaron y agregaron: “Lejos de ser un ejercicio de laboratorio, este entrenamiento tiene una dimensión operacional concreta. Los pilotos de caza, especialmente los que se preparan para operar plataformas como el F-16, están expuestos a condiciones extremas de altitud y velocidad. Saber cómo responde el cuerpo en esos momentos es una ventaja táctica y, muchas veces, la diferencia entre volver a base o no hacerlo”.
El dato: la Fuerza está habituada a este tipo de entrenamientos, pues es una exigencia que tienen que aprobar todos los aviadores de las unidades de combate: “No importa qué avión se vuele, los efectos fisiológicos de la altitud afectan a todos por igual”.
¿Qué es la hipoxia y por qué afecta a los pilotos de combate?
Desde la Fuerza Aérea Argentina resumieron: la hipoxia ocurre cuando el cuerpo recibe menos oxígeno del necesario.
La Fuerza Aérea está habituada a este tipo de rigurosos entrenamientos, porque es una exigencia que tienen que aprobar todos los aviadores de las unidades de combate.
¿Por qué afecta a los aviadores?, básicamente porque a medida que una aeronave asciende -y la presión atmosférica disminuye- la oxigenación cerebral se reduce, “afectando de forma progresiva la capacidad de pensar, coordinar y reaccionar”.
Ante ese panorama, un piloto puede sentir mareos, cosquilleo, visión borrosa, euforia y hasta una falsa sensación de bienestar. “Lo peligroso es que muchas veces el piloto no se da cuenta de que está siendo afectado. En altitudes superiores a los 20.000 pies, el Tiempo Útil de Conciencia (TUC) puede reducirse a menos de un minuto. Y cuando eso ocurre durante una misión, no hay segunda oportunidad”, indicaron, al tiempo que, uno de los pilotos, contó que -en ese contexto- si le piden escribir su nombre, apenas puede sostener una lapicera.
“No se trata de resistir, sino de reconocer el umbral antes de que la conciencia se pierda”, detallaron desde la Fuerza (Foto: FAA)
En detalle, así fue el entrenamiento para los pilotos de F-16
Según detallaron desde la Secretaría General de la Fuerza Aérea, con el objetivo de que cada piloto pueda identificar los síntomas de hipoxia, se simuló una situación a 25.000 pies de altitud. “No se trata de resistir, sino de reconocer el umbral antes de que la conciencia se pierda”, indicaron.La simulación se realiza bajo estricta supervisión de médicos, psicofisiológicos, instructores y personal de evaluación vestibular. “Se monitorea la actividad cerebral, cardíaca, muscular y respiratoria. La cámara cuenta con dos compartimentos presurizables de manera independiente, permitiendo maniobras rápidas de descompresión y control total sobre las condiciones del entorno”, aclararon.
Las declaraciones de Peter Lamelas, candidato a reemplazar a Marc Stanley como embajador de Estados Unidos en Argentina, resonaron a nivel nacional. Las Islas Malvinas permanecen como un reclamo sin respuesta tras décadas de apelar al diálogo bilateral con Reino Unido, pese a las presiones internacionales.
La postura estadounidense de neutralidad que se observa en la actualidad y que Lamelas señaló en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano no fue siempre así. Incluso, el país jugó un papel fundamental del lado británico durante la Guerra de Malvinas.
Al respecto, DEF consultó a la experta Ana Laura Bochicchio, historiadora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Conicet y actual docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A instantes de que Argentina realice el desembarco en las islas, el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y el mandatario de los Estados Unidos, Ronald Reagan, mantuvieron un contacto telefónico después de que este fuera notificado por la primera ministra británica, Margaret Thatcher.
El diálogo previo al conflicto militar que le costó la vida a 649 soldados argentinos en el archipiélago, y muchos más luego de la guerra, fue ante todo un pedido de Reagan para detener el uso de la fuerza y apelar a una vuelta al diálogo por parte de la Junta Militar en Buenos Aires. El presidente estadounidense utilizó las fructíferas relaciones con Reino Unido y la opinión negativa que el ataque argentino causaría en la población norteamericana para desescalar la guerra en ciernes.
Galtieri decidió continuar con los desembarcos y el conflicto entre Argentina y Reino Unido estalló al día siguiente, el 2 de abril de 1982. Pese al llamado, Washington quebró la neutralidad y respaldó a los británicos por la alianza que unía en ese momento a ambos países en el marco de la Guerra Fría.
Leopoldo Galtieri decidió continuar con los desembarcos a pesar del contacto de Estados Unidos para desescalar el conflicto.
Estados Unidos abandonó su rol de mediador e incluso la Doctrina Monroe, que establecía en un principio que no se promovería el colonialismo europeo en el continente americano. Ana Laura Bochicchio bien lo detalla en su artículo “Guerra Fría e intervención estadounidense en Malvinas (1982)”.
“El gobierno estadounidense tomó medidas tales como brindar abiertamente su apoyo a Gran Bretaña, acusar de intransigencia al gobierno argentino y suspender los suministros de equipos militares a Argentina, entre otras”. Estos envíos estaban valuados en más de tres millones de dólares que el gobierno militar argentino ya había pagado.
El documento recuerda que tanto Inglaterra como Estados Unidos decían estar defendiendo los derechos de autodeterminación de los habitantes de las islas, en referencia a la Resolución 2065 de la ONU en 1965.
Ronald Reagan y Margaret Thatcher enfrentaron juntos la Guerra de Malvinas fruto de la amistad durante la Guerra Fría.
