La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó por unanimidad el proyecto que extiende en un año los plazos de adecuación establecidos en la Ley de Seguridad Privada, luego de que el Gobierno advirtiera que existía riesgo de colapso operativo.
La medida busca evitar que miles de guardias, vigilantes y empresas queden fuera del sistema por no alcanzar a cumplir las nuevas exigencias antes del vencimiento previsto para el 28 de mayo de 2026.
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Por qué Chile extendió los plazos de la Ley de Seguridad Privada
El Gobierno chileno explicó que la implementación de la nueva normativa enfrentó dificultades técnicas y operativas que impedían cumplir los tiempos originales.
Entre los principales problemas detectados aparecen retrasos en la plataforma digital de gestión y autorizaciones, falta de capacidad institucional para procesar acreditaciones y gran cantidad de trámites pendientes para empresas y trabajadores.
En pleno tratamiento de la prórroga, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, advirtió que la situación podía derivar en una paralización parcial del sector.
“Podríamos haber enfrentado una situación muy grave al no contar con la acreditación ni certificación de aproximadamente 30.000 personas”, sostuvo la funcionaria al presentar el proyecto de ley corta impulsado por el Ejecutivo.
Además, el Gobierno señaló que muchas empresas todavía no lograron elaborar los nuevos estudios y planes de seguridad exigidos por la normativa, especialmente bancos, transportadoras de valores, centros comerciales y otras entidades consideradas críticas.
Inicialmente, el Ejecutivo había propuesto extender el plazo por seis meses, pero tras escuchar a Carabineros, gremios y expertos del sector, la Comisión de Seguridad Ciudadana resolvió ampliar la prórroga a un año completo.
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Seguridad privada: un complemento clave para las fuerzas estatales
La Ley N.º 21.659 representa la mayor reforma del sistema de seguridad privada chileno en décadas y reemplaza un marco regulatorio considerado obsoleto.
La normativa establece nuevas exigencias para guardias de seguridad, vigilantes privados, empresas de transporte de valores, conserjes e inspectores, compañías de alarmas y monitoreo. Además, alcanza a centros comerciales, bancos y recintos estratégicos en manos de privados.
Respecto a las personas jurídicas, se moderniza la categorización de empresas obligadas y no obligadas con la adición de tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto.
Las empresas de riesgo medio tendrán que contar con un estudio de seguridad aprobado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras que para las de riesgo alto se exigirá implementar un Sistema de Vigilancia Privada completo, que incluye un organismo de seguridad interno con jefes, encargados y vigilantes privados, además de recursos tecnológicos y materiales específicos.
El objetivo es profesionalizar una industria que involucra a 300.000 personas en todo el país y mueve cerca de 2.857 millones de dólares anuales, además de cumplir un rol complementario a las policías y fuerzas de seguridad del país.
Además, el avance del crimen organizado, el aumento de robos violentos y la presión sobre las fuerzas policiales llevaron a fortalecer el papel de la seguridad privada como apoyo operativo dentro del sistema nacional de seguridad.
Con la nueva prórroga a Ley de Seguridad Privada y el contexto demandante, el Gobierno de Chile aseguró que el tiempo adicional permitirá estabilizar la plataforma digital, fortalecer la capacidad institucional y garantizar una implementación gradual sin afectar la continuidad operativa del sector.
