Las declaraciones del canciller de Colombia, Omar Bula, en el Congreso de la República reavivaron el debate sobre la seguridad nacional y hemisférica al asegurar que organizaciones como Hezbollah, Al Qaeda y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán tienen presencia en territorio colombiano.
A partir de reportes oficiales, investigaciones judiciales y antecedentes documentados en la última década, este es el panorama completo de lo que se conoce hasta el momento.
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Irán y Al Qaeda: la advertencia de la Cancillería y el giro diplomático
Durante un debate de control político en noviembre de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, afirmó que las tres organizaciones operan tanto en Venezuela como en Colombia, según informes de inteligencia europeos y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta postura se enmarca en una reconfiguración de la política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella, marcada por tres hitos recientes. El primero fue la ruptura diplomática con Teherán el 19 de septiembre de 2026, cuando Colombia puso fin a más de 50 años de vínculos con Irán y declaró oficialmente como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, señalándola de realizar operaciones encubiertas fuera de sus fronteras y de mantener nexos con grupos como Hezbollah y Hamas.
En segundo lugar, el debate parlamentario coincidió con la incorporación del país al Escudo de las Américas, una iniciativa regional enfocada en el combate al crimen transnacional. A esto se suma un antecedente clave de enero de 2020, fecha en la que el Estado colombiano ya había incluido a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas al adoptar los listados de Estados Unidos y la Unión Europea.
Hezbollah en Colombia: nexos con el ELN y las FARC
Uno de los señalamientos operativos más recientes apunta a la transferencia de capacidades militares. El coronel en retiro Alberto Romero, excomandante de las Fuerzas Especiales de Colombia, advirtió que integrantes de Hezbollah habrían entrenado a miembros del ELN y de las disidencias de las FARC en el manejo de drones cargados con explosivos.
Según explicó Romero, la frontera juega un rol determinante en esta dinámica, pues la capacitación habría ocurrido en una “retaguardia estratégica” en territorio venezolano, desde donde incluso se investiga si se operaron algunas aeronaves no tripuladas de forma remota. Estas denuncias cobraron fuerza tras escaladas violentas de alta intensidad en el departamento del Cauca y en Tibú (Norte de Santander), localidad donde cuatro militares murieron y cinco resultaron heridos luego de una ofensiva que combinó francotiradores y el lanzamiento de explosivos desde 20 drones.

La magnitud del fenómeno queda reflejada en los balances oficiales y de inteligencia: de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2026 los ataques con drones crecieron un 146% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las estimaciones citadas por expertos acumulan cerca de 800 ataques desde 2023, con un saldo de 58 miembros de la fuerza pública fallecidos y alrededor de 400 heridos.
Más allá de lo estrictamente bélico, las autoridades judiciales rastrearon redes logísticas y financieras. En mayo de 2024, una investigación de la Fiscalía 17 reveló que Hezbollah estaría utilizando el Caribe colombiano para obtener recursos económicos mediante la exportación ilegal de carbón vegetal.
El esquema documentado consiste en provocar incendios forestales intencionales en zonas protegidas para transformar la vegetación en carbón, el cual es luego comercializado hacia Medio Oriente a través de empresas fachada constituidas legalmente en Colombia, presuntamente con la complicidad de algunos funcionarios locales.
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El rastro de Al Qaeda en Colombia
Aunque las alertas actuales sobre Al Qaeda son objeto de seguimiento de inteligencia, existen dos antecedentes judiciales comprobados que evidencian cómo integrantes o colaboradores de esta red utilizaron a Colombia como plataforma logística en el pasado.
El primer caso documentado ocurrió en 2013, bajo una modalidad de trueque de cocaína por armas en África. En marzo de ese año, la DEA y la inteligencia española detuvieron en Argelia a dos ciudadanos colombianos —uno de ellos vinculado a las extintas FARC— junto a tres miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), tras comprobarse que intercambiaban cargamentos de cocaína transportados por aire hacia Malí a cambio de dinero en efectivo y armamento proveniente de Libia.
El segundo antecedente salió a la luz en 2020 y estuvo ligado al tráfico de identidad y pasaportes. En esa ocasión, tres ciudadanos sirios vinculados a Al Qaeda fueron capturados en Dallas portando pasaportes colombianos auténticos. Las investigaciones establecieron que los sujetos habían ingresado al país desde Venezuela a través de La Guajira y lograron obtener registros civiles y cédulas con números correlativos gracias a una red de corrupción interna en la Registraduría colombiana.




