En un mano a mano imperdible en el Estudio TAEDA, DEF dialogó con el almirante Antonio Torres para examinar sin filtros los puntos ciegos de la tragedia del ARA San Juan: desde las exigencias reales de operar bajo el agua hasta el impacto de juzgar decisiones de combate con criterios de empleo civil.
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El rol de los submarinos en la Armada Argentina
-Para poner en contexto, ¿qué lugar ocupan los submarinos dentro de la estructura de la Armada y cuál es su valor estratégico?
-La Armada responde a lo que denominamos Poder Naval Integrado: los buques (de superficie y submarinos), la Infantería de Marina y la Aviación Naval, articulados bajo el Comando de Operaciones Navales, ahora denominado Comando de Adiestramiento y Alistamiento. Dentro de ese esquema, el submarino es un arma estratégica insustituible. A diferencia de cualquier buque de superficie –fácilmente detectable por satélites, radares, drones o emisiones radioeléctricas–, su principal fortaleza radica en la capacidad de permanecer indetectado, operar con el factor sorpresa y proyectarse en cualquier punto del mar. Argentina posee una tradición casi centenaria en esta fuerza, iniciada formalmente por la ley impulsada por el Almirante Domecq García en 1926.
-Frente a quienes cuestionan el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, ¿cuál es la misión real que deben garantizar?
-Nuestra Ley de Defensa asigna a las tres fuerzas la misión de garantizar de forma permanente los intereses vitales de la Nación contra cualquier agresión externa: soberanía, integridad territorial, vida y libertad de los habitantes. Ya no se planifica pensando en hipótesis de conflicto con países vecinos, sino en el resguardo permanente de un territorio que es la octava extensión del mundo, con un litoral marítimo y fluvial descomunal y abundantes recursos estratégicos. Confiar la propia supervivencia a terceros sería una temeridad, aunque tengamos las más importantes alianzas.
Las claves técnicas del colapso del ARA San Juan: qué se sabe
-Yendo al punto central: ¿por qué se hundió el ARA San Juan?
-La respuesta concreta es que no lo sabemos con certeza técnica y creo que no lo sabremos jamás, porque en un submarino no existe una “caja negra”. Lo que está probado es que, la noche del 14 al 15 de noviembre de 2017, ingresó agua salada por una válvula hacia un banco de baterías y produjo un principio de incendio por una reacción química. Esa situación fue completamente controlada por la dotación, que era la más adiestrada que tenía la Armada en ese momento, en un buque que estaba en condiciones operativas adecuadas.
-¿Qué ocurrió tras ese reporte inicial?
-El comandante del buque, capitán de navío post mortem Pedro Fernández, se comunicó con su comando en Mar del Plata. Explicó el incidente, llevó tranquilidad al informar que no había heridos ni daños materiales de gravedad, y recibió la orden lógica de cesar la patrulla y poner rumbo a Mar del Plata. Debido a una tormenta violenta en superficie –donde el submarino se vuelve sumamente inestable y la habitabilidad, muy penosa–, el comandante decidió ir a inmersión para continuar la navegación. La última comunicación se produjo poco antes de las seis de la mañana del día 15. A las 10:51, los sensores hidroacústicos internacionales registraron un evento violento compatible con una implosión.
-¿Qué revelaron los restos hallados a más de 900 metros de profundidad?
-El fabricante fijaba la profundidad máxima operativa sin riesgo estructural en 300 metros. Los restos hallados a 907 metros mostraron un patrón de dispersión que indica que el casco colapsó hacia dentro cerca de los 600 metros de profundidad; es decir, resistió el doble de lo especificado, lo que da una idea de su robustez. Qué desencadenó la pérdida de control en esas cuatro o cinco horas finales es una incógnita irreversible sobre la que existen cinco o seis hipótesis, lo que confirma que no hay certezas.
-¿Por qué la Armada no conformó en su momento un Consejo de Guerra Naval específico para juzgar lo ocurrido?
-Porque el actual Código de Disciplina permite a los oficiales inhibirse si tienen relaciones personales con los imputados. El jefe y el subjefe de la Armada eran compañeros de promoción del comandante de operaciones navales a juzgar, y se excusaron. Eso representa una falla normativa: un oficial puede inhibirse a título personal por falta de imparcialidad, pero lo que no debería ocurrir es que la fuerza se excuse de juzgar el hecho en su jurisdicción natural, pudiendo recurrir, por ejemplo, a almirantes retirados. Al excusarse, la causa pasó a un escalón superior: el Ministerio de Defensa.