En ella se reconocía la existencia de una disputa de soberanía y se instaba a una resolución pacífica que contemple los intereses de la población en las Islas Malvinas, que para Margaret Thatcher era permanecer bajo el dominio británico.
El apoyo militar de Estados Unidos fue tácito y de estrecha colaboración. El entonces secretario de Defensa, Caspar Weinberger, estableció que todos los pedidos británicos tenían inmediata y primera prioridad, entre los que se encontraban los misiles AIM-9L Sidewinder y los FIM-92A Stinger, que tuvieron su primera prueba de fuego en Malvinas.
Los estadounidenses también cedieron equipos de guerra electrónica, repuestos para los cazas Sea Harrier y helicópteros, minas, morteros y munición para armamento, muchos de ellos salieron directamente de los almacenes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa.
La fase de neutralidad y los dichos de Peter Lamelas, el embajador de Donald Trump
La ayuda estadounidense fue vital para que Reino Unido venciera a Argentina en la Guerra de Malvinas. Con la victoria militar, el gobierno británico reforzó la administración de las islas y eludió futuros acercamientos para tratar las disputas de soberanía.
Estados Unidos, por su parte, abandonó paulatinamente la intervención directa en los reclamos y abogó por la neutralidad, pese a los pedidos argentinos de pronunciamientos explícitos.
Los sucesivos gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush Jr., Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden reconocieron la administración británica y buscaron atenerse a las evaluaciones del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas para lograr una solución a largo plazo.
La particularidad de Joe Biden fue su declaración cuando era senador por el Estado de Delaware, en 1982: “Es claro que el agresor es Argentina y es claro que el Reino Unido tiene razón y debería ser bien claro para todo el mundo a quién apoya Estados Unidos”, sostenía en el Congreso quien luego no tradujo su tendencia pro-británica cuando se convirtió en presidente de los Estados Unidos.
La postura histórica de Estados Unidos sobre Malvinas es la neutralidad, pero su apoyo varió favorablemente para Reino Unido en el conflicto militar de 1982.
Actualmente, en el marco de las relaciones de Donald Trump y Javier Milei, se pretendía un mayor acercamiento en la Cuestión Malvinas por parte del candidato a embajador en Argentina, Peter Lamelas, quien dijo “no reconocemos la soberanía de Argentina ni del Reino Unido”.
Las declaraciones ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano revivieron los cuestionamientos sobre la postura de Estados Unidos sobre la histórica disputa entre Argentina y Reino Unido.
Según la historiadora Ana Laura Bochicchio, los dichos de Lamelas son un reflejo de la “tendencia ambigua” que sintetiza el posicionamiento de Washington respecto a Malvinas a lo largo de la décadas, que solo cambió favorablemente para Reino Unido, durante la Guerra de 1982.
“Todo esto, al igual que los otros dichos de Lamelas sobre Argentina, la región y las relaciones con China, responden a una visión cultural que ha definido al imperialismo estadounidense en Latinoamérica desde el siglo XIX. La idea de que somos un “patio trasero” determina el hecho de que América Latina sea comprendida por EE. UU. como una región en la que le es posible intervenir en favor de sus propios intereses, reflexionó Bochicchio.
Reino Unido se ampara en la autodeterminación del pueblo apostado en Malvinas para defender su soberanía en el Atlántico Sur.
Para la docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, esto no es más que una influencia basada en el Destino Manifiesto, que pone a Estados Unidos como una nación elegida para la “misión sagrada” de expandirse por el continente americano.
Su rivalidad con China, a la que también se refirió Peter Lamelas al hablar sobre Argentina, tiene un alto componente en términos económicos. El potencial comercial de Pekín ya captó a países como Perú y Brasil, cuyos gobiernos aceptaron inversiones multimillonarias para potenciarse como hub logísticos y puertas de entrada al comercio con Asia. Esto desafía la imposición del poderío estadounidense en la región y la idea del posible embajador de EE. UU. en Buenos Aires de recorrer las 23 provincias argentinas y atraerlas hacia la inversión empresarial norteamericana.
Estados Unidosprofundiza su política contra la inmigración ilegal bajo la presidencia de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) junto a otras organizaciones deportaron a 280 mil personas en los primeros seis meses de 2025, un récord en los últimos 10 años.
Las deportaciones de Trump vs. otras administraciones
Las promesas de campaña de Donald Trump de endurecer los controles fronterizos en el límite con México y deportar a los inmigrantes ilegales es posiblemente una de las políticas que más satisfacieron a la base del Partido Republicano una vez en el poder.
Según la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a 150.000 personas con un estatus irregular.
Las gestiones del ICE sobrevivieron a momentos álgidos, como fueron las redadas en Los Ángeles, que pusieron en peligro a los agentes migratorios y requirió la intervención militar de la Guardia Nacional y los marines.
La Admistración Trump expulsó a 280.000 migrantes ilegales en tan solo seis meses y se aproxima el récord de Barack Obama.
La estadística reportada por Tricia McLaughlin cimenta la posibilidad de medidas más profundas. El informe también señaló las 112.000 deportaciones adicionales realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y otras 13.000 “autodeportaciones”.
Con un total de más de 280.000 personas expulsadas del país, supone un récord en tan solo seis meses, aunque aún está lejos del objetivo de 1.000.000 de deportados planteado por la Casa Blanca.
Respecto a otras administraciones, Donald Trump está cerca de los 400.000 de Barack Obama, la cifra más alta registrada en un año, en parte gracias a la inadmisión de recién llegados a los límites fronterizos.
