El Consejo de Ministros de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, aprobó un severo decreto ley destinado a atajar la violencia en las recientes protestas registradas en el centro de Milán. La iniciativa, calificada por el Ejecutivo como indispensable para restablecer el orden público, introduce modificaciones sustanciales en la legislación penal y de seguridad ciudadana del país que podrían repercutir en el resto de Europa.
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Decreto antidisturbios: el eje del plan para frenar las protestas en Italia
El decreto ley aprobado por el Gabinete italiano introduce un conjunto de herramientas legales y operativas sin precedentes recientes en la Unión Europea.
Italia crea un nuevo delito de alteración violenta del orden público, que tipifica explícitamente la participación activa en disturbios que pongan en peligro la integridad de personas o infraestructuras, contemplando penas de prisión que van de los 2 a los 5 años.
El porte de artefactos pirotécnicos, objetos contundentes o la ocultación del rostro mediante visores o cascos durante las protestas conllevará un incremento directo en las condenas.
El país europeo también habilita la detención preventiva de menores de 14 años involucrados en actos violentos. Asimismo, los padres o tutores legales enfrentarán sanciones económicas de hasta 10.000 euros por los daños materiales causados por sus dependientes.
Con las redes sociales como herramienta clave para incitar a la violencia, aquellas personas u organizaciones que utilicen plataformas digitales o canales de mensajería para incitar de forma explícita a cometer actos de violencia en concentraciones podrán ser castigadas con penas de entre 4 y 12 años de cárcel.
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Despliegue de las Fuerzas Armadas en Milán y centros urbanos
Además de las reformas penales, la estrategia del Ejecutivo contempla el envío de contingentes de las Fuerzas Armadas para colaborar con la Policía Estatal y los Carabinieri en la custodia de infraestructuras críticas, estaciones de tren y zonas de alta concentración comercial en Milán y Roma.
Esta movilización de activos militares en suelo urbano busca liberar efectivos policiales para labores de control directo en manifestaciones de alto riesgo, reforzando la vigilancia preventiva en el corazón económico del país.
Las decisiones del Gobierno de coalición derechista generó un terremoto político. La oposición parlamentaria, encabezada por el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, calificó las medidas de “autoritarias” y denuncian un intento de criminalizar el derecho a la protesta social pacífica.
Por su parte, diversas ONGs y sindicatos advierten que rebajar la edad penal para imputar responsabilidades administrativas o de detención a menores vulnera tratados internacionales de protección a la infancia, al tiempo que advierten que la presencia de militares en las calles podría escalar la tensión en lugar de reducirla.
La contundencia de las leyes adoptadas por Italia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y las libertades civiles en la Unión Europea. En un contexto marcado por el malestar social derivado de la inflación y las tensiones geopolíticas, otros Ejecutivos europeos como Francia, objeto de violentas movilizaciones en París, Lille y Lyon, podrían seguir el ejemplo y endurecer las atribuciones de las fuerzas de seguridad y las penas de prisión para desalentar los destrozos y los ataques a la propiedad privada.
