La crisis de seguridad en las cárceles de Perú volvió a colocar al penal de Challapalca en el centro de la escena pública. Tras un sangriento enfrentamiento en el penal El Milagro de Trujillo, que dejó tres internos muertos y ocho heridos por disputas de liderazgo interno, el Gobierno dispuso el traslado de reclusos de alta peligrosidad hacia el infierno de Challapalca, el recinto penitenciario más temido del país.
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El traslado desde El Milagro: respuesta estatal y nuevo esquema penitenciario
La reyerta en el pabellón 4 de El Milagro forzó una intervención gubernamental inmediata que derivó en la reubicación de diez reos señalados como cabecillas de los disturbios.
El operativo, caracterizado por imágenes de internos con la cabeza rapada, uniformados de blanco y esposados de pies y manos al estilo de las prisiones de máxima seguridad centroamericanas, responde a una política estatal orientada a cortar de raíz el accionar de bandas criminales tras las rejas.
Desde el Ejecutivo se advirtió que el aislamiento geográfico será la respuesta directa ante cualquier alteración del orden carcelario. Además, el Ministerio de Justicia anunció reformas de fondo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Se designó a oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas para tareas directivas penitenciarias para nutrir la seguridad en las cárceles.
Se estableció la restricción estricta de comunicaciones satelitales/móviles para frenar extorsiones y cobros de cupos desde el interior, y la ampliación del programa de actividades productivas bajo el principio de “cero ocio”.
¿Cómo es el infierno de Challapalca?
Ubicado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes (departamento de Tacna, en el límite con Puno y la frontera boliviana), Challapalca fue diseñado como un penal de régimen cerrado especial para internos de difícil readaptación y cabecillas de organizaciones criminales.
Sus rasgos distintivos configuran un entorno extremo:
- Clima hostil: Temperaturas que descienden con frecuencia bajo cero durante la noche, provocando hipotermia y mal agudo de montaña (soroche) severo en personas no adaptadas al altiplano.
- Inaccesibilidad territorial: Se ubica a más de seis horas de camino de trocha desde Puno o Tacna, con poblaciones intermedias sin infraestructura para recibir visitantes.
- Aislamiento fáctico: El régimen interior reduce al mínimo las horas de patio y limita el contacto interpersonal.
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La advertencia de la OEA: el informe de la CIDH y la recomendación de clausura
El debate actual no surge en el vacío. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió informes exhaustivos tras inspeccionar las instalaciones del penal, advirtiendo que las condiciones de reclusión vulneran la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los principales reparos formulados por el organismo internacional se centran en:
- Tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 5 CADH): La CIDH concluyó que recluir a personas procedentes de la costa o el llano a 4.600 metros de altura, con frío extremo y deficiencias crónicas de calefacción y atención médica especializada, constituye un castigo físico intrínseco incompatible con la dignidad humana.
- Pena que trasciende al recluso: La lejanía extrema y el costo económico del viaje castigan de facto a las familias, impidiendo las visitas periódicas y vulnerando el derecho del interno al contacto con su entorno afectivo.
- Obstaculización del debido proceso: El aislamiento geográfico dificulta el acceso oportuno y confidencial a la defensa legal, complicando la situación jurídica de procesados sin condena firme.
Debido a estas condiciones, la CIDH recomendó formalmente al Estado peruano inhabilitar y clausurar el penal de Challapalca, transfiriendo a la población reclusa a establecimientos que cumplan los estándares de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
Sin embargo, el gobierno de Perú fundamenta el uso de Challapalca en el principio de necesidad y defensa de la sociedad, argumentando que las cárceles urbanas fueron vulneradas históricamente por redes de extorsión, sicariato y corrupción interna. Desde esta postura, solo el aislamiento total en zonas de difícil acceso garantiza la neutralización de cabecillas de alta peligrosidad.
