El crimen organizado y el narcotráfico se convirtieron en una seria preocupación de seguridad para América Latina y el Caribe, y el tema llegó a la última cumbre del Mercosur y los Estados Asociados en Paraguay. Con la premisa de crear un frente unificado de seguridad, los líderes dieron los primeros pasos, aunque el reciente informe de la Fundación Sherman Kent puso el foco en la necesidad de integrar a los 33 servicios de inteligencia de la región en un mismo espacio.
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El Compromiso de Asunción 2026: una declaración de guerra al crimen organizado transnacional
La reciente LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Asunción, Paraguay, marcó un punto de inflexión en la agenda geopolítica del Cono Sur. Bajo la premisa de que “la seguridad hemisférica de nuestras democracias está en peligro”, los líderes del bloque y sus socios estratégicos sellaron el denominado Compromiso de Asunción 2026 contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
Este acuerdo institucional no solo busca blindar las fronteras frente al narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico ilícito de armas, sino que ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de una nueva arquitectura de seguridad regional basada en la profundización de la coordinación de inteligencia y el intercambio de información en tiempo real. Sin embargo, pasar de la retórica diplomática a la cooperación operativa inter-agencial es un salto complejo.
El diagnóstico de la Fundación Sherman Kent: Un mosaico de 33 servicios de inteligencia asimétricos
Para entender la viabilidad de la propuesta del Mercosur, resulta indispensable contrastar con el análisis técnico más exhaustivo publicado hasta la fecha: el Análisis Estratégico N.º 08 de la Fundación Sherman Kent (FUSK), titulado “Los servicios de inteligencia de América Latina y el Caribe” y elaborado por el especialista Edgardo Glavinich.
El informe de Glavinich ofrece una radiografía a julio de 2026 sobre los 33 Estados de la región, caracterizados por una profunda “asimetría estructural” y heterogeneidad. De acuerdo con el estudio, el panorama se divide en cuatro perfiles institucionales críticos:
- Sistemas en reforma activa: Países como Argentina (con la reestructuración de la SIDE por el Decreto 941/2025), México, Ecuador y Brasil, que buscan modernizar sus estructuras.
- Servicios civiles consolidados: Uruguay y Chile (tras la promulgación de la Ley 21.821 en mayo de 2026), que operan bajo un sólido control democrático.
- Aparatos instrumentalizados: Agencias capturadas por regímenes políticos (como Venezuela, Nicaragua y Cuba), orientadas al control interno más que a la anticipación estratégica.
- Estados frágiles o sin agencia propia: Principalmente microestados caribeños y países en situaciones críticas (como Haití) que carecen de masa crítica analítica o tecnológica y dependen enteramente de la asistencia externa.
La tesis central de Glavinich advierte que ningún servicio de América Latina y el Caribe alcanza por sí solo la masa crítica necesaria para competir con las potencias centrales, y que amenazas modernas como la Inteligencia Artificial (IA) y el auge del análisis de fuentes abiertas (OSINT) ensancharán la brecha si no se actúa de forma coordinada.
Los 4 pilares regulatorios vigentes para la integración
El desafío del Compromiso de Asunción no pasa por fundar organismos desde cero, sino por instrumentar y articular cuatro regulaciones interestatales vigentes que la región ya posee y que sirven de andamiaje jurídico y operativo:
La más vinculada con el esfuerzo declarado del Mercosur es la Alianza Sudamericana de Inteligencia Estratégica. Firmada mediante estatuto en Brasilia (2024) y con la presidencia pro témpore ejercida por Brasil, constituye el verdadero “embrión” de la cooperación en el Cono Sur. Reúne a actores clave del Mercosur como Argentina, Paraguay y Uruguay, sirviendo como canal operativo de intercambio que preserva las salvaguardas de soberanía.
Más enfocados en el Caribe, la región tiene el Sistema de Seguridad Regional (RSS), una estructura jurídica angloparlante, y el CARICOM IMPACS, la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe.
Por último, se encuentra el marco normativo de la Organización de los Estados Americanos provee los convenios hemisféricos contra el terrorismo, el narcotráfico (CICAD) y el cibercrimen, ofreciendo un paraguas político continentalizado para la validación de estándares institucionales.
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Las problemáticas y los desafíos de América Latina y el Caribe
A pesar de la voluntad política expresada en la cumbre del Mercosur, el informe de la Fundación Sherman Kent identifica cuellos de botella estructurales que amenazan la viabilidad de cualquier sistema integrado.
Históricamente, la inteligencia estatal latinoamericana nació para la vigilancia política doméstica. El principal reto es migrar de forma masiva hacia la producción de inteligencia estratégica orientada a anticipar riesgos transnacionales como el crimen organizado, el ciberespionaje y el lavado de dinero.
Sin embargo, el informe sostiene que la convivencia entre leyes extremadamente garantistas y la ausencia absoluta de marcos regulatorios en ciertos países destruye la base de la reciprocidad. Ningún servicio compartirá información sensible si sospecha que su contraparte sufre de infiltración criminal o carece de control judicial.
Por si fuera poco, Glavinich subraya que el mayor déficit de la región no es la recolección de datos, sino el management. Los fracasos institucionales suelen responder a presupuestos mal gestionados, secretismos corporativos ajenos al control democrático y directores políticos sin formación profesional en el área (tradecraft).
La propuesta para viabilizar el Compromiso de Asunción de cara a la próxima década exige adoptar el enfoque de “geometría variable” sugerido por la Fundación Sherman Kent. Esto implica que la integración no debe depender de la afinidad ideológica de los gobiernos de turno, sino de estándares técnicos comprobables de control democrático y contrainteligencia.
El camino viable arranca por expandir de forma concéntrica la Alianza Sudamericana de Inteligencia Estratégica hacia México y el Caribe, apalancándose en la creación de una Escuela Regional Común de Analistas y Gestores. El informe de Edgardo Glavinich concluye que solo homogeneizando el capital humano y adoptando metodologías analíticas estructuradas se podrá disolver la desconfianza histórica, mitigar la sorpresa estratégica y dotar al Mercosur de una verdadera defensa frente al crimen transnacional.
