Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú y la estrategia en seguridad formó parte de los últimos meses de campaña.
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Seguridad: el eje central del debate presidencial en Perú 2026
En 2025, Perú registró su año más violento con 2.213 homicidios, lo que supone un promedio de 6,07 muertes violentas por día. El año anterior se registraron 2.083 casos, y en 2023 la cifra fue de 1.511, lo que implica un aceleramiento de la violencia criminal en las ciudades de Lima y Callao.
En ese sentido, el debate presidencial de cara a las elecciones de 2026 en Perú tuvo como uno de sus ejes principales la seguridad ciudadana, en un contexto marcado por el crecimiento del crimen organizado, el sicariato y la extorsión.
Durante la tercera jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más de una decena de candidatos habían presentado sus propuestas para enfrentar la delincuencia, con énfasis en políticas de control, reformas institucionales y endurecimiento de penas.
Las exposiciones evidenciaron un consenso general sobre la gravedad de la crisis de seguridad, aunque con diferencias en los métodos para combatirla.
Keiko Fujimori y la apuesta por la “mano dura”
Una de las posturas más contundentes fue la de Keiko Fujimori, quien reafirmó su enfoque de “mano dura” contra la criminalidad.
La candidata propuso endurecer las acciones del Estado frente al delito, con mayor respaldo a las fuerzas de seguridad y políticas más estrictas contra el crimen organizado. Su línea se identifica con un discurso de autoridad y control frente a la violencia creciente en el país.
“Hoy nuestro país vive al revés: los ciudadanos de bien están con miedo en sus casas, tras las rejas, mientras los delincuentes están en las calles, y bien, gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra la delincuencia”, dijo Fujimori en su exposición.
En su plan de gobierno, Fujimori propone programas sociales para niños y adolescentes en zonas de alta vulnerabilidad juvenil, así como mayor inversión en cámaras, iluminación, equipamiento y recursos para el patrullaje de las calles.
Además, promete impulsar una reforma integral del sistema de justicia, la ampliación de la infraestructura carcelaria, y la integración de las fuerzas armadas en la seguridad interior y en un penal de jóvenes infractores.
Su meta para el 2031 es reducir en 20% la tasa nacional de homicidios mediante patrullaje integrado, prevención juvenil y recuperación de espacios públicos.
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¿Cuál es la propuesta de seguridad de Roberto Sánchez para Perú?
La seguridad se convirtió en uno de los principales temas de la campaña presidencial en Perú. De cara a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, Roberto Sánchez presentó un plan centrado en la reforma institucional, el fortalecimiento de la inteligencia criminal y la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.
A diferencia de las propuestas basadas en el endurecimiento de penas o una mayor participación militar en tareas de seguridad interna, Sánchez sostiene que el combate contra el crimen organizado requiere mejorar las capacidades de investigación del Estado y recuperar la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Uno de los principales ejes de su programa es la depuración de la Policía Nacional del Perú (PNP). El candidato plantea identificar y expulsar a los efectivos vinculados con hechos de corrupción o actividades ilícitas, además de revisar los mecanismos de ascenso y profesionalización dentro de la institución.
Otra de sus propuestas más destacadas es la creación de una Policía de Investigaciones especializada en inteligencia criminal. El objetivo sería contar con una fuerza dedicada a desarticular redes de extorsión, sicariato, narcotráfico y crimen organizado mediante tareas de investigación y análisis estratégico.
A esta nueva fuerza se le sumaría una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito destinada a rastrear operaciones de lavado de dinero, financiamiento ilícito, estafas digitales y actividades vinculadas al crimen organizado en entornos virtuales.