El ICE, la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos
Donald Trump le dio máxima prioridad al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y eso se cimenta en el mayor presupuesto de su historia. A través de la Ley “One Big Beautiful Bill”, la partida anual del ICE pasa de 8.700 millones de dólares a aproximadamente 37.500 millones, con un total de 150.000 millones asignados a la agencia para los próximos cuatro años.
El ICE se convirtió en la agencia más apoyada con Donald Trump gracias al presupuesto récord de 150.000 millones de dólares en cuatro años.
Se prevé que sea empleado en mejorar el sistema de detención y la capacidad operativa, con mayores recursos para emplear en todo el territorio nacional y no solo en los Estados fronterizos.
El desembolso que recibirá la agencia que cumple un rol estratégico en las políticas migratorias del presidente republicano, la posiciona como una de las más importantes entre las agencias estadounidenses e incluso entre algunos ejércitos del mundo.
El ICE dispondrá de más dinero que el utilizado por las fuerzas armadas de países como Israel, Irán, Turquía, España, y al menos 23 Estados de los 40 que más gastan en defensa, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
De esta forma, Donald Trump consolidará un año clave en cantidad de deportaciones y cumplirá con su promesa de campaña de endurecer las políticas migratorias pese a la reticencia de algunos sectores de la sociedad estadounidense.
El brigadier general Xavier Julián Isaac es quien lidera este organismo que, con los medios y efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cumple con misiones fundamentales para la defensa del país.
Desde esa posición estratégica, y en diálogo con DEF, Isaac compartió su mirada sobre el presente de las Fuerzas Armadas y los desafíos y oportunidades que se presentan en el escenario militar actual. Laoperación “Roca”en la frontera Norte, una posible mejora salarial, la base naval integrada en Tierra del Fuego, la presencia argentina en la Antártida y otras iniciativas clave, como el lanzamiento de un cohete y la compra de los F-16 por parte de la Fuerza Aérea, fueron algunos de los temas abordados durante el encuentro.
La operación “Roca” en detalle: “No habrá infracción a las leyes vigentes”
-¿Cuál es el papel del Estado Mayor Conjunto en la Operación “Roca”?
-El rol central, porque la operación “Roca” va a depender del Comando de Operaciones Conjuntas del EMCO. Están los planes desarrollados. El Ejército es la Fuerza que, en este caso, va a llevar el peso de la maniobra.
Está todo muy claro, el despliegue será en zonas alejadas de poblaciones y en espacios geoestratégicos coordinados con Gendarmería, ya que esta Fuerza tiene a su cargo la función de controlar los puestos fronterizos legales. Las Fuerzas de Armadas van a complementar y van a hacer vigilancia y control.
La operación “Roca” dependerá del Comando de Operaciones Conjuntas del EMCO, confirmó Isaac. (Fotos: Fernando Calzada)
-¿Todo estará dentro de la Ley?
–Vamos a controlar las fronteras con todas las precauciones del caso. Que no quede ninguna duda: no habrá ningún tipo de infracción a las leyes vigentes. Incluso, el Ministerio de Defensa tuvo reuniones con fiscales y jueces para poder actuar dentro de la legalidad.
Sí tendremos que hacer un ajuste importante en los planes de instrucción para estar bien preparados y con una tarea perfectamente determinada. Las reglas de empeñamiento indican qué se puede hacer y qué no.
-Será una actividad bien planificada, usaremos toda la tecnología disponible y otra que estamos incorporando. Vigilaremos con drones y reconocimiento aéreo. Nuestra tarea es la vigilancia y, eventualmente, el control. Para eso nos estamos preparando.
Como dato testigo del nivel de detalle de nuestra planificación, pensamos en desplegar a los efectivos con una cámara del tipo GoPro para que todo quede registrado.
-Hubo otros operativos en la frontera Norte, ¿cuál es la diferencia con este?
-Que realmente vamos a ir con otros medios, vamos a incorporar mucha tecnología, fundamentalmente drones con enlace directo al Centro de Comando y Control que, a su vez, está en línea directa con la fiscalía por si, eventualmente, tenemos que actuar en algún control. Creo que la diferencia será la cantidad de efectivos a desplegar y los medios que estamos sumando.
Isaac: “Desde el Estado Mayor Conjunto apuntamos a concentrar los requerimientos de las Fuerzas Armadas en pos de incorporar drones”.
-¿Los efectivos tendrán algún aumento en sus salarios?
-Está previsto continuar con la equiparación. Estamos modificando la Ley del Personal Militar para tratar de incorporar algún tipo de suplemento. También estamos trabajando con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y con el Banco Nación para tener créditos hipotecarios a muy baja tasa.
Hay una serie de baterías de medidas que se están analizando para avanzar y transformar esto en una realidad concreta en un futuro cercano. Estamos viendo cómo podemos ayudar al personal militar, especialmente a aquellos de los grados más bajos.
Drones en las Fuerzas Armadas argentinas: “Es el futuro”
-En pos de sumar capacidades, ¿qué proyectos tienen en agenda?
-Desde el Estado Mayor Conjunto apuntamos a concentrar los requerimientos de las Fuerzas Armadas en pos de incorporar drones. Es el futuro y se ve su importancia en los conflictos actuales. Las tres Fuerzas venían trabajando en esta materia. Desde el Ministerio recibimos la orden de centralizar eso y evaluar posibilidades en el exterior. Justamente, estamos analizando alternativas de UAV clase 1, 2 y 3 para ser adquiridos de manera conjunta.
Otro tema es la ciberdefensa. Estamos mudando de sede el Comando Conjunto y vamos a aprovechar para mejorar las capacidades de protección. Es increíble la cantidad de ataques que se reciben a diario en nuestras redes, hay que estar preparados y con la más moderna tecnología.
