El debate sobre la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional en Argentina no surgió de manera aislada, sino en respuesta a la cuestión Malvinas, a un contexto global convulso y a la reconfiguración del escenario hemisférico. En este entorno, las tensiones geopolíticas y la competencia entre Estados Unidos y China convierten a los recursos naturales y la infraestructura regional en activos estratégicos de alto valor.
En contacto con DEF, el director de la Fundación Sherman Kent, Edgardo Glavinich, indicó “el nuevo organismo es un formato institucional, no una doctrina, y conviene tratarlo como tal”.
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En ese sentido, advierte que la existencia legal del órgano no asegura nada, ya que “el diagnóstico no es la ausencia de una mesa sino la ausencia de procesos, secretaría y producto”.
La incorporación de Economía: El eje de la seguridad moderna
Lo que verdaderamente cambió en Argentina no es solo la arquitectura institucional, sino la urgencia geopolítica del país: “Con el Corolario Trump en ejecución y una captura presidencial en el hemisferio, un país que administra simultáneamente dependencias con Washington y Beijing necesitaría, más que nunca, un lugar donde esas decisiones se evalúen juntas“.
Una de las particularidades más relevantes del debate actual sobre el Consejo de Seguridad Nacional es la presencia del Ministerio de Economía junto a las carteras tradicionales de Defensa, Cancillería e Inteligencia. Lejos de ser un detalle secundario, la inclusión del área económica refleja la evolución misma de los conflictos globales.
Glavinich explica las razones centrales que justifican esta integración multidisciplinaria: “Los instrumentos con los que hoy los Estados presionan, disuaden y sancionan son financieros, comerciales y tecnológicos antes que militares. En el hemisferio actual, los swaps, los puertos y las estaciones espaciales se leen como activos de seguridad, y evaluarlos exige una inteligencia económica que el Estado argentino no produce de manera sistemática“.
A esto se suma la realidad presupuestaria y la capacidad de ejecución del Estado. La conducción estratégica requiere recursos, y “un consejo que define prioridades sin el ministro que asigna el presupuesto define deseos”. No obstante, el analista señala también el riesgo inherente a este diseño si no se aplica con visión de largo plazo, advirtiendo que el peligro es “que al final Economía participe como filtro fiscal y no como actor estratégico, subordinando la seguridad nacional a la caja del trimestre”.
El mito del NSC estadounidense y las amenazas reales del país
A raíz del anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional, surgió la comparativa del Consejo de Seguridad Nacional con el National Security Council (NSC) de los Estados Unidos. Si bien el NSC sentó un precedente histórico en 1947 para coordinar el área de política exterior y defensa, Glavinich considera que pretender replicarlo de manera lineal en la Argentina sería un acierto solo parcial.
Las diferencias sustanciales de escala presupuestaria, las características de la burocracia estatal y la estricta separación legal argentina entre defensa nacional y seguridad interior exigen mirar modelos de países intermedios como el Reino Unido, España o Francia, que tomaron del modelo norteamericano el proceso técnico y no el gigantismo.
En cuanto a la agenda concreta que debería atender el organismo en el caso argentino, el análisis demuestra que las prioridades distan de los esquemas bélicos tradicionales. Glavinich sostiene que las amenazas relevantes rara vez son militares en sentido clásico, pero resultan profundamente estratégicas por su capacidad para erosionar la soberanía y la gobernabilidad.
En primer lugar, ubica al crimen organizado transnacional, destacando que “ya no es un problema de seguridad interior, sino de gobernanza: rutas fluviales y portuarias, lavado, corrupción institucional y organizaciones con vínculos regionales, con Rosario y la Hidrovía como su expresión más visible”. A este fenómeno se suma la desprotección de los espacios marítimos y aéreos, la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y el dominio cibernético, la interferencia extranjera en inversiones sensibles y el riesgo latente del terrorismo internacional.
Respecto de los escenarios de conflicto y la proyección geopolítica, Glavinich precisa que las hipótesis de trabajo deben ser de contexto antes que de rivales declarados:
“La primera es el Atlántico Sur y la Antártida como espacio de competencia creciente, donde la proyección británica, el interés extrarregional en el paso bioceánico y una estrategia estadounidense que define el hemisferio ‘hasta la Antártida’ exigen presencia naval, logística y científica sostenida, no anuncios”.
Entre estos escenarios menciona además el impacto de las crisis regionales con derrame, la vulnerabilidad de los puertos agroindustriales del Gran Rosario frente a un eventual bloqueo o sabotaje, los conflictos híbridos de baja intensidad y el riesgo latente de quedar envueltos en disputas de grandes potencias a causa de las propias dependencias financieras e infraestructurales.
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Las tres variables para evitar un “consejo de papel”
El verdadero desafío de la iniciativa no pasa por firmar un nuevo decreto, sino por lograr que la institución funcione y se sostenga en el tiempo como una verdadera política de Estado. La experiencia regional demuestra que América Latina está llena de organismos colegiados que jamás operaron como declaraban.
En la Argentina, el Consejo de Defensa Nacional de la Ley 23.554 existe formalmente desde 1988, pero en casi cuatro décadas no logró producir de manera regular directivas estratégicas.
Para evitar repetir ese patrón, Glavinich destaca que la eficacia del Consejo dependerá exclusivamente de tres pilares fundamentales que deben garantizarse en su diseño:
El primer pilar es una secretaría técnica permanente y profesional. Sin un cuerpo técnico con analistas de carrera que preparen las opciones, gestionen las crisis y hagan seguimiento a la ejecución, cualquier consejo queda reducido a una reunión de gabinete sin continuidad.
El segundo pilar es la elaboración de un documento de estrategia escrita con periodicidad obligatoria. Redactar y publicar una Estrategia de Seguridad Nacional fuerza al Estado a jerarquizar de forma transparente las amenazas, asignar el presupuesto necesario y rendir cuentas.
El tercer pilar reside en la obligación legal de funcionar junto a un estricto control parlamentario. Esto implica establecer por ley la periodicidad mínima de las reuniones y dar intervención a las comisiones del Congreso para garantizar el contrapeso democrático.
La implementación de un Consejo de Seguridad Nacional en la Argentina representa una decisión crucial que definirá el grado de soberanía con el que el país enfrente los desafíos geopolíticos de las próximas décadas. Pese a este potencial, Edgardo Glavinich deja dudas hacia el futuro: “La pregunta correcta sobre el Consejo de Seguridad Nacional no es si la Argentina necesita uno, sino por qué esta vez funcionaría”, concluyó el experto y dejó entrever
