El fin de semana del 17 y 18 de octubre dejó en Francia, Italia, Bélgica y Albania escenas de enfrentamientos, saqueos y ataques a edificios públicos. La cuestión que plantean excede el balance de detenidos y daños: cómo una manifestación se convierte en escenario de una violencia que desborda sus demandas iniciales. Las circunstancias de cada país fueron distintas, pero el problema es común.
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Una marcha puede reunir a quienes buscan expresar un reclamo y, a la vez, ofrecer cobertura a grupos que persiguen la confrontación o aprovechan el desorden para delinquir. Compartir la calle no implica compartir propósitos ni responsabilidades. La dificultad crece cuando los incidentes se dispersan, surgen grupos fuera de los recorridos previstos y los convocantes pierden capacidad de influir sobre lo que ocurre. En ese punto, atender la demanda original deja de ser suficiente para detener la violencia.
La noción de “guerra civil molecular“, acuñada por el ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger, ofrece una lente para examinar esa dispersión. Se la emplea aquí como metáfora analítica, no como diagnóstico: estos hechos no constituyen una guerra. Su utilidad reside en preguntar cuándo ciertos focos de agresión adquieren dinámica propia y erosionan la convivencia.

Cuatro escenarios, una escalada desigual
En Francia, la movilización comenzó en septiembre por el financiamiento educativo y se amplió hacia el costo de vida y el precio de los combustibles. El sábado 17 reunió a estudiantes, chalecos amarillos, sindicalistas y otros colectivos: más de medio millón de personas según el Ministerio del Interior. Junto a las marchas pacíficas hubo saqueos, incendios y ataques contra alcaldías y sedes estatales; en Limoges, el fuego destruyó buena parte del ayuntamiento. El gobierno informó más de mil detenciones. La simultaneidad es la clave: la violencia formó parte de la jornada, pero no define las intenciones de todos sus participantes.
Milán ofrece el caso más ilustrativo. El sábado, una marcha contra el costo de vida terminó con cargas policiales, incendios y el saqueo de comercios en el centro, protagonizados por cientos de jóvenes que se desprendieron del recorrido. El domingo ya no hubo convocatoria: pequeños grupos, en su mayoría encapuchados, recorrieron el centro rompiendo vidrieras y asaltando negocios, incluido un supermercado. La Jefatura de Policía informó que, por los hechos del domingo, 271 personas fueron trasladadas a sus dependencias, 220 de ellas menores, y que 32 quedaron arrestadas. La presencia masiva de adolescentes es significativa, pero no autoriza a atribuirles una motivación común.
En Bélgica, las protestas estudiantiles contra el aumento de los costos universitarios derivaron el sábado en enfrentamientos en Bruselas. Según Reuters, varios cientos de jóvenes, muchos con el rostro cubierto, volcaron un automóvil y la policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua. El ministro del Interior, Bernard Quintin, advirtió que lo que ocurría ya no era una simple protesta. Hubo también movilizaciones en Lieja. La influencia francesa fue reconocida por los propios estudiantes, aunque eso no prueba una conducción compartida.
En Albania, el domingo se cumplió el sexto día consecutivo de choques en Tirana. Cientos de manifestantes se concentraron ante el Ministerio de Educación, ya atacado en jornadas previas, y la policía respondió con gases, cañones de agua y balas de goma. Los reclamos combinan educación, empleo, denuncias de corrupción y la renuncia del primer ministro Edi Rama, en un movimiento que había surgido meses atrás contra un megaproyecto turístico. Allí el fin de semana fue un tramo más de una escalada en curso.

Los cuatro casos difieren en escala, duración y organización, y no hay base para describirlos como una operación coordinada. Su valor comparativo es otro: muestran cómo se extienden los incidentes, qué vínculo conservan con las demandas y qué márgenes existen para contener la escalada.
Cómo cambia la lógica de la calle
La sociología de la acción colectiva ofrece una primera explicación. Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly mostraron que los conflictos se transforman mediante interacciones sucesivas: la incorporación de nuevos actores y las respuestas que encuentran modifican su curso. Una manifestación no conserva necesariamente la misma composición ni los mismos objetivos de principio a fin. El enfoque obliga a reconstruir secuencias concretas en lugar de deducir cada hecho violento del reclamo original.
Las redes digitales agregan otra capa. La “acción conectiva” descrita por Lance Bennett y Alexandra Segerberg explica cómo los mensajes compartidos facilitan la participación sin afiliación estable. De allí una dificultad práctica: quien contribuye a reunir gente no necesariamente tiene autoridad para conducirla ni para negociar en su nombre. La convocatoria se vuelve masiva; la interlocución, débil.
Los psicólogos sociales británicos Stephen Reicher, John Drury y Clifford Stott vinculan, por su parte, la escalada con la relación entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Una intervención percibida como indiscriminada puede unificar a participantes heterogéneos y ampliar la confrontación; una actuación diferenciada tiende a aislar a los violentos. Es un mecanismo a verificar en cada caso, no una ley universal.
Estos aportes desplazan las explicaciones que todo lo atribuyen a una juventud desorientada o a una multitud que pierde el control espontáneamente. Comprender la violencia requiere identificar decisiones, conductas e interacciones. Explicarla no equivale a justificarla ni a diluir responsabilidades.

Cuando la violencia adquiere autonomía
Enzensberger advirtió sobre una violencia fragmentada que surge dentro de las sociedades, comienza en minorías y se reproduce sin programa político coherente. Lo «molecular» remite a la dispersión de los focos y a la erosión de la convivencia. El domingo milanés, sin marcha ni consignas, se acerca a esa imagen.
Sin embargo, un saqueo aislado no confirma el diagnóstico. Para sostenerlo habría que verificar tres condiciones: que los episodios persistan más allá de las convocatorias, que se reproduzcan con autonomía respecto de los organizadores y que su vínculo con las demandas iniciales se debilite. La violencia molecular debe operar como hipótesis de trabajo, no como etiqueta aplicable a toda protesta.
De allí se desprenden preguntas operativas: si los convocantes conservan influencia, si existen interlocutores capaces de sostener acuerdos y qué tipo de violencia predomina, ya sea la orientada a un objetivo político, la confrontación circunstancial o el aprovechamiento del desorden para delinquir. Cada una exige respuestas distintas.
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La respuesta institucional depende de esa precisión. Debe proteger la manifestación pacífica, prevenir ataques, individualizar responsabilidades y garantizar una actuación estatal legal y proporcionada. Al mismo tiempo, los reclamos de origen requieren canales de tratamiento: su desatención puede mantener abierto el conflicto aun cuando cesen los incidentes.

El umbral decisivo se cruza cuando la violencia empieza a responder a incentivos distintos de los que originaron la movilización. Reconocer esa separación explica por qué resolver una demanda puede abrir una negociación y, sin embargo, no bastar para restablecer la seguridad en las calles. La lección es doble: garantizar el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse y, al mismo tiempo, distinguirlo con precisión de quienes lo utilizan como cobertura para la violencia.




