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Dos miradas al Plan Argentina Sin Narcotráfico

El ambicioso plan anunciado por el gobierno nacional para erradicar el tráfico de drogas fue recibido con opiniones diversas entre los actores del sector y los especialistas. Por Francisco Reyes.

El lanzamiento de Argentina Sin Narcotráfico, el programa presentado por el presidente Mauricio Macri, abre un nuevo capítulo en la lucha del gobierno contra este flagelo. DEF dialogó con Martin Siracusa, subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, y con Luciano Anzelini, asesor parlamentario en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y ex director general de planeamiento y estrategia del Ministerio de Defensa, para conocer algunas reacciones ante el anuncio.

Martín Siracusa – Economista (UBA). Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación

“Estamos desterrando a los narcotraficantes, que eran dueños de las calles”

Martín Siracusa (izq), orador en el 6 Special Global Workshop de FININT y Taeda. Foto: Fernando Calzada.

-¿Cuál es su opinión sobre el plan Argentina sin Narcotráfico?
-Argentina sin Narcotráfico es un compromiso y uno de los objetivos más importantes que nuestro presidente Mauricio Macri, junto a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, han puesto en marcha desde diciembre del 2015. Sabemos que la droga mata, por eso se está haciendo un gran trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Argentina sin Narcotráfico es una política de Estado, para que nuestros hijos y nietos vivan en un país más justo y seguro.

-¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual en el país en relación al narcotráfico?
-El país creció y cambió; hoy tenemos un Estado que combate el narcotráfico, y en todo el país. Tenemos que decir que esto en años anteriores no sucedía. Las fuerzas de seguridad están trabajando constantemente para que Argentina sea un país sin drogas, lo que puede verse en las cifras oficiales que da a conocer el Ministerio de Seguridad. Desde diciembre de 2015 a diciembre de 2017 se han realizado 30.507 procedimientos en donde se incautaron 263.953 kg de marihuana y 18.202 kg de cocaína en todo el país. Estamos desterrando a los narcotraficantes que en el gobierno anterior eran dueños de las calles.

-¿Qué medidas se deberían profundizar de este plan?
-Se está profundizando día a día, además existe un consenso para mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y avanzar en una normativa para facultar el decomiso anticipado, figura que está contemplada en el proyecto de un nuevo Código Penal y la destrucción inmediata de la droga.

-¿Cómo es el trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial?
-El trabajo se coordina constantemente, y el objetivo es analizar lo relacionado en los últimos dos años en la lucha contra el narcotráfico y profundizar esta política a través de una mejora en la administración judicial a través de nuevas normativas.

-¿Cómo se piensa integrar a las Fuerzas Armadas en este proyecto?
-Con la atención puesta en los pasos limítrofes ilegales. En este sentido, se están definiendo acciones conjuntas para cubrir el territorio desde Salta a Misiones, con una dotación de personal que se incorpore gradualmente y con su rotación periódica, para tener una mayor presencia de las instituciones del Estado. Además, se van a impulsar reformas normativas, volviendo a lo estrictamente previsto en las leyes de Defensa y Seguridad Interior vigentes.

Luciano Anzelini, Magíster en Estudios Internacionales (Di Tella), investigador, asesor parlamentario en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ex director general de planeamiento y estrategia del Ministerio de Defensa (2010-2012) y ex director general de planificación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2013-2015)

“No se observan avances en aspectos claves de la lucha contra la narcocriminalidad”

Luciano Anzelini.

-¿Cuál es su opinión sobre el Plan Argentina Sin Narcotráfico?
-El Plan no es un plan en sentido estricto, sino básicamente un compendio de buenas intenciones que no aborda con mirada estratégica el fenómeno del narcotráfico. En el plano específico de la seguridad pública, el gobierno nacional ha incumplido dos ideas razonables que había propiciado en la campaña electoral de 2015. La primera, la de crear una Agencia Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado. El actual diputado nacional y exministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, sostenía en campaña que había “lazos que tiene el narcotráfico con la política, con la Justicia, y con la policía. Esta agencia tiene que tener la suficiente autonomía para poder investigar al poder”. Nada hizo el gobierno de Macri al respecto. La Agencia en cuestión no se creó, y cada día vemos nuevos lazos estructurales entre política, policía y narcotráfico (como nos enteramos recientemente con el escándalo del intendente de Paraná, Entre Ríos).
La otra cuestión que señalaba Montenegro en campaña electoral era la necesidad de que la Gendarmería “volviese a la frontera para cuidar que la droga no entrara al país”. Se trataba de una apreciación correcta. Sin embargo, el gobierno de Macri no solo incumplió con dar solución a este punto, sino que lo acentuó al desnaturalizar todavía más la función principal de la Gendarmería, que es la protección y control de la frontera del país y de sitios estratégicos nacionales. Con gran parte de sus 40.000 hombres desplegados cumpliendo funciones de seguridad ciudadana en centros urbanos, hoy la Gendarmería corre también el riesgo de ser desplazada del cuidado de objetos de valor estratégico como plantas nucleares o represas hidroeléctricas. Se trata, en definitiva, de una desnaturalización de funciones y misiones que, aunque en otra escala, también alcanza a otras dos fuerzas federales como la Prefectura Naval o la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

-¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual en el país en relación al narcotráfico?
-En la Argentina, durante los últimos 20 años –como lo ha estudiado muy detalladamente el experto Marcelo Sain– el narcotráfico se ha transformado en dos sentidos. Por un lado, se han estructurado amplios mercados internos de drogas ilegales –en particular, de cocaína– en las grandes ciudades del país. Contrariamente a lo que han postulado Eugenio Burzaco (el actual secretario de Seguridad) y el analista político Sergio Berensztein, no es la ausencia del Estado lo que ha facilitado esta estructuración, sino el accionar de un “Estado regulador” que, a través de sectores policiales, de la justicia y de la política, ha facilitado el desenvolvimiento de las organizaciones criminales.
Estos mercados internos son el principal problema de la Argentina en materia de narcotráfico, por la violencia que traen aparejada y por el nivel de desintegración que producen sobre el tejido social. En paralelo, también se ha incrementado el tráfico internacional de cocaína y de otras sustancias, a partir del accionar de bandas especialmente colombianas y mexicanas.
De estas dos tendencias, el gobierno argentino –aún sin tener un abordaje estratégico del fenómeno del narcotráfico– pareciera enfocarse en la segunda, inobservando que la violencia social y el crecimiento del delito tienen que ver fundamentalmente con los “mercados internos” de drogas. Este enfoque tiene una explicación clara: el papel rector que desempeña la DEA sobre la política de lucha contra el narcotráfico en la Argentina. Como sostiene Sain: “En Argentina, la DEA subordina a policías, funcionarios y operadores judiciales para el control de los corredores del tráfico local o de las plataformas de salida hacia Europa o Norteamérica”. Se trata de una suerte de hegemonía política y doctrinaria que en el gobierno actual ha alcanzado niveles insospechados. Los funcionarios argentinos implementan políticas que se diseñan en Washington. Eso genera, naturalmente, que se inviertan las prelaciones, priorizándose los aspectos del narcotráfico global que preocupan esencialmente a la DEA, sin percibir que el principal problema argentino en esta materia hoy es el de los “mercados internos”.

-¿Qué medidas se deberían profundizar de este plan?
-Creo que hay que llevar adelante un verdadero plan que establezca la institucionalidad política y policial adecuada para afrontar la lucha contra el narcotráfico. Hoy cada fuerza o cuerpo policial formula e implementa sus acciones de control del narcotráfico como compartimento estanco, sin una mirada integral. Dado que no hay intención de escuchar a los expertos de la oposición o del mundo académico, deberían al menos recuperarse algunas de las ideas proselitistas expresadas en 2015 por Guillermo Montenegro.
Concretamente, resulta imprescindible la creación y puesta en funcionamiento de una Agencia Federal de Control del Crimen Complejo que concentre, por un lado, las responsabilidades de formulación de políticas y estrategias y, por otro lado, las labores de conducción del sistema institucional encargado de la implementación en materia de seguridad pública e intervención policial. Esta agencia debería garantizar, como sucede en algunos de los países más desarrollados, un dispositivo policial unificado y especializado en el control del narcotráfico, la trata de personas y cualquier otra modalidad de crimen complejo.

-¿Cómo es el trabajo coordinado entre Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los Ministerios y la Corte Suprema?
-No observo que la Argentina cuente con estrategias adecuadas de trabajo coordinado entre estas instancias. En particular, creo que ha sido grave la pérdida de impulso –por cuestiones políticas vinculadas al desplazamiento de la ex Procuradora General de la Nación– de las estrategias de persecución penal del delito y de armonización de la política criminal del Poder Ejecutivo con las labores del Ministerio Público Fiscal. Los países que han tenido más éxito en la lucha contra el narcotráfico se han basado en sistemas penales acusatorios (donde la investigación está a cargo de los fiscales y los jueces son garantes del proceso), en los que las fiscalías temáticas han cobrado gran protagonismo. Hoy en la Argentina, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) ha perdido relevancia, en buena medida por las pujas políticas mencionadas. La consecuencia es que los resultados, al contrario de lo que habitualmente señala la ministra Bullrich, no exhiben avances en tres de los aspectos claves de la lucha contra la narcocriminalidad: el ascenso en la cadena de responsabilidad de las organizaciones criminales, el desarrollo de investigaciones proactivas en el tráfico ilícito de precursores químicos y el desarrollo de investigaciones patrimoniales. En definitiva, lo que se observa en líneas generales es un deficiente trabajo de coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

-¿Se podría o se debería integrar a las Fuerzas Armadas a este proyecto? ¿De qué manera?
-Las leyes de la democracia argentina (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior, Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Ley de Inteligencia Nacional), sancionadas a través de amplios consensos multipartidarios, son muy claras respecto de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. En particular, la Ley de Seguridad Interior restringe en forma taxativa el empleo de las Fuerzas Armadas fuera de su misión primaria (que es la “conjurar y repeler agresiones estatales militares externas”). Solo pueden actuar en seguridad interior en los siguientes casos: a) dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada, b) prestando apoyo logístico, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa y c) con unidades de combate, y previa declaración parlamentaria del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior. La normativa también señala que el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”.
En consecuencia, integrar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico no es una opción disponible en las leyes. Es por eso que el gobierno, pese a ciertas declaraciones de altos funcionarios (incluidas las del propio presidente), no ha avanzado en ningún tipo de reforma normativa al respecto. Las leyes permiten, en circunstancias específicas, el desarrollo de tareas de apoyo logístico por parte del instrumento militar. A ello debe limitarse la contribución de las Fuerzas Armadas. Cualquier proyección operativa más allá de estos límites generará un indeseable proceso de desprofesionalización.

 

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