En medio del debate por la crisis de seguridad que atraviesa Chile, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, encendió las alarmas sobre la capacidad de penetración de las bandas criminales en la institucionalidad pública. En conversación con el programa Primera Pauta, la autoridad fue enfática en señalar que “el crimen organizado lamentablemente penetró las estructuras de la administración”.
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El control de Chile es obsoleto ante una nueva realidad criminal
El subsecretario explicó que el Ejecutivo detectó diversos casos con involucramiento de funcionarios públicos, lo que deja en evidencia la necesidad de modernizar los filtros del Estado.
Según Guerrero, aunque existen mecanismos de supervisión, estos fueron diseñados para una realidad distinta a la actual. Por esta razón, el Gobierno prepara un conjunto de medidas orientadas a elevar los estándares de rendición de cuentas y profundizar las declaraciones de patrimonio e intereses para todo el personal vinculado a las labores de seguridad pública.
En ese sentido, el informe de Chile del Índice Global de Crimen Organizado, afirma la coaptación de funcionarios estatales en el tráfico de armas y drogas a nivel local, así como en fronteras.

El texto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que la corrupción facilita mercados criminales como el contrabando, el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de migrantes a través de la protección o la falta de control, e inclusive la permeabilidad del crimen organizado en el sistema penitenciario chileno
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Los retos de la estrategia de seguridad de Kast
En relación con la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, el subsecretario profundizó en el renovado perfil que tendrán los inspectores comunales. La normativa contemplará mayores exigencias físicas, psicológicas y de formación técnica, otorgándoles facultades para fiscalizar y retener personas de manera precautoria hasta el arribo de Carabineros.
En cuanto a su equipamiento, los funcionarios podrán portar elementos defensivos no letales y, una vez aprobado el reglamento correspondiente, eventualmente pistolas Taser. Finalmente, Guerrero confirmó que el Ejecutivo insistirá ante el Senado para reponer la indicación que permite a los municipios elevar hasta en un 25% el límite de contratación de inspectores de seguridad.
Otro de los puntos críticos abordados por el funcionario fue la dificultad de despliegue territorial en zonas de alto riesgo social. Aunque destacó los resultados del programa Lazos, asegurando que el 94% de los jóvenes que ingresan no vuelven a delinquir, admitió que actualmente existen comunas y localidades del país donde la oferta social del Estado no logra ingresar.
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, advirtió que diversas poblaciones y barrios en Chile quedaron paulatinamente bajo el control del narcotráfico y formas extremas de violencia, reconociendo que el Estado no reaccionó a tiempo, pero afirmando que aún se está a tiempo de tomar cartas en el asunto.




