La crisis financiera y política desatada en Paraguay tras la intervención y caída de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre continúa sumando capítulos judiciales y detenidos de alto impacto. En las últimas horas, el Ministerio Público desplegó una nueva serie de allanamientos simultáneos que terminó de desarticular a la cúpula reguladora del sistema financiero paraguayo, mientras avanzan las pericias sobre el presunto desvío de fondos públicos —incluidos más de 516 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS)— y la responsabilidad penal del destituido expresidente Santiago Peña.
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El avance de la investigación: allanamientos y el rol del Banco Central
La Justicia paraguaya lleva adelante dos expedientes paralelos: uno centrado en la administración fraudulenta de los directivos de Ueno Bank y su conglomerado matriz Grupo Vázquez, y otro enfocado en la complicidad política y la omisión de controles estatales.
Durante la jornada del jueves 12 y la madrugada del viernes 13 de noviembre, los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción ejecutaron operativos clave sobre tres frentes principales. En primer lugar, se realizaron allanamientos a exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), ya que la Fiscalía sostiene que los miembros del Directorio tenían conocimiento directo desde diciembre de 2025 y febrero de 2026 sobre la crisis de solvencia de Ueno Bank, el incumplimiento de su plan de factibilidad y préstamos irregulares a empresas vinculadas, como Redipro y Redisa, por cerca de 140 millones de dólares, pero omitieron frenar la captación masiva de ahorros hasta el día mismo de la intervención.
En segundo término, los investigadores ingresaron a la residencia presidencial oficial, Mburuvicha Róga, en busca de documentación bancaria y registros de reuniones, luego de haber allanado previamente la residencia particular del exmandatario en Asunción y una quinta de verano donde hallaron una bóveda vacía.
Por último, en el plano internacional y corporativo, el Ministerio Público envió exhortos a Luxemburgo y trabaja junto a Suiza, Gafilat, Interpol y autoridades de Argentina para congelar activos ocultos en el exterior, mientras en paralelo el nuevo gobierno encabezado por Pedro Alliana evalúa asumir el control temporal de empresas vinculadas al grupo para proteger empleos y activos.
Todos los detenidos por el caso Ueno Bank
Con las últimas capturas ordenadas entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, la causa ya acumula a 27 personas, entre ellas más de una decena de exbanqueros, empresarios y altos exfuncionarios privados de libertad, divididos entre el ente regulador y la entidad financiera privada.
Con los últimos procedimientos, cuatro de los cinco miembros que integraban el Directorio del BCP al momento del cierre del banco quedaron detenidos. El expresidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, quien renunció el 3 de noviembre y se entregó el día 6, fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. A él se sumó Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos designado por Peña en 2024, quien fue detenido el jueves 12 de noviembre e imputado por omitir controles y permitir que la entidad siguiera captando depósitos pese a su insolvencia.
La redada continuó el 13 de noviembre con la captura de Liana Emilce Caballero Krause, exmiembro del Directorio y expresidenta interina del BCP tras la salida de Carvallo, en cuya vivienda de Asunción se incautaron Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank, y de Miguel Ángel Mora, también exintegrante del Directorio y expresidente interino, arrestado en su residencia de Luque. Por su parte, Marco Aurelio González Maldonado, exdirector del BCP y exprocurador general de la República, se entregó ante la Policía Nacional horas después de que se librara su orden de captura esa misma mañana. Cabe destacar que la única exdirectora del BCP no imputada es Carmen Marín, quien renunció en octubre tras dejar asentadas por escrito las advertencias sobre el déficit de solvencia.
De los ocho exdirectivos del banco imputados inicialmente, los principales responsables permanecen en prisión preventiva. En el Centro Nacional de Prevenidos se encuentran recluidos el ex-CEO y vicepresidente primero de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti; el expresidente de la entidad, Juan Manuel Gustale Caroni; el exvicepresidente segundo, Julio Daniel Rey Fernández; y los exdirectores Alejandro Gómez Abente y Diego Fernández Duarte Schussmuller. Además, el exdirectivo Miguel Ángel Almada Frutos cumple prisión preventiva en el penal de Emboscada Antigua.
Asimismo, el 12 de noviembre se entregó César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de la firma tecnológica itti S.A.E.C.A. y mano derecha de Miguel Vázquez, a quien el juez Osmar Legal le dictó prisión preventiva por peligro de fuga. Por otro lado, las exdirectivas Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani cumplen arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.
¿Quiénes están prófugos o bajo búsqueda judicial?
La situación de los prófugos tuvo un giro clave este viernes 13 de noviembre con el caso de Marco Aurelio González, quien durante las primeras horas del operativo figuró oficialmente como prófugo al no encontrarse en su casa de Luque durante el allanamiento, pero cerca del mediodía se presentó acompañado de su defensa ante la Policía Nacional y quedó detenido.
Si bien toda la primera línea ejecutiva del banco y del directorio del BCP ya se encuentra sometida a la Justicia local, la Fiscalía General del Estado mantiene activas notificaciones de Interpol y órdenes de rastreo patrimonial sobre intermediarios y representantes de sociedades offshore del Grupo Vázquez en el extranjero. Al mismo tiempo, el Ministerio Público define nuevas imputaciones contra exministros como el extitular de Economía Carlos Fernández Valdovinos, cuya vivienda ya fue allanada, y familiares del entorno político.
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La situación judicial y política de Santiago Peña
El expresidente Santiago Peña atraviesa el momento más crítico de su carrera política y judicial, enfrentando una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel. El proceso se precipitó el viernes 6 de noviembre, tres días después del colapso bancario, cuando el Congreso paraguayo lo destituyó mediante un juicio político por “mal desempeño de funciones” , tras perder el respaldo de su mentor político, Horacio Cartes, dejando la presidencia en manos de Pedro Alliana para completar el mandato hasta 2028.
Despojado de sus fueros, Peña fue imputado por lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio como autor. El juez Humberto Otazú dictó su prisión preventiva, medida que cumple bajo custodia militar en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, además de decretar la inhibición general de enajenar y gravar todos sus bienes. El eje de la acusación fiscal apunta a la “puerta giratoria” y el conflicto de intereses derivado de la participación accionaria que Peña mantuvo en Ueno Holding y certificados de ahorro en el banco.
Según el expediente, el exmandatario habría intervenido para direccionar y mantener multimillonarios depósitos de entes estatales y cajas previsionales hacia una entidad que arrastraba severos problemas de liquidez, cargo frente al cual optó por abstenerse de declarar en su primera audiencia indagatoria.