El jefe del EMCO adelantó a DEF: “Está previsto continuar con la equiparación salarial”.
También continuamos con el Plan de Adquisición de Munición Plurianual. En ese sentido, estamos cerrando contratos importantes. Y, a su vez, estamos enfocados -junto a las Fuerzas- en la incorporación de armamento liviano.
-¿Ustedes proponen o es cada Fuerza la que lo hace?
-Está todo escrito y existe un Plan de Capacidades Militares. Todo se va reajustando de acuerdo con las necesidades y avances tecnológicos. El Estado Mayor Conjunto brinda congruencia.
No hace falta intervenir mucho porque cada una de las Fuerzas sabe perfectamente lo que necesita. A veces centralizamos los requerimientos y, en otras oportunidades, apoyamos con recursos. En general, lo que sí hacemos es asistir en la orientación de la adquisición y los trámites administrativos.
En diálogo con DEF, Isaac compartió su mirada sobre el presente de las Fuerzas Armadas y los desafíos y oportunidades que se presentan en el escenario militar actual.
“Estamos para apoyar, somos un equipo”
-¿Cuál es el balance que realiza de su gestión en este primer año y medio?
-Apoyamos a las tres FF. AA. por igual aunque, obviamente, en algunos momentos -de acuerdo a las necesidades- una puede tener mayor preponderancia que otra.
La Fuerza Aérea, y sus F-16, ahora el Ejército con los Strykers y la renovación de la flota de helicópteros de asalto y, próximamente, la Armada con la recuperación de la flota de submarinos. Nosotros estamos para apoyar, somos un equipo.
-El EMCO cuenta con comandos conjuntos, ¿cuál es el que tiene mayor relevancia?
– El Comando Conjunto Aeroespacial y Comando Conjunto Marítimo son preponderantes por llevar adelante tareas inherentes a la misión principal del instrumento militar, ambos dependen del Comando de Operaciones Conjunto (el responsable de todas las operaciones en desarrollo). Asimismo, las actividades del Comando Conjunto Antártico tienen un impacto estratégico.
También tenemos un Comando Conjunto de Ciberdefensa, clave en la relación con la seguridad de las redes informáticas. Otro, no menos importante, es el de Emergencia, que tuvo una gran participación en las diferentes crisis desatadas ante desastres climáticos en nuestro país. También, y de gran importancia, está el de Fuerzas Especiales.
Por dentro, así es el Comando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas argentinas.
-Usted también puso el foco en la Sanidad Conjunta…
-Cuando me hice cargo tuve la oportunidad de conocer el Laboratorio Conjunto de las Fuerzas Armadas. Comenzamos un proyecto de recuperación, inversiones y certificaciones para volver a producir. Estamos muy cerca de volver a entregar a las Fuerzas Armadas diferentes productos.
Base Naval Integrada y Petrel, el presente de dos iniciativas estratégicas en el Atlántico Sur
-¿Cuál es el presente del proyecto de la Base Naval Integrada?
-Está en marcha, la Armada tiene perfectamente claro cómo llevarlo adelante y, en este sentido, Tandanor estuvo a cargo de armar las estructuras donde se va a montar el nuevo Centro Logístico Antártico en Ushuaia.
Sin dudas, para el Comando Conjunto Antártico, poder contar con un espacio cercano y propio desde donde organizar el funcionamiento de las bases antárticas será un avance significativo.
Isaac: “El Comando Conjunto Aeroespacial y Comando Conjunto Marítimo son preponderantes por llevar adelante tareas inherentes a la misión principal del instrumento militar”.
-¿Qué le falta al Petrel?
-Continúan las tareas para montar los módulos habitacionales y se sigue trabajando en la pista en pos de habilitarla, especialmente para la operación de aeronaves de gran porte como el C-130. Eso agilizará sustancialmente el puente logístico. Las tareas siguen según lo planificado.
F-16: “No es un programa exclusivo de la Fuerza Aérea, es del país”
-Viene de ser jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Ahora, al frente del Estado Mayor Conjunto, ¿tiene alguna inclinación hacia ella?
-No, para nada, por el contrario. Soy muy respetuoso con las Fuerzas, sus autoridades y su misión. Desde el EMCO apoyamos, coordinamos esfuerzos, damos congruencia a la planificación y al proceso de adquisición de medios entre otras cosas.
Según puntualizó Isaac, se sigue trabajando en la pista de la base Petrel, especialmente para la operación de aeronaves de gran porte como el C-130.
-Hace poco una delegación viajó a Dinamarca para avanzar en el Programa F-16, ¿por qué no fue parte de esa comitiva?
-Porque mi tarea finalizó en el momento que deje de ser jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Ahora, todo lo relacionado a la adquisición del F-16 corre por cuenta de la FAA. Por supuesto, desde el Conjunto sigo apoyando todo lo vinculado a esta gran incorporación, del mismo modo que sigo atentamente otros proyectos. Incluso, a veces, asistimos con fondos propios de este Estado Mayor para lograr algún equipamiento que sea de uso común a las FF. AA.
-Pero, como jefe de la Fuerza Aérea, sí fue parte de alguna etapa del Programa F-16…
-Me tocó ser el Jefe cuando se diagramó y comenzó el proceso de evaluación. Quiero destacar que no es un programa exclusivo de la Fuerza Aérea, es del instrumento Militar, del Ministerio de Defensa y del país.
