El Congreso de Colombia aprobó el proyecto de Ley de Sometimiento promovido por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Tras superar su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y 10 en contra, y tratamiento exprés del Senado, la iniciativa evitó la etapa de conciliación y quedó lista para su sanción presidencial.
La iniciativa legislativa redefine la política estatal frente a los grupos armados ilegales, derogando el esquema de la denominada “Paz Total” implementada durante el mandato de Gustavo Petro para adoptar un modelo estrictamente judicial.
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¿Qué es la Ley de Sometimiento?
La norma es un marco jurídico de orden público que prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997 y fija los términos para el desmantelamiento de organizaciones criminales y grupos armados en Colombia.
A diferencia de los procesos de paz tradicionales, este mecanismo no reconoce estatus político a las organizaciones armadas ni abre mesas de diálogo con agendas sociales o territoriales. Su diseño, inspirado en esquemas de cooperación de la justicia penal ordinaria, concibe la entrega de estas estructuras como un acto unilateral de sujeción ante los jueces a cambio de beneficios penales tasados, bajo condiciones estrictas de desarme, verdad judicial, entrega total de bienes y reparación efectiva a las víctimas.
¿Qué cambia respecto a la “Paz Total” de Gustavo Petro?
La aprobación de esta legislación introduce transformaciones estructurales en la respuesta penal y de seguridad del Estado:
- Eliminación del estatus político y de los diálogos de paz: Desaparece la distinción entre guerrillas y bandas criminales (GAO). Todas las estructuras ilegales quedan bajo una misma categoría procesal: someterse a la ley penal o enfrentar las operaciones de las fuerzas militares y de policía.
- Cero zonas de despeje y órdenes de captura vigentes: Queda prohibida la creación de zonas de distensión o desmilitarizadas para acercamientos. No habrá levantamiento ni suspensión de órdenes de captura, ni congelamiento de procesos de extradición hacia otros países.
- Exclusiones estrictas: No podrán recibir beneficios quienes estén condenados por reclutamiento forzado de menores de edad. Asimismo, para delitos conexos graves como el lavado de activos, se exige haber cumplido un mínimo de seis años de condena previa.
- Pérdida total del patrimonio criminal: Se descarta cualquier posibilidad de que los procesados conserven porcentajes de las fortunas ilícitas acumuladas. La entrega del 100% de los bienes y recursos económicos es requisito insalvable para el sometimiento (“cero pesos” para los criminales).
- Definición de organizaciones terroristas: La normativa faculta al Ejecutivo para definir y clasificar a determinadas estructuras armadas como grupos terroristas, habilitando respuestas operacionales más drásticas.
Además, la Ley de Sometimiento establece un esquema de rebajas de penas diferenciado:
- Integrantes de base: Pueden acceder a una reducción de hasta el 50% de la pena acumulada, condicionada a la entrega de armas, aportes veraces de información y reparación.
- Cabecillas y mandos: Solo acceden a una rebaja de hasta el 30%, debiendo cumplir una pena privativa de la libertad efectiva de al menos 10 años en centros penitenciarios bajo custodia del INPEC.
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Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella y el oficialismo
Tras confirmarse la votación en la Cámara de Representantes, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la aprobación a través de sus canales oficiales, ratificando su doctrina de mano dura contra los grupos armados.
“Gracias al Congreso de la República por contribuir al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia. Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa. ¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! La falsa paz total llegó a su fin“.
En concordancia con el mandatario, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió el articulado ante las plenarias señalando que la ley “respalda a las víctimas y es absolutamente fuerte contra el crimen”, haciendo hincapié en que el Estado no negociará la aplicación de la ley ni cederá territorio ni beneficios económicos a los grupos al margen de la ley.
