La polémica política y diplomática en torno a la incorporación de Chile al “Escudo de las Américas” escaló a un nuevo nivel institucional. Parlamentarios de oposición acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación sobre la legalidad de la adhesión impulsada por el presidente José Antonio Kast.
El hito ocurre en un ambiente de creciente tensión política, marcado por el rechazo explícito de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, y un complejo escenario de opinión pública revelado por la última encuesta Cadem.
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El Escudo de las Américas, ¿es un tratado o marco voluntario?
La Contraloría recibió un pedido clave de parte de la oposición que busca esclarecer las condiciones de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. Diputados de oposición (PC, PS y FA) sostienen que, bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la denominación de “declaración” no desestima sus efectos jurídicos y compromisos de soberanía.
Acusan a José Antonio Kast de haber “engañado a los chilenos” y de exceder sus atribuciones constitucionales para alinear al país con los intereses geopolíticos de Washington sin pasar por la validación del Congreso.
El presidente Kast y la Cancillería sostienen que el “Escudo de las Américas” es un marco de cooperación político y voluntario, exento de rango de tratado internacional, sin implicaciones militares directas ni la firma de compromisos que requieran aprobación legislativa. Según biministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Claudio Alvarado, la iniciativa busca proveer “mejores herramientas para combatir el crimen organizado transnacional”.
Desde Estados Unidos, el documento de la ‘Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica’, establece pilares no solo de seguridad e inteligencia, sino también el resguardo de la cadena de suministro de minerales críticos. Incluso, incluye la eventual activación de mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra el narcoterrorismo.
La Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, deberá solicitar los informes pertinentes a la Cancillería y determinar si los documentos y anexos del “Escudo de las Américas” constituyen administrativamente un tratado internacional. De ser así, la decisión de La Moneda podría quedar paralizada a la espera del debate parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado.
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Falta de respaldo ciudadano: 52% ve “subordinación” a Estados Unidos en la encuesta de Cadem
A la controversia jurídica se suma el complejo escenario de la opinión pública nacional. La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem arrojó una creciente brecha de desaprobación sobre la materia:
- Rechazo a la adhesión: Un 48% de los consultados se manifestó en desacuerdo con que Chile se haya sumado al Escudo de las Américas, frente a un 42% que apoya la medida.
- Percepción de subordinación: Un 52% de los encuestados considera que la participación en esta alianza representa una postura de subordinación ante Estados Unidos, mientras que un 41% opina lo contrario.
Curiosamente, el sondeo revela un contraste entre la desconfianza diplomática y el respaldo a las medidas operativas de seguridad: acciones como la capacitación policial conjunta (79%), el congelamiento de activos de bandas criminales (81%) o la restricción de ingreso a narcotraficantes (86%) cuentan con un apoyo ciudadano abrumador.
La presión política y la discrepancia social se suman a la publicación de una carta conjunta firmada por los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, en la que llamaron al mandatario a reconsiderar la medida para resguardar la tradición de autonomía en la política exterior chilena.
El hecho rompió con la tradicional reserva de los exmandatarios en política exterior y provocó una dura respuesta del Gobierno. El biministro Claudio Alvarado instó a resolver este tipo de discrepancias “en privado con el Presidente de la República” y desestimó que cooperar signifique subordinación diplomática o ideológica.