Este programa es estratégico. De parte del Estado Mayor Conjunto estamos totalmente confiados y contentos, sobre todo al ver la congruencia de este sistema de armas en lo que respecta al Plan de Capacidades Militares. Puntualmente, siempre lo dije, el gran mérito del programa no fui yo, fue el gran grupo de trabajo que conformó la Fuerza Aérea (que sigue adelante).
Sobre el tema salarios, Isaac dijo que “está previsto continuar con la equiparación. Estamos modificando la Ley del Personal Militar para tratar de incorporar algún tipo de suplemento”.
-¿Está contento con el resultado?
–Mucha gente pensó que no iba a ocurrir, que se iba a diluir, que no íbamos a cumplir con los pagos o íbamos a traer menos de los que habíamos dicho… Pero, es un programa sólido y está al día. De hecho, el último viaje a Dinamarca fue para firmar acuerdos para la mejora de software. Con eso también se ahuyenta a los fantasmas de que existen limitaciones o que Estados Unidos o Inglaterra nos ponen trabas. Lo acordado entre Dinamarca, Estados Unidos y Argentina se está cumpliendo.
–¿Qué opinión le merece el lanzamiento del cohete por parte de la Fuerza Aérea?
-Es un proyecto superador, es la recuperación de una capacidad que siempre existió en la Fuerza Aérea. La comenzamos a recuperar y nos vuelve a posicionar como un país desarrollador de vectores autopropulsados.
“Una de las tareas que me autoimpuse fue la de potenciar a las tropas especiales porque tienen un efecto estratégico (y a un costo muy bajo)”, afirmó Isaac.
“Las tropas especiales tienen un efecto estratégico”
-Se vienen las elecciones y las Fuerzas Armadas custodian las urnas, ¿qué tareas tendrá el EMCO?
-Es una tarea que asumimos y que la lleva adelante el Comando de Operaciones Conjuntas. Es bastante compleja. La tomamos con mucha seriedad y responsabilidad. Hay recursos del Estado y hay que ejecutarlos en forma correcta y eficiente.
-¿Qué actividades operacionales hará el EMCO con las Fuerzas Armadas?
-Probablemente en el Norte, donde el Ejército será la Fuerza que desplegará mayor cantidad de medios. También, con el Comando Conjunto Antártico y la Fuerza Aérea Argentina haremos el ejercicio “Glaciar”, que se realiza anualmente para preparar a las tripulaciones para las operaciones en el continente blanco.
-Su gestión puso el foco en las tropas de operaciones especiales de las Fuerzas, ¿por qué?
-Justamente, una de las tareas que me autoimpuse fue la de potenciar a las tropas especiales porque tienen un efecto estratégico (y a un costo muy bajo).
Desde el año pasado le dimos un gran apoyo a nuestro Comando Conjunto de Fuerzas Especiales y estamos colaborando con equipamiento y con el adiestramiento conjunto. De hecho, estamos participando en ejercicios con otros países.
Isaac sobre la participación de las FF. AA. en las elecciones legislativas: “Cumplimos una tarea que la lleva adelante el Comando de Operaciones Conjuntas”. (Fotos: Fernando Calzada)
-Usted tiene a cargo el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, ¿siguen las misiones en Siria, Líbano e Israel?
-Correcto, tenemos observadores. Seguimos presentes, como lo venimos haciendo hace muchos años. Naciones Unidas sabe perfectamente que Argentina es un país que apoya las Misiones de Paz y saben de nuestras capacidades.
Por ahora, la Fuerza de Tarea en Chipre continúa de la misma manera. Si en algún momento nos convocan para otra Misión, estaremos preparados, porque es parte de la política exterior argentina.
No es la primera vez que Donald Trump saca a Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En total, fueron tres las ocasiones en las que el país norteamericano abandonó este organismo.
Según explica su sitio web oficial, la UNESCO se dedica a fomentar una gestión más eficaz del desarrollo de los países mediante la cooperación internacional en áreas como la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. El multilateralismo, uno de los principios fundacionales del organismo, es justamente uno de los factores que motivó la nueva salida de Estados Unidos.
UNESCO: los motivos detrás de la reciente salida de Estados Unidos
En julio de 2025, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos volverá a retirarse de la UNESCO. La medida será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2026, tras cumplirse ahora casi dos años del regreso al organismo bajo la gestión de Joe Biden.
Trump justificó su decisión al considerar que la organización sigue “altamente politizada”. Según él, la UNESCO impulsa una agenda globalista con sesgos antioccidentales. Afirmó que no tiene sentido financiar organismos que, a su juicio, no representan los intereses nacionales ni los valores estadounidenses.
Esta salida podría perjudicar el rol internacional de Estados Unidos. Al abandonar foros multilaterales, el país pierde influencia en áreas clave como la educación, la cultura y la regulación de nuevas tecnologías.
Qué es la UNESCO y cómo podría repercutir la salida de Estados Unidos
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es uno de los organismos especializados de la ONU. Se fundó en 1945 con el objetivo de promover la paz, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.
Tiene como propósito central fomentar el entendimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos. Trabaja con los Estados miembros para preservar el patrimonio cultural, mejorar los sistemas educativos, impulsar la libertad de expresión y promover el acceso equitativo al conocimiento.
Actualmente, la organización cuenta con 194 Estados miembros, además de asociados, observadores y no miembros. Estados Unidos fue uno de sus 20 países fundadores, junto a potencias como China, Francia, el Reino Unido, Brasil y la entonces Unión Soviética.
La UNESCO, uno de los principales foros internacionales que apuesta por una cooperación internaiconal más profunda, buscando una solución en conjunto entre todos sus países miembros.
