Organizado por el Capítulo Argentina del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry (WJPC), la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) fue sede del IV Congreso Hemisférico de Seguridad y Defensa, un encuentro que reunió a autoridades académicas, del sector político y especialistas para debatir los principales desafíos estratégicos del siglo XXI.
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Durante el segundo eje temático de la primera jornada, el tema principal en disputa se centró en el crimen organizado transnacional como enemigo estratégico del Estado. Este fenómeno, entendido como una amenaza híbrida, actúa desde distintos terrenos, por lo que los especialistas concordaron que la respuesta estatal debe ser integral, coordinada y estratégica.
El avance del crimen organizado transnacional
Durante el panel moderado por el doctor Marcelo Romero e integrado por el abogado José Pereyra; Ximena Albornoz, directora nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual; y Francisco Calcagno, director de Investigación de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad, se abordó esta amenaza creciente, caracterizada por estructuras más flexibles, descentralizadas y con capacidad de adaptación constante.
Estas organizaciones, que combinan distintos tipos de actividades ilícitas, se expanden en redes que atraviesan las fronteras, y no operan bajo esquemas rígidos. En este marco, el abogado advirtió que “el modelo tradicional de combate utilizado por los gobiernos presenta limitaciones frente a estas dinámicas”. Entre los principales problemas se mencionaron la falta de coordinación entre fuerzas, la fragmentación de las investigaciones, y un abordaje insuficiente del componente financiero.
A su vez, destacaron que el crimen organizado funciona cada vez más bajo una lógica empresarial, con diversificación de actividades y adaptación tecnológica. Ya no sólo delitos tradicionales como el narcotráfico o la trata de personas se consideran parte de este fenómeno, sino que también se incluyen nuevas modalidades, como estafas digitales.
En relación a la trata de personas, flagelo que azota con fuerza a la Argentina, Albornoz destacó que el uso creciente de plataformas digitales para la captación de víctimas, amplía el alcance de las organizaciones y dificulta, a su vez, su detección.
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En suma, Calcagno advirtió que el avance de la tecnología, como se utiliza hoy, es lo que incrementa la complejidad de las investigaciones, por su rapidez e inmediatez, y exige nuevas capacidades por parte del Estado.
Las dificultades y obligaciones del Estado frente al crimen organizado
Durante su exposición particular, el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad Nacional, Ignacio Cichello, sugirió que debido al crecimiento exponencial de datos es muy difícil identificar patrones reiterativos en esta clase de organizaciones, algo que impacta directamente en las investigaciones criminales.
Según el subsecretario, “este escenario obliga a desarrollar métodos más eficientes y herramientas de análisis avanzadas que permitan mejorar la toma de decisiones”. Además explicó que el Estado tradicional, diseñado hace más de 250 años, es lento y compartimentado para responder a estas amenazas que trabajan con agilidad, flexibilidad y que sobrepasan las fronteras. Es por ello que planteó la necesidad “de un Estado distinto, más inteligente y más coordinado”.
En términos concretos, lo que debe hacer el Estado, según su enfoque, es actuar de forma interinstitucional entre fuerzas federales, policías provinciales, fiscalías, juzgados y servicios penitenciarios. También debe invertir en capacitación, en cooperación internacional y en herramientas tecnológicas que permitan procesar volúmenes enormes de información.
Por último, algo que Cichello dejó muy en claro es que el Estado no puede seguir siendo reactivo, y que la clave es anticiparse para identificar el patrón antes de que la organización criminal encuentre la oportunidad. “Esto requiere inteligencia y coordinación, no simplemente más recursos volcados al modelo viejo”, concluyó.
