Por Adalberto Agozino – Especial para DEF
En un contexto de conflictos armados multiplicados, competencia estratégica con China, confrontación con Irán, actividad rusa, amenazas cibernéticas y uso creciente de inteligencia artificial por actores estatales y no estatales, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos experimenta una contracción con consecuencias aún difíciles de dimensionar.
La reducción de personal, las jubilaciones anticipadas, las renuncias y las reasignaciones afectan especialmente a profesionales con dilatada experiencia. Lo que está en juego no son meras dificultades administrativas, sino un recurso irreemplazable: la experiencia acumulada.
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Éxodo en la CIA: recortes, jubilaciones y bajas sensibles
A comienzos de 2025, la CIA contaba con unos 22.000 empleados, según estimaciones oficiales. Desde entonces, varios centenares, posiblemente más de un millar, han abandonado la organización, de acuerdo con exfuncionarios citados por The Washington Post. Se trata de una de las mayores contracciones desde los recortes posteriores a la Guerra Fría.
En mayo de 2025, la Administración comunicó al Congreso su intención de reducir la plantilla en unos 1.200 puestos a lo largo de varios años, fundamentalmente mediante jubilaciones, desgaste natural y menor incorporación de personal. El proceso se aceleró con los programas de renuncia diferida impulsados por la Administración Trump y la reducción general de la burocracia federal.
La dificultad administrativa constituye la manifestación más visible de un problema más profundo. La Oficina de Administración de Personal redujo su plantilla de más de 3.000 trabajadores en el ejercicio fiscal 2024 a unos 1.980 en 2026; el tiempo medio de tramitación de una jubilación pasó de 79 a 109 días.
La CIA reconoció que su División de Jubilaciones enfrenta un volumen de expedientes sin precedentes: algunos jubilados han esperado varios meses para recibir íntegramente sus beneficios. La ola de salidas no se limita a la CIA: más de 330.000 empleados abandonaron el Gobierno federal en el último año, en su mayoría de forma voluntaria.
El conjunto de la comunidad de inteligencia sufre un impacto mayor. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional, creada tras el 11 de septiembre de 2001 para mejorar la coordinación, pasó de unos 2.000 empleados al inicio de la segunda administración Trump a aproximadamente 1.300 a mediados de 2026; posteriores recortes y reasignaciones eliminaron alrededor de 200 puestos adicionales.
Especialmente delicada es la situación del National Intelligence Council, uno de los principales centros de análisis estratégico: cerca de veinte de sus integrantes fueron removidos o abandonaron sus cargos, incluidos responsables de los análisis sobre Rusia, China y Europa. La pérdida de estos especialistas no equivale a una mera reducción administrativa; disminuye la capacidad de integrar perspectivas interinstitucionales, comparar hipótesis y elaborar evaluaciones estratégicas para los responsables de la política exterior y de seguridad nacional.
El conocimiento que se va, ¿se reemplaza con tecnología?
La inteligencia no consiste únicamente en acumular información. La revolución tecnológica ha ampliado radicalmente las posibilidades de la actividad de inteligencia: los sistemas de inteligencia artificial procesan volúmenes de datos inalcanzables para equipos humanos, identifican patrones, traducen idiomas, analizan imágenes y detectan anomalías.
La tecnología no elimina la necesidad de expertos; en cierto sentido, la hace más crítica. La memoria institucional resulta esencial en un entorno dominado por la incertidumbre, donde la información nunca es completa y los adversarios buscan ocultar, distorsionar o manipular lo que Estados Unidos intenta conocer.
El riesgo de una reducción indiscriminada no se limita a las capacidades operativas. Existe un problema de contrainteligencia: los antiguos funcionarios conocen procedimientos, estructuras, vulnerabilidades, métodos de reclutamiento y mecanismos de protección de fuentes. Aunque permanezcan sujetos a obligaciones legales sobre información clasificada, su conocimiento constituye un activo potencialmente atractivo para servicios extranjeros. Una comunidad que expulsa simultáneamente a cientos o miles de personas experimentadas genera un universo considerable de individuos que deben ser monitoreados y protegidos.
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La reducción de personal plantea además un problema temporal. Formar un oficial de inteligencia no equivale a incorporar un empleado administrativo. Se requieren años para dominar un idioma, conocer una región, desarrollar contactos, comprender procedimientos de seguridad y reconocer las sutilezas que distinguen información auténtica de operaciones de engaño. El anuncio de la CIA de haber incorporado recientemente la mayor camada de oficiales de operaciones en dos décadas es una señal positiva, pero insuficiente para compensar de inmediato las pérdidas acumuladas.
La agencia puede contratar nuevos profesionales en meses; no puede proporcionarles décadas de experiencia mediante un curso acelerado. Algo similar ocurre con el conocimiento analítico: el dominio de herramientas digitales sofisticadas no sustituye la comprensión de las dinámicas internas de los gobiernos estudiados ni de las trayectorias de sus dirigentes.
No se trata de defender burocracias ineficientes ni de sostener que todos los puestos existentes sean indispensables. Toda organización de estas dimensiones necesita reformas, modernización y eliminación de estructuras redundantes. La cuestión central es otra: reformar no significa necesariamente desmantelar. La reducción de estructuras puede ser razonable cuando responde a una estrategia cuidadosamente diseñada; se convierte en riesgo cuando se realiza de manera acelerada, sin evaluar previamente qué conocimientos, redes y capacidades se perderán y cuánto costará reconstruirlos.
Estados Unidos entra en una etapa en la que la inteligencia será todavía más determinante. La rivalidad con China, la guerra de Ucrania, la confrontación con Irán, la proliferación de drones, el desarrollo de armas autónomas, la guerra cibernética, las campañas de desinformación y el uso de inteligencia artificial por gobiernos y organizaciones no estatales exigirán una combinación inédita de capacidades tecnológicas y humanas. La respuesta no puede ser elegir entre el analista y el algoritmo: debe consistir en lograr que ambos trabajen juntos.
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La prensa estadounidense ha recogido la preocupación de exfuncionarios al respecto. Pekín representa una preocupación particular: la competencia incluye confrontación de inteligencia, contrainteligencia, espionaje industrial, operaciones cibernéticas y penetración de redes humanas. Cualquier debilitamiento de las capacidades estadounidenses puede ser interpretado como una oportunidad.
La actual oleada de jubilaciones y renuncias constituye, por tanto, una cuestión estratégica. La demora en el pago de las pensiones es apenas el síntoma visible de un proceso más profundo: la posibilidad de que Estados Unidos debilite, en nombre de la eficiencia y de la reducción del Estado, capacidades que necesitará precisamente cuando el sistema internacional se vuelve más imprevisible.
