La 31.ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre cambio climático se realiza en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre. Argentina asistió con una delegación encabezada por Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería.
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Esta nueva edición busca un acuerdo global para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, frenar el calentamiento del planeta y financiar la adaptación de las naciones más vulnerables. En un contexto eclipsado por las actuales disputas internacionales, se pone en duda qué tan realista es llegar a un acuerdo de tal calibre.

De esta manera, Turquía organiza la conferencia junto a Australia, cuyo ministro de Ambiente, Murat Kurum, preside el encuentro; mientras que el australiano Chris Bowen conduce las negociaciones. Participan cerca de 200 delegaciones nacionales, además de organismos internacionales, empresas, ciudades, organizaciones sociales y centros de investigación. No está previsto que asista el presidente Javier Milei, sin embargo, hay una fuerte presencia de las provincias: Jujuy, La Pampa y Córdoba presentaron sus políticas climáticas y sistemas de monitoreo.
COP31 en Antalya:qué se discute y por qué interesa a la Argentina
Esta conferencia mantiene objetivos ambiciosos. La agenda formal incluye los indicadores de la Meta Global de Adaptación, la puesta en marcha del Mecanismo de Transición Justa, las pérdidas, los daños y el financiamiento climático. El problema deviene de que varios de estos puntos ya han sido tratados, pero quedaron sin resolver tras la reunión de Bonn, en junio.
Por su parte, la Presidencia de esta COP31 impulsa una Agenda de Acción con diez ejes, entre ellos transición energética, metano, ciudades resilientes, industrialización verde y seguridad alimentaria. La propuesta central es elevar la electrificación de los sistemas energéticos del 23% actual al 35% hacia 2035.
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Para la Argentina, un país agroexportador y especialmente expuesto a sequías e inundaciones, el financiamiento climático, la adaptación y la seguridad alimentaria son cuestiones centrales. En ese contexto, el país llega a la COP31 con una nueva hoja de ruta: el 6 de noviembre presentó su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), que establece un techo de emisiones netas de 375 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2030 y 2035.

De esta manera, la conferencia representa una clara oportunidad para buscar financiamiento y cooperación técnica, pero también para mostrar la manera en que transformará esos compromisos en políticas concretas. A esto se suma la importancia de fortalecer los sistemas alimentarios, responsables de aproximadamente un tercio de las emisiones globales, pero que reciben una proporción reducida del financiamiento climático.
Calentamiento global: las dificultades de un tratado climático
En el tramo final de la reunión, crecen las dudas sobre un acuerdo definitivo. La principal grieta es el abandono de los combustibles fósiles y la electrificación. La Unión Europea respalda la meta del 35 %, pero solo si se logra con energías renovables, algo que muchos países fuera del bloque no comparten.
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A su vez, Bruselas descartó abrir una discusión sobre aumentos en la inversión o “dinero nuevo”, y reclamó cumplir lo pactado en Bakú: 300.000 millones de dólares anuales para 2035, enfrentado con los reclamos de los países en desarrollo.
A esto se suman las tensiones por el mecanismo europeo de ajuste de carbono en frontera (CBAM), el reclamo de Irán por daños ambientales de los bombardeos y las posiciones de gobiernos, como el colombiano, que rechazan que una supuesta “histeria ambiental” marque la agenda.
Finalmente, el comisario europeo, Wopke Hoekstra, admitió que es imposible anticipar dónde estarán las negociaciones en 48 horas, lo que deja abierta la posibilidad de que se extiendan más allá del viernes 20.




