Tras meses de tensión por la creciente crisis migratoria en Estados Unidos, la Corte Suprema falló a favor del presidente Donald Trump, habilitándolo a deportar inmigrantes sin previo aviso ni revisión judicial. La decisión permite expulsar personas incluso a terceros países, es decir, destinos distintos al país de origen de los deportados.
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Con este fallo, se reanudan las deportaciones aceleradas. La medida generó fuertes críticas desde sectores defensores de los derechos humanos, así como una marcada disidencia dentro del mismo tribunal supremo.
Qué trata la resolución de la Corte Suprema
El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos habilita la reanudación de deportaciones aceleradas hacia terceros países, sin necesidad de ofrecer un proceso previo de evaluación. Esta medida implica que el Gobierno podrá expulsar migrantes a países distintos al de su nacionalidad, incluso si no tienen vínculos allí.
Además, el fallo anula una orden judicial previa que obligaba al Ejecutivo a brindar a los migrantes una advertencia mínima de 10 días y la posibilidad de expresar si temían ser víctimas de tortura, persecución o violencia en el país de destino.
De esta manera, el gobierno del presidente Donald Trump queda facultado para realizar expulsiones inmediatas, incluso a países que atraviesan contextos de crisis extrema, como Sudán del Sur. Ya no será necesario que el Estado ofrezca audiencias, evaluaciones judiciales ni mecanismos de apelación antes de concretar la deportación.
La medida cautelar anterior anulada por la Corte Suprema
En abril de 2025, el juez federal Brian Murphy ordenó detener temporalmente las deportaciones a terceros países, al considerar que el procedimiento impulsado por el Gobierno violaba el derecho al debido proceso de los migrantes.
El principal problema radicaba en que el Ejecutivo intentaba deportar personas a países distintos al de su origen, una práctica frecuente cuando Estados como Venezuela o Cuba se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados.
El caso concreto que dio inicio a esta discusión fue el intento de deportar a un grupo de inmigrantes a Sudán del Sur, sin previo aviso ni revisión judicial, a pesar de que el país atravesaba una situación de conflicto armado y colapso institucional.
Según el juez, al proceder de esa manera, se ponía en riesgo la vida y la integridad física de los afectados, por lo que el Gobierno debía cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La resolución judicial ordenaba al Poder Ejecutivo notificar con al menos 10 días de antelación a toda persona que fuera a ser deportada a un país distinto al suyo. Además, se le debía otorgar la oportunidad de expresar si temía ser víctima de tortura, persecución o violencia en ese lugar. En caso de que existieran fundamentos creíbles, la deportación debía suspenderse hasta evaluar el riesgo real.
Qué implica esta decisión para los inmigrantes
Esta resolución deja a miles de inmigrantes en una situación de mayor vulnerabilidad legal y humanitaria. El principal factor de riesgo es que se limita severamente la capacidad de los migrantes para defenderse, solicitar asilo o denunciar peligros en el país de destino.
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Asimismo, al permitir expulsiones a terceros países sin relación alguna con el deportado, se rompe con el principio de no devolución, que protege a las personas frente al riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos básicos.
Para quienes llegan a Estados Unidos huyendo de contextos de violencia o represión, este fallo no solo cierra vías legales de protección, sino que también instala un clima de inseguridad e incertidumbre.
