El pasado viernes 31 de julio, Oleoductos del Valle (Oldelval) notificó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un “hecho relevante” que sus sistemas informáticos administrativos habían sufrido un ciberataque. Ante este incidente, surgen dudas acerca de la seguridad de la infraestructura energética en Argentina.
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Qué dijo Oldelval sobre el ciberataque
La compañía, controlada en un 37% por YPF e integrada por gigantes como ExxonMobil, Chevron, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía, administra más de 1.700 kilómetros de ductos por los que transita alrededor del 90% del petróleo producido en Vaca Muerta.
Aunque Oldelval confirmó que el incidente fue “100% controlado” mediante la activación de sus protocolos de contención y que el transporte de crudo hacia refinerías y terminales de exportación operó sin interrupciones, el episodio encendió las alarmas en el sector energético nacional en pleno despliegue de proyectos de expansión como Duplicar Norte.
El ataque a Oldelval evoca antecedentes globales de alto impacto, como el ciberataque de 2021 contra Colonial Pipeline en EE. UU., que paralizó el suministro de combustible en la costa este y obligó al pago de un rescate millonario.
Quiénes están detrás: la amenaza de The Gentlemen y el modelo RaaS
La hipótesis principal sobre la autoría del ataque apunta a The Gentlemen, una amenaza emergente analizada por Microsoft Threat Intelligence (identificada bajo el actor de amenaza Storm-2697).
The Gentlemen es un grupo criminal que opera bajo el modelo de RaaS (Ransomware as a Service), una modalidad en la que los desarrolladores de la herramienta extorsiva la alquilan a “afiliados” a cambio de una tajada de los rescates cobrados. A penas semanas antes del caso argentino, este mismo grupo atacó a la petrolera colombiana Ecopetrol, comprometiendo miles de cuentas y datos en la nube.

De acuerdo con el análisis técnico publicado por Microsoft, The Gentlemen destaca por sus características técnicas avanzadas:
- Desarrollado en Go y con autopropagación: Escrito en lenguaje Go y ofuscado mediante Garble, el software combina una encriptación rápida con capacidades agresivas de propagación lateral por la red infectada.
- Cifrado híbrido y de alta velocidad: Utiliza claves efímeras Curve25519 con el cifrado de flujo XChaCha20. Además, permite a los atacantes definir la velocidad del cifrado (–fast, –superfast, –ultrafast) para encriptar fragmentos estratégicos de archivos grandes en segundos.
- Evasión de defensas: Al ejecutarse, desactiva activamente Microsoft Defender, borra copias de sombra del sistema (Volume Shadow Copies), elimina registros de eventos de Windows y borra historiales de PowerShell para eliminar evidencias forenses.
- Tácticas de doble extorsión: No solo cifra los archivos de la víctima, sino que extrae información confidencial para amenazar con su filtración pública si no se efectúa el pago del rescate.
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Infraestructuras críticas en Argentina: el vacío normativo que expone al país
El ataque a Oldelval vuelve a poner sobre la mesa una discusión pendiente en la agenda pública: la protección de la Infraestructura Crítica de Información (ICI) en Argentina.
Consultada por DEF, la especialista en ciberseguridad y docente universitaria (FASTA, CETyS y UTN), Marcela Pallero, analizó el contexto normativo local y las deudas del Estado en la materia:
“En Argentina existe la Resolución 1523/2019, que establece definiciones generales y delimita sectores de infraestructuras críticas. Sin embargo, es un marco bastante genérico que no brinda un listado detallado ni especifica qué empresas concretas integran cada sector”.
La especialista señala que precisar qué empresas operan servicios esenciales requiere un trabajo interdisciplinario que se inició en su momento, pero del cual no existen actualizaciones públicas sobre su estado de avance.

De forma similar, el Comité Nacional de Ciberseguridad (CNC) se reunió de manera esporádica, pero carece de informes públicos periódicos acerca de sus resoluciones o avances.
“En esa línea, el Estado debería promover la definición de los servicios esenciales y los operadores (que son las últimas empresas) que los operan y exigir requisitos de Ciberseguridad e intercambio de información de amenazas. Podría hacerlo desde El CNC, el Centro Nacional o establecer autoridad en un organismo del sector. Sin embargo, para obligar a privados se requiere una ley que hoy no existe”, concluyó Marcela Pallero.
El caso Oldelval demostró que los protocolos de contingencia de la empresa funcionaron para evitar el desabastecimiento energético. Sin embargo, en un contexto global donde los ciberdelincuentes perfeccionan sus vectores de ataque contra activos estratégicos, la falta de un marco regulatorio sólido en Argentina deja a los sectores clave expuestos a futuras amenazas de ciberseguridad.




