El gobierno del recientemente proclamado presidente de Chile, José Antonio Kast, inició un operativo de expulsión masiva de inmigrantes en situación irregular. El mismo comenzó con vuelos y traslados por colectivo, y se enmarca dentro de una política de endurecimiento del control inmigratorio con el objetivo de reducir los ingresos no autorizados al país.
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La medida fue anunciada en cadena nacional y se enmarca en un contexto regional de presiones inmigratorias sostenidas y presencia de redes vinculadas al crimen transnacional que llevaron al nuevo gobierno conservador a adoptar medidas excepcionales con despliegue militar, infraestructura física y tecnología de vigilancia avanzada en la frontera norte.
Chile y su política inmigratoria de “mano dura”
El presidente Kast anunció la puesta en marcha del “Plan Escudo Fronterizo”, una de sus principales propuestas de campaña. La iniciativa propone tres objetivos clave: convertir al ingreso irregular en delito, reducir de manera significativa los cruces ilegales y fortalecer la vigilancia en puntos sensibles.
Según mencionó el mandatario, Chile acumuló más de 300 mil extranjeros sin regularizar su situación inmigratoria, y el propósito del plan es revertir ese escenario de manera sistemática.
Durante la primera jornada del operativo, se contempló la expulsión de 40 ciudadanos en situación irregular, varios de ellos con vinculaciones al crimen organizado. Los destinos incluyen Colombia y Ecuador, entre otros países.
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Las autoridades chilenas señalaron que las primeras semanas de aplicación del plan ya registran una reducción en los ingresos irregulares. La estrategia combina infraestructura física en los pasos fronterizos, vigilancia tecnológica con drones y cámaras térmicas, y el cierre de pasos clandestinos mediante presencia armada y monitoreo permanente.
El Plan Escudo Fronterizo de Kast
El plan establece un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad en el norte del país, una zona históricamente sensible por los flujos migratorios provenientes del continente. Las fuerzas desplegadas realizan patrullajes motorizados permanentes, vigilancia aérea y operativos en puntos críticos identificados por inteligencia.
La estrategia contempla también el uso de vehículos blindados ligeros y sistemas de cámaras térmicas para garantizar vigilancia continua durante las 24 horas. Los pasos clandestinos son identificados y cerrados mediante presencia armada y monitoreo constante, con capacidad de rechazo inmediato en frontera ante intentos de ingreso irregular.
Las autoridades aplican criterios diferenciados para población vulnerable, con atención específica a menores de edad, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores, en línea con la normativa vigente. El gobierno sostiene que el plan no solo apunta al control inmigratorio sino también a desarticular las redes de tráfico de personas que operan en la zona.