La salida de una potencia como Estados Unidos podría afectar la capacidad de financiamiento de la organización, así como su legitimidad política. También debilita el multilateralismo, en un contexto internacional marcado por la competencia entre potencias.
UNESCO: las reiteradas salidas de Estados Unidos a lo largo de la historia
La relación entre Estados Unidos y la UNESCO siempre fue intermitente. Desde su creación luego de la Segunda Guerra Mundial, el país norteamericano se retiró en tres ocasiones.
La primera fue en 1984, bajo la presidencia de Ronald Reagan. En ese momento, acusó al organismo de estar demasiado politizado y de reflejar posturas contrarias a los intereses occidentales, con una fuerte influencia soviética.
Estados Unidos permaneció fuera del organismo durante 18 años, hasta que volvió a integrarse en 2003 con George W. Bush. Esta reincorporación se dio en el marco del combate al terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. Washington buscaba recomponer vínculos con foros multilaterales y participar activamente en la promoción de valores democráticos.
En 2011, la UNESCO admitió al Estado de Palestina como miembro pleno, lo que desencadenó una nueva crisis. Estados Unidos, que junto a Israel votó en contra, dejó de pagar su cuota obligatoria. Esa decisión generó una deuda acumulada que superó los 600 millones de dólares.
Donald Trump sigue nuevamente desplazando al multilateralismo, procurando privilegiar sus intereses nacionales.
En 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, se concretó el segundo retiro efectivo, argumentando tanto razones financieras como el sesgo anti-Israel del organismo.
Finalmente, en 2023, Joe Biden impulsó el retorno de Estados Unidos. El objetivo fue contrarrestar la creciente influencia de China en organismos multilaterales, especialmente en temas como inteligencia artificial y la memoria del Holocausto. Para eso, Washington se comprometió a saldar la deuda acumulada y a volver a tener un rol activo en la defensa de estándares democráticos.
El 2025 marca una nueva retirada de Estados Unidos del organismo. Esta decisión refleja el enfoque de política exterior que impulsa Donald Trump. Bajo el lema “America First”, su administración prioriza los intereses nacionales por sobre la cooperación multilateral, con una marcada desconfianza hacia las organizaciones internacionales.
Camboyay Tailandia ahorase enfrentan militarmente en las fronteras, una disputa marcada por la era del colonialismo europeo en Asia. El conflicto comenzó a escalar en mayo y alcanzó su pico máximo de tensión en las últimas horas, cuando soldados tailandeses resultaron incapacitados por minas terrestres en la zona fronteriza del Triángulo Esmeralda.
Si bien los reclamos territoriales y la redefinición de las fronteras son causas que tensan el vínculo entre ambos Estados, el actual conflicto comenzó en mayo de 2025, cuando un soldado camboyano murió en breve enfrentamiento en el llamado Triángulo Esmeralda, donde confluyen las fronteras de Camboya, Tailandia y Laos.
Desde ese momento, la relación entre los dos países se dañó, al punto de que creció la presencia militar en la región y el vínculo diplomático se vio afectado por la salida de los embajadores.
El gobierno de Tailandia tomó el control de los puestos fronterizos y amenazó con cortar el suministro energético e internet a su vecino del sur. Por su parte, los camboyanos suspendieron la importación de productos tailandeses, así como la proyección de cualquier contenido digital en su territorio.
Camboya y Tailandia se alistan para las hostilidades mientras países como China buscan desescalar el conflicto.
En las últimas dos semanas, un importante número de soldados tailandeses resultaron afectados por minas terrestres, dos de ellos perdieron una pierna producto de una explosión. Esto provocó una escalada sin precedentes.
Camboya realizó ataques aéreos que provocaron la muerte de once civiles y 14 heridos en otras tres provincias. Bangkok también denunció que seis soldados camboyanos armados se acercaron a una base tailandesa. En respuesta, Tailandia desplegó seis cazas F-16 y atacó las instalaciones de las Divisiones 8 y 9 del ejército camboyano, identificadas como fuerzas especiales.
La historia de conflictividad entre ambos países explica el tenso presente. Durante el dominio del Imperio Jemer entre los siglos IX y XIII, lo que hoy se conoce como Camboya se expandía hasta el oriente de Tailandia, el sur de Laos y la parte meridional de Vietnam, hasta el antiguo Reino de Champa, ubicado al este de Indochina.
Aquella época dorada tuvo su fin en 1431, cuando los tailandeses tomaron la capital y forzaron al rey jemer al exilio. Tiempo después, Camboya pasó a ser controlada por un protectorado español entre 1597 y 1600 y posteriormente por uno francés en 1863. En el período entre medio, Tailandia protagonizó una segunda invasión en 1594 y asentó la decadencia interna y las disputas entre facciones del gobierno camboyano.
De esta forma, se dio una profundización de la pérdida del territorio, en la que se destaca el avance de Vietnam sobre el delta del Mekong, que le quitó la salida directa a lo que hoy se conoce al Mar de China Meridional.
La reciente escalda causó la muerte de once civiles en Surin y 14 heridos en otras tres provincias de Tailandia.
Para traer mayor estabilidad a la región, en la segunda mitad del siglo XIX, Francia reconoció la posesión tailandesa de las provincias de Battambang y de Angkor, regiones ubicadas en el noroeste de Camboya que también añaden su cuota de tensión a las disputas territoriales.
Además, el mapa francés puso al templo de Preah Vihear de 1.000 años de antigüedad en una difusa línea divisoria entre ambos Estados asiáticos, pero del lado camboyano. Lo mismo sucede con Ta Muen Thom, Ta Muen Toch, Chong Bock y Ta Kwai, otros lugares importantes para la religión hindú, construidos de la civilización jemer y hoy bajo dominio tailandés.
