En plena crisis global por el cierre del estrecho de Ormuz, los productores de biocombustibles reclaman a las autoridades, en forma unánime, un aumento del corte obligatorio de las naftas y el gasoil. Sin embargo, existen diferencias de opinión respecto de la participación de las compañías integradas y las pequeñas y medianas empresas en el futuro esquema de abastecimiento de biodiesel y bioetanol.
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En estos momentos, hay dos proyectos de ley en estudio, uno en el Senado y otro en la Cámara baja, para modificar el marco regulatorio vigente, aprobado en 2021. Este, a su vez, había reformado el Régimen de Regulación y Promoción de Biocombustibles sancionado por el Congreso en 2006 y que estuvo vigente por quince años.
El primero, presentado por Patricia Bullrich y que tiene como firmantes a otros seis integrantes del bloque de La Libertad Avanza (LLA), busca liberalizar el mercado. Por su parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del bloque Provincias Unidas, ingresó una iniciativa que pretende mantener el origen nacional de los biocombustibles que se mezclen con nafta y gasoil.
El proyecto Bullrich y la liberalización del mercado de los biocombustibles
En las consideraciones expuestas en el proyecto de la actual titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, se hace hincapié en “dinamizar el mercado de los biocombustibles generando un marco normativo que estimule las inversiones nacionales e internacionales en el sector”. En los considerandos se habla de “reglas orientadas a la competencia, la transparencia y la libertad contractual”. Se establece un cronograma, hasta 2031, para la desregulación del mercado y la participación de empresas, tanto integradas como no integradas. Las transacciones se realizarán a través de un mercado electrónico en el que se cruzarán la oferta y demanda de elaboradores de biocombustibles y mezcladores, quienes acordarán allí precios y volúmenes.
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En cuanto al corte obligatorio, se establece un 12% inicial para la mezcla de nafta con bioetanol, del cual el 6% corresponderá al de caña de azúcar y el restante 6% al de maíz. El porcentaje se incrementará hasta el 15% transcurrido el primer año de la sanción de la ley, no estableciéndose ninguna regulación sobre la materia prima de origen para el corte incremental del 3%. Mientras tanto, en el biodiésel, se pasará del actual 7,5% de corte obligatorio inicial para el gasoil al 10% transcurridos doce meses desde la sanción de la norma.
La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz respaldan este proyecto porque, en su opinión, “desregula la actividad, fomenta la competencia y contiene una visión de crecimiento que elimina el cepo productivo que la actual ley impone”. En este último punto, las exportadoras de biodiésel dicen sentirse “discriminadas” en el actual sistema, ya que no se les permite participar en el mercado doméstico.
En cambio, las pymes regionales sostienen que la competencia planteada por el proyecto de Bullrich resulta desigual y favorece a las grandes aceiteras y empresas integradas (que producen también la materia prima), a las que se les permite ingresar a un mercado que hasta ahora estaba limitado a las empresas nacionales. Sostienen, además, que al eliminar los cupos y precios regulados, las pymes deben competir con empresas más grandes, que cuentan con una escala de producción que haría imposible poder competir con ellas.
La iniciativa de Provincias Unidas: continuidad del sistema de cupos y precios de biocombustibles
Por su parte, el diputado Carlos Gutiérrez propone un corte obligatorio de gasoil con 7,5% de biodiésel durante los primeros seis meses, que se incrementará al 10% en el siguiente semestre y al 15% en los siguientes 180 días. En el caso del bioetanol, se parte de una mezcla obligatoria del 12% y, progresivamente, se incrementa en un punto porcentual hasta alcanzar el 15% en los siguientes 180 días.
A diferencia del proyecto de LLA, el de Provincias Unidas mantiene el sistema de cupos y la determinación de volúmenes y precios para el abastecimiento de biocombustibles por parte de la autoridad de aplicación, que es actualmente la Secretaría de Energía. Se realizarán “licitaciones únicas, transparentes y de acceso público”. Para evitar cualquier discrecionalidad, se definen claramente los parámetros para el cálculo de los precios de adjudicación de cada licitación.
También se establece que “durante los primeros 18 años desde la entrada en vigencia de esta ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con combustibles de origen fósil deberán ser de origen nacional”.