-¿Cómo se resolvió finalmente esa etapa disciplinaria?
-Se demoró tres años. Recién en 2020 se conformó un Consejo General de Guerra en el ámbito del Ministerio de Defensa, integrado por el secretario de Asuntos Militares –que de profesión era agrimensor–, un general del Ejército y un brigadier de la Fuerza Aérea. Ese tribunal, carente de especialistas navales para una tragedia submarina, dispuso la destitución del comandante de la fuerza de submarinos –bajo el argumento de no haber ordenado navegar en superficie– y fijó arrestos de 30 a 60 días para otros cuatro o cinco oficiales.
-¿Qué ocurrió en la instancia penal civil y qué resolvió la Justicia federal?
-El proceso penal se inició en marzo de este año en el Tribunal Federal Oral de Santa Cruz, pero el proceso penal completo tardó nueve años en resolverse si consideramos su comienzo en el Juzgado de Caleta Olivia. En julio de este año, dictó sentencia: sobreseyó a tres oficiales y condenó únicamente al excomandante de la fuerza de submarinos a tres años de prisión en suspenso por estrago culposo agravado por la muerte de 44 tripulantes e incumplimiento de deberes de funcionario público. Fue la primera vez en la historia argentina que un tribunal civil juzgó un hecho operativo netamente militar bajo este régimen. Uno de los tres jueces votó en disidencia, remarcando que la fiscalía jamás pudo probar un nexo causal entre el accionar de las autoridades en tierra y la pérdida del submarino, sencillamente porque no se sabe qué pasó. Incluso el presidente del tribunal dijo, parafraseando: “Como seres humanos, somos falibles y, si nos equivocamos, pedimos perdón”. Pero en el derecho rige el principio in dubio pro reo, es decir, ante la duda, el beneficio es para el imputado.
Así las cosas, entre el proceso disciplinario y el penal, cuatro prestigiosos oficiales navales llevan nueve años con enormes perjuicios profesionales, patrimoniales y afectación en su honor. Uno de ellos perdió incluso su grado militar, con todo lo que implica.
-Usted ha remarcado el principio de “comando en el mar”. ¿Qué implica y por qué es peligroso desconocerlo?
-El Reglamento General del Servicio Naval establece que la responsabilidad del comandante a bordo es absoluta y solo cesa cuando es formalmente relevado. Quien está al mando en el mar vive la situación en tiempo real y debe resolver maniobras críticas en cuestión de segundos; nadie a cientos de kilómetros puede reemplazar esa vivencia. Pretender que la responsabilidad recaiga en la cadena de mando en tierra por no dar directivas rígidas desnaturaliza la doctrina del comando. Si un comandante de buque o aeronave tiene que pedir autorización a tierra antes de cada decisión por temor a terminar en prisión o destituido, las Fuerzas Armadas quedan paralizadas. En la guerra de Malvinas, comandantes marinos, aeronáuticos y el Ejército salvaron cientos de vidas y cumplieron misiones límite precisamente porque asumieron riesgos y tomaron decisiones sobre la marcha que ningún reglamento preveía.
-¿Qué reformas considera urgentes para que esta situación no se repita a futuro?
-En primer lugar, reformar el Código de Disciplina para evitar vacíos normativos en las excusaciones y garantizar que los hechos operativos sean analizados por tribunales con idoneidad técnica en la materia a través de expertos. En segundo término, asegurar que la justicia ordinaria civil, cuando intervenga, cuente de manera obligatoria con peritos idóneos de las fuerzas que asesoren a los jueces sobre la doctrina de combate y el riesgo operativo. Y fundamentalmente, devolver el amparo legal y doctrinario a los futuros comandantes, preservando su capacidad de iniciativa y decisión para cumplir su misión legal y constitucional. Si no lo hacemos, tendremos, a futuro, comandantes que perderán su capacidad de actuar rápidamente bajo su responsabilidad.
En este momento, es necesario honrar y recordar con absoluta justicia y respeto la memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan, que, sin duda alguna, hicieron lo mejor por su buque y su tripulación, en circunstancias que jamás conoceremos. Estarán en patrulla eterna en nuestro mar, habiendo honrado la profesión de riesgo que eligieron. Es entendible el dolor de sus deudos, pero una tragedia no se repara con una injusticia.