En el caso de Preah Vihear, se trata de uno de los reclamos más importantes por el cual tanto la Corte Internacional de Justicia como las Naciones Unidas resolvieron en 1962 que la soberanía corresponde en mayor medida a Camboya y obligaron a Tailandia a desmilitarizar la zona. El fallo fue ratificado en 2013 después de que se produjeran nuevos enfrentamientos impulsados por Bangkok.
Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que marcan un fuerte giro en la estrategia tecnológica de Estados Unidos. El eje de estas nuevas disposiciones está en una idea que viene promoviendo desde su regreso a la Casa Blanca: eliminar lo que él y su entorno definen como “inteligencia artificial woke” de todos los contratos del gobierno federal.
La orden principal establece que el gobierno de los Estados Unidos no podrá contratar servicios de empresas tecnológicas cuyos modelos de inteligencia artificial reflejen sesgos ideológicos, particularmente aquellos relacionados con políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Según el texto oficial, los sistemas que prioricen la corrección política por sobre lo que se considera “veracidad histórica o científica” serán automáticamente excluidos de licitaciones y acuerdos públicos.
El nuevo estándar exige que los modelos de IA contratados por el gobierno sean políticamente neutrales y capaces de “reconocer incertidumbres” en sus respuestas. La ejecución de esta medida estará a cargo de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y de la Administración de Servicios Generales (GSA), que deberán auditar los sistemas utilizados por proveedores federales y agregar cláusulas obligatorias en los contratos que garanticen este tipo de “neutralidad algorítmica”.
Grok podría verse beneficiado al abogar en contra de la ideología woke.
Trump justificó la decisión afirmando que “los estadounidenses y los ciudadanos del mundo no quieren marxismo woke en sus modelos de IA”. Además, advirtió que muchas de las principales plataformas tecnológicas del país estarían promoviendo ideologías de izquierda bajo el disfraz de programación automatizada.
La recepción del mundo tecnológico
Este argumento fue bien recibido por un sector del Silicon Valley que ha comenzado a alinearse con su agenda, y que encuentra en figuras como Elon Musk, cuyo modelo Grok se presenta como “antiwoke”, un referente del nuevo paradigma.
Pero esta orden es solo una parte de un paquete más amplio. Junto con esta medida, Trump también firmó una orden que busca desregular la construcción de centros de datos, facilitando el desarrollo de infraestructura tecnológica sin trabas ambientales ni regulaciones estatales. Además, se lanzó un ambicioso plan para fomentar las exportaciones de hardware y software de inteligencia artificial a países aliados, con incentivos fiscales y programas de financiamiento.
El impacto de estas políticas ya genera debate. Para las empresas que aspiran a trabajar con el gobierno, se abre una etapa de incertidumbre: deberán demostrar que sus productos no están ideológicamente sesgados, algo difícil de definir en un terreno tan complejo como el entrenamiento de modelos de IA.
En esta medida, Trump también incluyó políticas que fomenten el uso de nuevas tecnologías.
La falta de una definición precisa sobre qué se considera “woke” podría llevar a que muchas compañías opten por autocensurarse o modificar sus algoritmos para alinearse con los criterios del Ejecutivo, incluso si eso implica comprometer principios éticos o de inclusión.
Desde el Congreso, varios senadores demócratas ya calificaron la medida como inconstitucional. Edward Markey, uno de los principales referentes del ala progresista, denunció que se trata de un intento encubierto de controlar la narrativa pública a través de restricciones ideológicas impuestas desde el Estado. Para otros críticos, la pregunta central es quién define la neutralidad ideológica y cómo se asegura que esa definición no sea usada como herramienta de censura institucional.
El mandato también entra en tensión con los estándares internacionales de regulación de IA, como los de la Unión Europea y la OCDE, que promueven enfoques centrados en derechos humanos, inclusión y transparencia. Además, la desregulación ambiental para fomentar nuevos centros de datos abre interrogantes sobre el impacto ecológico de esta aceleración tecnológica, en un momento en que el consumo energético de la IA está bajo fuerte escrutinio.
Con solo 28 años, Alexandr Wang se convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo de la inteligencia artificial (IA). Dejó el MIT para fundar Scale AI, una empresa clave en la revolución de los datos que alimentan los modelos más avanzados del planeta. Ahora, tras una inversión multimillonaria de Meta, Wang se suma a la compañía de Mark Zuckerbergcomo líder de su nueva división de superinteligencia artificial, en un movimiento que busca reposicionar a la empresa dueña de Facebook en la carrera global por dominar el futuro de la IA.
Los comienzos de Alexandr Wang, el niño prodigio de la tecnología
Tras su ingreso al MIT como estudiante de matemáticas y ciencias computacionales, abandonó sus estudios en 2016 para cofundar Scale AI, junto a Lucy Guo, después de un paso por Quora y el trading algorítmico.
De esa manera, Scale AI nació con el objetivo de proporcionar datos etiquetados y evaluaciones de modelos para alimentar algoritmos de visión por computadora y modelos de lenguaje. A través de contratos clave con el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la compañía se convirtió en un actor fundamental en el entrenamiento de modelos avanzados de IA, alcanzando una valoración de 7300 millones en 2021.
A los 24 años, Wang se convirtió en el millonario más joven del mundo por mérito propio, con una participación del 15 % en la compañía y un patrimonio estimado en 3600 millones de dólares en 2025.
Alexandr Wang pasaría a formar parte de un plan clave para la IA en Meta.
Asimismo, el joven empresario ha sido asesor influyente en políticas referidas a la inteligencia artificial : en 2023 testificó ante un subcomité de la Cámara de Representantes sobre adopción de IA en el gobierno, y fue entrevistado en eventos como el Foro Económico Mundial, enfocándose en la competencia global con China.
La llegada de Wang a Meta
En junio de 2025, Meta apostó fuerte por su trayectoria: invirtió 14.300 millones de dólares para adquirir el 49% de Scale AI, valuando la empresa en unos 29.000 millones, y anunció que Wang se integraría a la compañía, como Chief AI Officer.
A su vez, Zuckerberg consolidó bajo el paraguas de Meta Superintelligence Labs las divisiones de FAIR, fundaciones e investigación en IA, poniendo a Wang como líder junto con Nat Friedman para desarrollar modelos de próxima generación, desde sistemas de razonamiento hasta superinteligencia artificial.
Este cambio estratégico llega tras cierto estancamiento en los lanzamientos de LLaMA 4 y la necesidad de competir mano a mano con OpenAI, Google DeepMind y Anthropic. El plan de Meta incluye invertir decenas de miles de millones en centros de datos, GPUs y chips propios, con el objetivo de escalar hacia la inteligencia artificial general o superinteligencia.
Wang además cofundó ScaleAI, una startup de inteligencia artificial.
La llegada de Wang representa un giro del enfoque técnico al enfoque data-driven en IA: Meta enfatiza ahora la calidad de los datos, la infraestructura y la experiencia en etiquetado, áreas donde Scale AI se destacó.
Por su parte, Wang conserva un asiento en el directorio de Scale AI y su incorporación a Meta generó reacciones mixtas: algunos analistas confían en su capacidad de operación y estrategia (“wartime CEO”), mientras otros critican que su perfil no sea tan investigador, sino más ejecutivo. Además, competidores temen conflictos por la inversión, mientras algunos dentro de Meta cuestionan su falta de trayectoria en investigación pura.
Estados Unidos vuelve a presionar a los hutíes en Yemen con nuevas sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, sancionó a personas y entidades vinculadas con el lavado de dinero y a la importación de productos dentro de los territorios controlados.
Estados Unidos ataca el financiamiento de los hutíes
El grupo rebelde, también conocido como Ansarallah, domina el noroeste del país y la ciudad de Saná, la vieja capital de Yemen. La problemática pasó del plano nacional a convertirse en una amenaza para Israel con numerosos ataques desde el 7 de octubre de 2023 y para el comercio internacional gracias a su posición estratégica cerca del Mar Rojo.
El grupo entró en el radar de los Estados Unidos y movilizó parte de su flota marítima en Medio Oriente, pero el control territorial que ejercen se mantuvo intacto. El Departamento de Estado designó a los hutíes como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 16 de febrero de 2024 , y posteriormente volvió a designar al grupo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) el 5 de marzo de 2025.
Los rebeldes hutíes protagonizaron una serie de ataques contra buques cargueros y petroleros en el Mar Rojo.
Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros presentó sanciones contra un grupo de personas y entidades vinculadas a la red de financiamiento terrorista. Entre los sancionados figura Mohamed Al-Sunaydar, apuntado como cabecilla de una organización que opera a través de tres compañías petroleras con base en Yemen y en los Emiratos Árabes Unidos.
“Los hutíes, respaldados por Irán, obtienen cientos de millones de dólares anuales trabajando con empresarios yemeníes para gravar las importaciones de petróleo, lo que genera ingresos cruciales que financian sus actividades desestabilizadoras en la región”, indicó la OFAC en un comunicado publicado el 22 de julio.
El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, indicó que esta red le permitió obtener “enormes beneficios paraenormes beneficios de la importación de productos petrolíferos y facilitar su acceso al sistema financiero internacional”.
El Departamento del Tesoro de Donald Trump señaló que la compañía petrolera Arkan Mars tiene un acuerdo con los hutíes para importar gas y petróleo, incluidos productos petrolíferos iraníes, para el grupo terrorista a través de los puertos de Hudaydah y Ras Isa, controlados por los hutíes en Yemen. En junio de 2025, empresas afiliadas a Irán participaban en la facilitación de pagos entre el gobierno iraní y compañías petroleras afiliadas a los hutíes, incluida Arkan Mars.
Los hutíes se financiaban gracias a tres empresas petroleras que funcionaban como engranajes de una red de lavado de dinero y obtención de productos petrolíferos de Emiratos Árabes Unidos e Irán.
Como parte de la red, Arkan Mars Petroleum DMCC y Arkan Mars Petroleum FZE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, también participaron en la exportación de petróleo a Yemen. La entrega de las tres empresas alcanzó un valor de aproximadamente 12 millones de dólares con la Compañía Comercial de la Industria Petroquímica del Golfo Pérsico (PGPICC) a los hutíes a través del puerto de Ras Isa, en Yemen.
La otra empresa que figura en el listado es Al-Saida Stone for Trading and Agencies. A fines de 2024 gastó aproximadamente seis millones de euros en cinco pagos para comprar carbón a granel. El OFAC cree que fue una operación de fachada, ya que Al-Saida es conocida como mayorista de artículos de papelería en Saná, la vieja capital de Yemen, hasta que fue tomada por los hutíes.
El listado completo presentado por la OFAC
Muhammad Al-Sunaydar
Arkan Mars Petroleum (en Yemen y las subsidiarias asentadas en Emiratos Árabes Unidos)
Yahya Mohammed Al Wazir
Al-Saida Stone for Trading
Amran Cement Factory
Con su introducción al listado de personas y entidades sancionadas, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
